Las dos caras del conflicto

La objetividad, la imparcialidad, lo que se ha denominado ‘el ojo de Dios’, no existe en un sentido absoluto. No obstante, de la misma manera en que anhelamos la paz mundial y el amor entre los seres humanos, sabiendo que en la práctica son irrealizables, la objetividad es un ideal al que se debe aspirar.

A menudo las personas con puntos de vistas divergentes y conflictivos dialogan y comprenden los puntos de la posición contraria. Esto se denomina ‘pensamiento dialógico’. En cambio, hay personas que cuando hablan de algunos temas específicos, se les ‘nubla el intelecto’, en cuanto sus pasiones se apoderan del proceso cognitivo. A estas personas a menudo se les tilda de ‘fanáticos’.

En mis conversaciones con académicos y estudiantes graduados en la Universidad de Puerto Rico (UPR) Recinto de Río Piedras, he captado dos perspectivas principales en torno al paro estudiantil actual y por qué ocurre. Con el fin de adelantar en algo el entendimiento entre ambas visiones, intentaré presentarlas lo más imparcial y caritativamente posible. Para minimizar mi sesgo, las identificaré como las caras I y II.

Cara I: “El paro es legítimo”

En la cara I los actuales recortes que confronta la UPR son un intento por silenciar uno de los restantes puntos de resistencia en contra del anexionismo. Lo mismo se intentó, bajo la administración de Luis Fortuño, con el Colegio de Abogados. Ante fuerzas económicas y políticas que, a través de las pasadas décadas, han intentado debilitar y aniquilar nuestra identidad nacional, lo que somos como pueblo, es necesario reaccionar y defender nuestros valores, tradiciones, historia y, sobre todo el vernáculo, que nos diferencia de los norteamericanos. Si caducamos en esta lucha, desaparecemos como pueblo, como nación y pasaremos a integrarnos a otra manera de pensar, a otros valores y, sobre todo, a otro lenguaje. Nuestra puertorriqueñidad peligra. ¡Que no nos ocurra lo mismo que a los nativos hawaianos y de Alaska!

Esta cara admite que Puerto Rico confronta unos problemas económicos, resultados de un partido colonialista y otro asimilista que nos han gobernado por sobre seis décadas. Es cierto que Puerto Rico tiene unas obligaciones financieras, resultado de unos préstamos que tomaron unos políticos irresponsables, pero esto no debe implicar que, a costa del pago de estas deudas, se deba empobrecer la vida de los boricuas. Lo que se denomina como legal dentro del actual sistema capitalista, resulta inmoral cuando se ubica el elemento humano por encima del estrictamente financiero.

Además, no es justo que individuos, muchos extranjeros, se hayan aprovechado comprando bonos a precios muy bajos con el fin de especular e enriquecerse a costa del bienestar del pueblo puertorriqueño. Por tanto, se debe resistir este intento por lucrarse a costa de la educación, la salud y otros servicios esenciales a los que nuestro pueblo tiene derecho.

La Junta de Control Fiscal (JCF) no fue elegida por el electorado local, representa exclusivamente los intereses de los bonistas y debe ser rechazada. Esta imposición es típica de las colonias que son usadas por sus metrópolis. Esto es un asunto que involucra las violaciones de los derechos humanos. En cuanto no luchemos, su impacto será más fuerte. Después de todo, los grandes retos no se han alcanzado con la resignación sino con la indignación, la resistencia y la concienciación.

Por ejemplo, la homofobia sería aún mayor si muchas personas no hubieran alzado su voz exigiendo el respeto de su dignidad. Si se hubiesen quedado callados y acobardados antes las burlas y violaciones a sus derechos probablemente no hubieran cambiado en el público la conciencia de que esta conducta es incorrecta. Por lo tanto, es nuestra obligación defender nuestra educación superior pública, uno de los patrimonios más sagrados de nuestra historia moderna, mediante paros, marchas y huelgas. Solo así le dejaremos saber a la JCF y al gobierno anexionista en el poder que el pueblo boricua no está dispuesto a renunciar ni a su identidad ni a su derecho a la calidad de vida.

Por último, el paro fue debidamente establecido mediante un proceso democrático, razón por la cual el cuestionamiento a su legitimidad es improcedente. El voto a favor del paro y la huelga fue sustancialmente superior al de los que se opusieron. Además, sobre los que no asistieron a la asamblea, hay un dicho que establece que el que calla, otorga. Por ende, era responsabilidad de todo estudiante asistir a esta asamblea, expresar su voz y su voto.

Cara II: “El paro no se justifica”

En la cara II Puerto Rico confronta unos serios problemas económicos debido a que hemos intentado vivir por encima de nuestra capacidad financiera. No obstante, esas deudas se deben y se tienen que pagar. En primer lugar, es lo moralmente correcto pues cuando a uno le prestan, uno contrae la obligación de retribuir. Es un asunto de ‘dar su palabra’, uno de los principios éticos más valiosos de nuestra cultura.

En segundo lugar, negarse a pagar sería el suicidio colectivo, pues, independientemente de que nos convirtamos en nación, estado o sigamos en la condición política actual, es imperativo tener acceso a los mercados de préstamos. Si rehusamos pagar, no podemos creer que en el futuro nos prestarán. Todos los países del mundo hacen sus obras nuevas mediante financiamiento y, en el caso de que Puerto Rico no cumpla, estaría en una situación económica sumamente precaria en los próximos años.

No existe una ‘identidad puertorriqueña’ dada o absoluta, como parecen asumir los de la perspectiva I. La identidad es una construcción que se debe a contingencias: somos lo que somos debido a accidentes históricos. Para ejemplificar esta deconstrucción, si en vez de Colón, hubiese llegado a esta isla un explorador del norte de África, que a su vez hubiera impuesto su cultura sobre los taínos, y, posteriormente, transportado a nativos europeos en contra de su voluntad, como esclavos, estaríamos todos hablando arábico, defendiéndolo del inglés y rezando cinco veces al día mirando a la Meca. ‘Mejorar la raza’ se habría entendido como casarse y procrear con una persona de piel más oscura. Incluso, seríamos polígamos y no se hablaría mucho de los derechos de la mujer y menos de la comunidad LGBTQ.

Igualmente, si los barcos españoles en el siglo 16, que respectivamente trajeron las habichuelas coloradas a Puerto Rico, y los frijoles negros a Cuba, se hubiesen accidentalmente intercambiando, por un error de un burócrata español, hablaríamos aquí de ‘ganarse los frijoles’ y no de ‘ganarse las habichuelas’. Por tanto, este supuesto de que ‘ser boricua’ es algo dado, es algo manifiesto y estático, que se debe defender como algo sagrado, supone asumir una perspectiva cuasi religiosa, absolutista ante los accidentes históricos.

La defensa de la universidad pública como la suprema causa es injustificada. En primer lugar, todos los servicios que recibe el pueblo son igualmente importantes: la salud, la seguridad (la Policía), la educación pública pre-universitaria, los servicios sociales, entre otros, todos son valiosos. ¿Por qué se le debe de privar a la UPR de recortes que el resto de las agencias gubernamentales habrán de sufrir? ¿Es posible que se deba a que simplemente todo el mundo ‘defiende su territorio’? ¿Es probable que muchos de los intelectuales que argumentan en los medios y escriben en la prensa reciben su salario de la educación superior pública y por esto hay que defenderla?

Además, ¿por qué privilegiar al por ciento de estudiantes que asisten a la UPR y no ayudar a los miles de jóvenes universitarios que son excluidos (por promedios) de esta institución y son forzados a ir a instituciones privadas donde pagan mucho más? ¿Quién los defiende a ellos? Recordemos que la UPR no funciona como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es de admisión abierta y les garantiza a todos sus ciudadanos la entrada. En la UPR hay filtros académicos que, en la práctica, tienden a favorecer a los estudiantes que vienen de hogares con padres educados quienes, a menudo, envían a sus hijos a instituciones privadas. Por tanto, ¿por qué el País debe darle un trato especial, mediante matrículas reducidas, a quienes son los elegidos y matrículas caras a los que son excluidos del sistema público superior?

Por último, es cierto que la JCF no ha sido elegida de manera democrática, pero, ¿no fueron los mismos políticos que nos metieron en este lío, precisamente, los elegidos democráticamente por nosotros? Se puede argüir que el principio de ser elegido democráticamente debe estar condicionado a uno más importante: el de llevar a cabo las acciones necesarias a favor del bienestar social. Además, en términos prácticos, ante la situación de crisis en la que estamos, ¿podrán los políticos, que estarán más pendientes a salir en las próximas elecciones, tomar las decisiones necesarias para salir de este apuro?

En cuanto a la decisión de paralizar el recinto, es injusto que no se tome en cuenta el sentir de los estudiantes nocturnos, los que trabajan a tiempo completo y no pueden asistir a estas largas sesiones de la asamblea estudiantil en la que se discuten asuntos tan importantes como los paros y las huelgas. Esto es excluirlos y marginalizarlos.

Además, ¿por qué usamos un sistema del siglo 18, de gritar y votar públicamente en un local, en un ambiente intimidante para los que no son de izquierda, cuando existe el medio para garantizar uno de los pilares de nuestro sistema democrático, el voto secreto, sobre todo cuando confrontamos asuntos tan neurálgicos como los paros y huelgas? En conclusión, no es justo excluir a sobre un 80% de los estudiantes, que por diversas razones, no pudieron (o temieron) asistir a la asamblea.

¿Se podrá lograr que estas dos caras lleguen a un entendimiento, a una resolución final del conflicto? Habrá algunos aspectos menores en que se puedan hacer adelantos. Por otra parte, en lo sustantivo, temo que continuaremos en conflicto: De principi, non est dispuntadum. Opino que hay supuestos entre estas dos caras que las hace irreconciliables.