La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) lamentó que el presidente interino de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Darrel Hillman, favorezca la reforma propuesta para el Departamento de Educación –que, entre otros asuntos, viabiliza la administración privada de escuelas públicas bajo el modelo de escuelas charter– sin considerar a los expertos en educación con los que cuenta la institución.
La asociación criticó igualmente, en una carta enviada esta semana a Hillman, que su postura no mostrara evidencia de cómo este modelo escolar ha funcionado en otras jurisdicciones –y los resultados contradictorios que han dejado–.
“En los Estados Unidos, las charters tienen un historial nefasto: promueven la exclusión de sectores de la población –en particular a estudiantes negros, inmigrantes y pobres– con el objetivo de asegurar una excelencia que les allegue más fondos estatales [al ente que las administre]”, reza la carta de la APPU. El colectivo de profesores agregó que en Chile “la educación privatizada bajó su calidad de tal manera que las protestas de estudiantes de escuela superior llevaron a que el Estado retomara las escuelas públicas para garantizar la calidad de la enseñanza”.
Bajo el proyecto del Senado 0825 (PS 0825), presentado por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares en febrero, las escuelas públicas podrían ser administradas por entidades privadas, organizaciones sin fines de lucro, instituciones educativas o municipios. Los planteles así administrados pasarían a llamarse “Escuelas Alianzas”. A juicio de la APPU, con el proyecto de ley se justifica un “proceso de externalización” de la administración pública de las escuelas bajo la premisa de que se mejorará la calidad académica.
“Entendemos que esta propuesta no garantiza que se cumpla con ese objetivo [de mejorar la calidad académica], y podría atentar contra el derecho a la educación en nuestro país”, afirmó la asociación.
Por ejemplo, indicó, este modelo ha requerido en otras jurisdicciones que el alumno pague por matrícula y servicios adicionales, lo que podría perjudicar a estudiantes socioeconómicamente desventajados a una educación, garantizada por la Constitución de Puerto Rico.
“Nos parece que sus expresiones de apoyo a este proyecto de ley parecen haber sido precipitadas y sin tomar en cuenta la experiencia y hallazgos de investigaciones académicas realizadas por prestigiosas universidades norteamericanas y de otros lugares en el mundo donde los premisas de mejoramiento académico e inclusión estudiantil propuestas por [el modelo de escuelas charter] han fallado”, agregó el colectivo en referencia a Hillman.
La UPR no tiene escuelas charter
La APPU aprovechó la misiva que para clarificar que las escuelas que actualmente administra la UPR no son bajo el modelo propuesto en el PS 0825, por lo que es incorrecto plantear que la universidad de Estado ya está familiarizado con este tipo de organigrama.
Hillman expresó poco después del anuncio de la reforma educativa que esta “nos permitirá extender la excelencia educativa de la UPR a las escuelas públicas. Nuestras escuelas laboratorios siempre se han distinguido por la alta calidad de sus ofrecimientos, y esto es una oportunidad para ampliar este programa para impactar a aún más niños y jóvenes puertorriqueños”.
“Usted ha propuesto que la UPR administre Escuelas Alianzas, citando la experiencia de las escuelas laboratorio. Estas escuelas son públicas, adscritas a la universidad” y no a un ente privado, explicó la asociación.
Si con el PS 0825 la UPR pretende ampliar su cartera de escuelas laboratorios, esto “conlleva un aumento de la inversión pública para proveer las mismas condiciones que las han hecho exitosas. Las escuelas laboratorio son departamentos de la Facultad de Educación del Recinto de Río Piedras y, como tal, sus educadores son profesores universitarios con la más alta preparación académica. Sus procesos de evaluación docente se rigen por la normativa y reglamentación de la UPR, así como sus condiciones laborales y su participación en nuestro sistema de retiro”, añadió la APPU.
Ninguno de esos estándares de evaluación docente y beneficios para maestros estarían necesariamente garantizados bajo las charter.
“Como parte integral de la cultura universitaria, en estas escuelas laboratorio existe libertad de cátedra, los profesores diseñan el currículo, se democratiza la toma de decisiones académicas, la educación es laica y no sectaria, y se promueve la libertad de expresión y el respeto por la diversidad de visiones” sumó el colectivo.
