A pesar de la pérdida que podría generar al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, la Legislatura insistió hoy en legalizar las máquinas tragamonedas fuera de los casinos en la reforma contributiva para ayudar a los municipios e incluso sugirió destinar un por ciento del recaudo a la aportación que hacen al Sistema de Salud.
La Legislatura evalúa la legalización de las máquinas tragamonedas fuera de los casinos como medida para brindar recaudos a los municipios y poder derogar el impuesto al inventario como lo solicita el sector empresarial del país.
No obstante, un estudio de Spectrum Gaming Group solicitado por la Compañía de Turismo, evaluó el impacto de legalizar 30,000 tragamonedas fuera de los casinos y concluyó que la reducción en los ingresos de casinos rondaría entre $149 millones y $195 millones.
Esto se traduce en pérdidas para la UPR (que también recibe ingresos mediante esta vía) de hasta $35.4 millones anualmente en momentos en que sufrirá recortes en el subsidio gubernamental.
La Legislatura desconoce todavía cuánto ingreso podría producir la legalización de las tragamonedas pero la Compañía de Turismo estima que podría ser entre $70 millones y $160 millones.
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz también indicó que eventualmente podría aprobarse legislación para transformar la estructura y operación del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) para que los municipios se hagan cargo del mismo.
“¿Hacia dónde se movería la estructura del CRIM? Hacia los pueblos para que el gobierno municipal tenga la oportunidad de hacer, cobrar y de gestionar directamente y no entre en un aparato burocrático que diluye su esfuerzo y premia la ineficiencia. No importa la gestión que hagan ciertos gobiernos municipales van a seguir haciendo lo mismo y eso no te incentiva”, reveló el presidente senatorial a preguntas de la prensa.
“No es desaparecer el CRIM. Se trata de darle facultad a los gobiernos municipales para que la gestión de cobro y efectiva para lograr el recaudo les resulte beneficiosa mientras más activo sea el gobierno”, señaló.
Sus comentarios los hizo luego de reunirse con 41 alcaldes novoprogresistas y populares para discutir propuestas sobre temas que impactan a los municipios. Algunos de los temas discutidos fueron: gobierno municipal, administración, finanzas, desarrollo económico, planificación y ordenamiento territorial.
Rivera Schatz aseguró que la inmensa mayoría de los gobiernos municipales cuentan con la estructura para atender el CRIM y los que no lo tienen pueden entablar acuerdos colaborativos con municipios vecinos para que los ayuden.
Con esta propuesta el presidente senatorial pretende que los municipios tengan los recaudos “y la capacidad de moverse con rapidez y diligencia”.
El alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, quien hizo una presentación de desarrollo económico, opinó que el CRIM “es la única estructura que tenemos que hay que defender y mejorar” por lo que aseguró que se debe maximizar su operación.
“Las soluciones tienen que ser puntual…tenemos que buscar para el 2020 por lo menos $150 millones en recaudos para equiparar”, opinó García Padilla quien dijo que la situación de los municipios es “bien crítica” ya que para los próximos cinco años los municipios dejarían de recibir $220 millones.
A estas palabras se unió el alcalde de Maunabo, Jorge Márquez Pérez, quien urgió a la Legislatura a que se cambie la ley que dio paso al CRIM. “Basado en la realidad económica de nuestro País es momento de que el CRIM se transforme”, alegó.
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