La intervención militar en Libia obliga a analizar la llamada doctrina R2P -responsabilidad de proteger-, que defiende acciones militares con objetivos humanitarios.
La preocupación en torno a este tipo de intervenciones reside en que éstas pueden ser utilizadas para encubrir injerencias injustificadas en los asuntos internos de Estados soberanos.
Actuar militarmente de manera unilateral con la excusa de proteger -como hicieron Estados Unidos, Reino Unido y Francia en Irak al establecer una zona de exclusión aérea en 1991 en el norte y otra en 1992 en el sur (que no supusieron ni mucho menos el fin de Sadam Hussein, como todos sabemos)- puede dar argumentos a otros países para hacer lo mismo.
Y eso incluye la posibilidad de que un país al que la comunidad internacional occidental considere enemigo impulse acciones militares contra otro, con el argumento de que ese otro está violando derechos humanos o cometiendo crímenes de guerra. ¿Aceptaríamos en ese caso la legitimidad de la operación? Probablemente no.
Pongamos por caso un ejemplo diferente, en el que se busca consenso a través de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, como acaba de ocurrir ante los acontecimientos en Libia.
El Consejo de Seguridad de la ONU está formado por cinco miembros permanentes y diez temporales. Es a ellos a los que se llama comunidad internacional, a pesar de que no constituyen un gobierno mundial representado por todo el planeta.
Los miembros permanentes del Consejo tienen derecho a veto y son Reino Unido, Estados Unidos, Francia, China y Rusia.
Ellos actúan como gendarmes, deciden a quién se ataca, a quién no, a quién se le saca tarjeta amarilla, a quién roja. Ejercen de árbitros.
El Consejo de Seguridad impone sanciones o el uso de la fuerza en unos casos sí, en otros no. Ese doble rasero en sus decisiones demuestra que el criterio de legalidad y el de legitimidad no siempre van de la mano.
No hay igualdad ante la ley y no existen unos criterios generalizados para su aplicación. Del mismo modo, hay resoluciones que se cumplen y sin embargo otras que son papel mojado, como buena parte de las referidas a Israel.
Los Estados defensores de la intervención en Libia como acción con fines altruistas tienen ante sí un momento idóneo para demostrar coherencia.
Bastaría con que todos se integraran en la Corte Penal Internacional, ampliaran el Consejo de Seguridad y desarrollaran mecanismos que les obligaran a un nuevo orden internacional sin más invasiones ilegales, ocupaciones, explotaciones o injerencias, y sin más apoyos a dictadores como Gadaffi, al que vendíamos armas, con el que manteníamos negocios y con el que acabábamos de renovar acuerdos en materia de migración (véase el firmado el pasado octubre entre la UE y Libia, para que éste mantuviera la externalización de nuestras fronteras).
Para ello tendrían que detener la venta de armas a países que violan los derechos humanos, establecer un único criterio para impulsar actuaciones militares, y, en caso de intervención, no deberían imponer sus intereses por encima de los de la población local.
De lo contrario, la presunta buena voluntad de intervenir militarmente en Libia con el único objetivo de proteger a civiles resultará a la larga poco creíble.
Al igual que en la Edad Media las potencias actuaban para evangelizar y en el siglo XIX para civilizar, ahora actúan para proteger, liberar o democratizar. Suena muy bien, siempre y cuando fuera cierto para todos y cada uno de los casos de intervención militar.
Si los dobles raseros se perpetúan será difícil que estas grandes potencias mantengan su credibilidad a flote.
Pero de momento, en este orden internacional actual, el poderío militar y el nivel de riqueza determinan la capacidad de decisión e influencia, otorgan el monopolio de la moral y conceden el goce de la inmunidad.
Son desequilibrios de poder en un mundo de desigualdades que perpetúa los privilegios de unos y el desamparo de muchos.
*Lea el original en el portal Periodismo Humano
