El Banco Gubernamental de Fomento (BGF) está en estado de insolvencia –incapaz de pagar su deuda–. Pero, ¿será posible un Puerto Rico sin el banco del gobierno? Los economistas Heriberto Martínez y Antonio Rosado coincidieron en que sí: posible, viable y conveniente. Martínez, fue aún más lejos y aseguró que, de liquidar el BGF y, por consiguiente, la Autoridad de Carreteras y Transportación, la deuda pública del país —que ronda los $70,000 millones— se reduciría hasta un 15%.
Actualmente, el BGF tiene una deuda que se aproxima a los $4,000 millones. Esta cantidad es equivalente al 7% de la deuda total de Puerto Rico. Ya el BGF se ha declarado insolvente. Este panorama se complicó con las sendas degradaciones que hicieran las agencias acreditadoras Moody’s y Standard & Poor’s, al colocar a nivel chatarra la clasificación de crédito del BGF, llevándolo a la posición insalvable en la que se encuentra.
“El Banco Gubernamental de Fomento hay que cerrarlo porque no cumple con su propósito de financiar proyectos importantes. Lo que se ha convertido, desde la administración de Luis Fortuño para acá, es en un prestamista para municipios que se quedaban cortos en el déficit y no tenía fuentes de repago”, sentenció Martínez.
Por su parte, Rosado aseguró que al “banco lo han quebrado. Por un lado, le prestó $2,200 millones a la Autoridad de Carreteras. Le quitaron $1,000 millones para el programa de las Comunidades Especiales. Estamos hablando de que por todos lados han usurpado la capacidad del banco de ser un ente de desarrollo económico”.
“En la práctica, el banco fue un instrumento de política. El banco lo administraron mal y obviamente el resultado ha sido terrible”, afirmó Rosado, quien ha fungido como asesor económico del gobierno.
En desuso el mecanismo para liquidar al BGF
En abril pasado, la Legislatura aprobó el Proyecto del Senado 1591 (Ley Número 21 de 2016) conocido como la “Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico”, que contempla tres aspectos fundamentales: la prórroga, las funciones de un síndico al BGF y la creación de un Banco Puente, que es un banco público.
Por esta nueva ley, Martínez entiende que el gobierno tiene los mecanismos suficientes para liquidar el BGF y liberar el peso de la deuda de Puerto Rico.
“Primero, hay que ponerle un síndico al banco para liquidarlo. Segundo, hacer una contabilidad de cuáles son los activos convertibles —activos que no estén pignorados para alguna otra deuda—. Esos activos convertibles, se van a vender, se van a hacer líquidos y se va a pagar la deuda del Banco Gubernamental de Fomento, para luego pagar a través de lo que se conoce como estrategia entry point –pagar a los bonistas, o acreedores, de acuerdo al valor de compra del bono y no al valor que dice el certificado–”, explicó Martínez, quien es asesor económico en la Legislatura.
“De esta manera, liquidamos el Banco Gubernamental de Fomento, liberamos el peso de la deuda de Puerto Rico y esos depósitos que no sean convertibles –dinero de los municipios y de algunas agencias que están ahí depositados– entonces pasarían al Banco Puente, que sigue siendo un banco público, pero a diferencia del Banco Gubernamental de Fomento, la ley no los capacita para hacer un agente fiscal y financiero del gobierno. El Banco Puente solo sería un banco para depósitos y no para financiamientos”, continuó.
En cuanto a estrategias para combatir la insolvencia del BGF, Rosado declaró que por años ha tratado de convencer al gobierno de convertir el banco gubernamental en uno comercial con el seguro de la Federal Deposit Insurance Corporation [La Corporación Federal de Seguro de Depósitos], pero la respuesta ha sido nula.
“La razón para eso tiene dos vertientes. Una parte, que los obligaba a tener cierta cordura administrativa, por ejemplo, los $2,200 millones que le prestaron a la Autoridad de Carreteras no lo pueden hacer bajo el concepto de banco comercial porque hay unas reglas de cuándo se le puede prestar a un cliente. La otra parte importante, es que los depositantes tendrían un seguro donde reclamar en caso de pérdidas y le da un acceso a un mercado nacional de depósito de casas de corretaje”, detalló Rosado.
Para Rosado, la liquidez del BGF no traería un impacto fundamental a la economía de Puerto Rico, “salvo las pérdidas que pueden tener los municipios o las otras entidades que depositaron dinero en la entidad”, expuso.
Un banco de fomento que no fomentó
Según Rosado, el BGF, creado en 1942, se utilizó como un instrumento de desarrollo económico a principios de la administración de Luis Muñoz Marín. Básicamente, la institución utilizaba recursos de inversión y formación de capital para la infraestructura de Puerto Rico. Además, tenía la función de ser el agente fiscal del gobierno de Puerto Rico para las emisiones de bono en el mercado internacional.
Hoy, según Rosado, la importancia que tuvo el BGF como agente pagador, ya desapareció. También terminó las función de asesor de gobierno, pues la nueva Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal posee dichas facultades. Y la tarea de asesoramiento de emisiones de bonos tampoco continuará.
“La función más importante, al final, fue que se convirtió en la fuente de financiamiento de las operaciones del gobierno de Puerto Rico y de las corporaciones públicas. Eso, obviamente, no encaja de lleno en un banco de esa naturaleza”, expresó Rosado.
En este tema, Martínez recordó que el último préstamo fuerte que se hizo en el BGF fue de $2,000 millones a la Autoridad de Carreteras.
Sin embargo, “la Autoridad de Carreteras no podía pagarlo, entonces esa fue la famosa transacción de 2013 que quedó fallida para la cual se aprobó un contra impuesto al petróleo. La Autoridad de Carreteras iba a hacer esa emisión, la fuente de repago iba a ser lo que se conoce como la ‘crudita dos’ y con esos $2,000 millones se los iban a pagar al Banco Gubernamental de Fomento para que tuviera dinero para operar. Esa transacción se cae en el 2013”, evocó Martínez.
Por esta razón, Martínez propuso liquidar también la Autoridad de Carreteras y Transportación teniendo cuidado con los empleados porque ellos no tienen por qué pagar las consecuencias de las “malas decisiones administrativas”.
“La Autoridad de Carreteras representa cerca de $8,000 millones en deuda. Entre las dos deudas [la del BGF y carreteras] estamos hablando de 15% de la deuda de Puerto Rico. Ahora mismo, si la deuda de Puerto Rico es el 102% de nuestro Producto Nacional Bruto (PNB), por liquidar estas dos corporaciones públicas y su deuda, nosotros estaríamos volviendo a niveles por debajo del 90% y eso es una posición mucho más efectiva al momento de buscar resolver la crisis de sobreendeudamiento que tiene Puerto Rico”, propuso.
Empero a estas recomendaciones, que también se le han hecho llegar al gobierno, la administración de Alejandro García Padilla ha expresado la negación de liquidar el BGF.
“Si en tu propia administración creaste el nuevo agente fiscal y creaste el banco puente, ¿para qué entonces queremos el Banco Gubernamental de Fomento? Eso lo que hace es fomentar la duplicidad. En el gobierno hay muchos intereses que han evitado que se tomen este tipo de decisiones contundentes”, expresó Martínez, quien también forma parte del equipo de trabajo de la Asociación Puertorriqueña de Economía Política.
¿Y si los fondos van a manos privadas?
Ya que el BGF está quebrado y el gobierno no tiene interés en liquidarlo, qué beneficios o desventajas traería que los fondos vayan a manos de la banca privada.
“No hay ningún problema que estén en manos privadas porque obviamente el sector privado bancario en Puerto Rico es muy eficiente y tiene capacidad para absorber las operaciones que tiene el banco sin ninguna dificultad”, dijo Rosado.
No obstante, Martínez no concordó con esta alternativa, pues asegura que si la banca vuelve a atravesar una crisis como la de 2008, sería contraproducente para el gobierno.
“¿Cuál es el gran problema de eliminar el Banco Gubernamental de Fomento? Que la banca privada está pasando, desde el 2008, por procesos de mucha debilidad, y ¿qué ocurre? Que al estar sometido a los vaivenes financieros internacionales, ese dinero público del gobierno que estuviera depositado en la banca privada pudiera encontrarse en riesgo permanente. ¿Y cuál es el problema? Que si tenemos otra crisis como la del 2008, nos vamos a encontrar con la situación de que vamos a tener que meter dinero público para rescatar la banca privada porque tiene depósitos públicos. Eso para mí, no procede”, informó Martínez.
