Estudiantes y docentes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) emplazaron a la comunidad jurídica a que participe de la manifestación convocada por distintos sectores para el próximo martes 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, como acto de repudio a las medidas fiscales impuestas por la Junta de Control Fiscal (JCF) y aquellas otras legisladas por la administración de Ricardo Rosselló Nevares.
“La realidad social y política de Puerto Rico se encuentra en el momento más desgarrador de su historia moderna. Las medidas de austeridad impulsadas por el gobierno durante años para apaciguar la crisis fiscal han provocado el empobrecimiento de nuestra sociedad sin garantía de mejora”, sostuvo Sofía J. Vázquez Laureano, estudiante de segundo año de la Escuela de Derecho de la UPR.
“Como prueba, podemos señalar el recorte de sobre $400 millones al presupuesto de la UPR entre el 2017 y el 2023, la aprobación de la reforma laboral que desprotege a los trabajadores y las trabajadoras y -tras la certificación de los planes fiscales por la JCF la pasada semana- la reducción promedio de 10% de las pensiones de las empleadas y los empleados públicos retirados, el cierre de sobre 280 escuelas y el propuesto traslado de sobre 3,000 confinados a instituciones penales en los Estados Unidos”, enumeró la estudiante de derecho.
Esas medidas, así como la presencia de la JCF, un cuerpo cuya función trastoca nuestro sistema democrático y de separación de poderes, atentan contra los derechos fundamentales de todos y todas las puertorriqueñas, especialmente las minorías y las poblaciones más desventajadas, añadió.
“La comunidad jurídica, como ente esencial en el fortalecimiento de una sociedad más justa y equitativa, debe abrirse camino en la discusión pública del país para así denunciar abiertamente el trastoque de los derechos fundamentales que tanto esfuerzo en la calle y los tribunales ha requerido. Asimismo, debe tomar postura a favor de una auditoría integral de la deuda impagable que hoy nos afecta de modo que el pueblo puertorriqueño conozca de qué manera se han invertido y gastado los fondos públicos de la Isla, y expresarse a favor de declarar la Universidad de Puerto Rico como un servicio esencial bajo la Ley Promesa”.
De ahí que tanto docentes como estudiantes hicieran un llamado a las Escuelas de Derecho, a las Clínicas de Asistencia Legal, a los Programas Pro-Bono y a la comunidad jurídica a tomar acción contra las “mortales medidas que hoy día se implementan en nuestro país”.
“Este 1 de mayo tenemos una oportunidad para hacer un llamado claro y contundente de lo que viven las puertorriqueñas y los puertorriqueños, y que resuene en todos los rincones de Puerto Rico, Estados Unidos y la comunidad internacional. Más que un compromiso, es una responsabilidad social de nuestra comunidad a expresarse, problematizar y salir a la calle a denunciar las medidas de austeridad. Que el aniquilamiento de nuestro futuro no nos sea indiferente. El momento de actuar es ahora”, concluyó Vázquez Laureano mediante un comunicado de prensa.
