La comunidad universitaria tendrá que conformarse con conocer algunas de las medidas que se incorporaron al plan fiscal revisado de la Universidad de Puerto Rico (UPR) –y no con acceder al documento per se– al menos hasta hoy en la tarde, cuando se prevé que la Junta de Gobierno lo apruebe, lo que daría paso a que se publique.
Que el documento se circulará hoy fue confirmado –por separado– por el presidente interino de la UPR, Darrel Hillman Barrera, y por el presidente de la Junta de Gobierno de la misma institución, Walter Alomar Jiménez. La aprobación del plan fiscal revisado es el último paso antes de que este se entregue a la Junta de Control Fiscal (JCF) mañana, que tendrá hasta el 20 de abril para certificarlo.
Ayer, en la reunión de la Junta Universitaria –la segunda instancia de mayor jerarquía en la institución– Hillman Barrera detalló, muy generalmente, algunas de las medidas incorporadas al plan fiscal revisado de la institución. Entre estas, un aumento escalonado en el costo del crédito que llegaría hasta $140 a nivel subgraduado y hasta $200 a nivel graduado para el 2022. El primer aumento entraría en vigor en agosto de 2018.
A modo de ejemplo, hoy el costo del crédito en bachillerato ronda los $58. Si consideramos un programa de clases de 15 créditos (cinco clases a tres créditos cada una), la matrícula sale en $870. Esta costaría $2,100 –un incremento de 140%– para el año fiscal 2021-2022.
Alomar Jiménez –que se reunió después con los presidentes de los consejos estudiantiles y los representantes del mismo sector ante la Junta Universitaria y ante la Junta de Gobierno– afirmó que la reorganización de las 11 unidades del sistema de la UPR en hubs se mantiene.
En ese sentido, Bayamón y Carolina se consolidarían administrativamente al Recinto de Río Piedras; Aguadilla, Arecibo y Utuado, al Recinto Universitario de Mayagüez (RUM); y Humacao y Ponce, al campus de Cayey. El Recinto de Ciencias Médicas (RCM) quedaría solo.
El profesor en la Escuela de Derecho agregó que el plan fiscal revisado contempla $40 millones en ayudas para los estudiantes por los cinco años de duración de plan fiscal revisado. También, dijo, se contempla la eliminación de las exenciones de matrícula. Sobre el particular, expuso que en el primer año la UPR costearía el 75%; en el segundo, el 50%. Del tercer año en adelante la UPR solo aportaría $50 en exención.
A preguntas de Diálogo, Hillman Barrera explicó que los estimados y proyecciones del plan fiscal revisado se hicieron a base de un matrícula de 50,000 estudiantes, de los cuales 40,000 pueden verse afectados por las disposiciones del documento frente a 10,000 exentos –incluyendo 2,000 hijos de veteranos–.
Inquirido sobre la posibilidad de que la JCF insista en medidas más austeras para el primer centro docente del país que generen su rechazo, el presidente interino señaló que tomará una postura similar a la del gobernador Ricardo Rosselló Nevares cuando cuando se enfrentó a la junta por concepto de la reducción en la jornada laboral de los empleados públicos.
“No vamos a despedir ni personal no docente, ni profesor ni mucho menos cerrar un recinto que limite a un estudiante”, sentenció.
Cuestionan transparencia en el trámite
La realidad es que a menos de 24 horas de que pase a manos de la JCF, estudiantes, profesores y empleados no han tenido la oportunidad de estudiar el documento que regirá el destino económico de la UPR por los próximos cinco años, más allá de lo que se discute en los cuerpos de gobernanza institucionales.
“Diría que hasta decepciona el hecho de que públicamente la administración se exprese a favor de un proceso participativo con la comunidad universitaria en elaboración del plan fiscal revisado, pero realmente no lo fomentan: no hay transparencia ni hay un espíritu de que la comunidad universitaria realmente participe”, señaló Barkley Cabrera, representante estudiantil ante la Junta Universitaria por el RUM.
“La reunión con Alomar Jiménez fue aún más frustrante que la desorganización y poca información provista en la reunión de la Junta Universitaria. El hecho de que, a menos de 24 horas de entregar un plan fiscal que tiene el poder de regir cómo trabajará el sistema de educación superior público del país, no se haya compartido, impide que pueda informar a los estudiantes cuáles son los posibles gastos en los que van a incurrir para el próximo año. Es frustrante y es una desconsideración de parte de la administración universitaria”, señaló por su parte Nancy Cardona, presidenta del Consejo General de Estudiantes del RCM.
Middle States visitará la UPR en abril
Por otro lado, Hillman Barrera informó ayer que todas las unidades entregarán un informe a la Middle States Commission on Higher Education (Msche) para el 15 de marzo que, en conjunto, deberán dar cuenta de cómo la UPR se ha recuperado y reanudado sus ofrecimientos tras el paso de María en septiembre de 2017.
La Msche visitará los 11 campus entre el 15 y el 18 de abril.
Asimismo, la agencia tomará una decisión sobre los ocho recintos en probatoria –Arecibo, Bayamón, Carolina, Cayey, Humacao, Ponce, Río Piedras y Utuado– para junio.
