SAN JOSE- El presidente electo de Honduras, Porfirio Lobo, se mostró este martes partidario de una amnistía para quienes participaron en el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en junio, mientras trata de lograr el reconocimiento de la comunidad internacional. Lobo se entrevistó en San José con el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, y el de Panamá, Ricardo Martinelli, parte de un grupo de gobernantes que reconocieron las elecciones a pesar de que fueron organizados por un Gobierno de facto. El mandatario electo, del opositor Partido Nacional, aseguró que conversó con Arias y Martinelli sobre la posibilidad de que el presidente de facto, Roberto Micheletti, renuncie antes de la prevista asunción de Lobo el 27 de enero para dar legitimidad al nuevo gobierno. Y añadió que esta postura fue conversada con la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton. “Políticamente no va a haber ningún tipo de delito que pueda ser imputado. Tiene que haber una amnistía para todos los sectores”, explicó Lobo en una rueda de prensa conjunta con los demás mandatarios tras la reunión, en casa de Arias. Muchos países han dicho que las elecciones del 29 de noviembre fueron limpias y que no hay razón para desconocer a Lobo, pero quieren que se restablezca el orden constitucional antes del 27 de enero y se cumpla así con un acuerdo firmado entre Zelaya y el Gobierno de facto a finales de octubre. Arias declaró que el lograr el reconocimiento internacional “dependerá mucho en todo lo que hemos hablado esta tarde: de si se hace un gobierno de unidad nacional, de si se pasa una amnistía por el Congreso hondureño, de si se hace a un lado (…) Roberto Micheletti y es sustituido por alguien más”.
El Gobierno de facto llamó el martes a Zelaya a conformar un gobierno de unidad, uno de los puntos del acuerdo, pero éste rechazó la oferta porque considera que ya no tiene vigencia. “El presidente Zelaya no va hacer propuesta alguna, ese acuerdo es letra muerta. El no va a avalar este golpe de Estado militar”, aseguró a Reuters Rasel Tomé, un íntimo colaborador de Zelaya que acompaña al mandatario en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde se encuentra refugiado desde septiembre. Zelaya fue expulsado del país a punta de pistola el 28 de junio, acusado de violar la Constitución por insistir en realizar una consulta popular que abriera paso a la reelección presidencial, y regresó clandestinamente al país casi tres meses después. Esta es la segunda vez que el Gobierno de facto convoca al gobierno de unidad, uno de los puntos de un acuerdo firmado entre las partes en conflicto. “Si el ex presidente Manuel Zelaya no hace propuesta para el gobierno de reconstrucción. no tiene sentido formar un gabinete de unidad y reconciliación”, confirmó el ministro de la Presidencia, Rafael Pineda, a periodistas. Otro de los puntos del acuerdo era que el Congreso votara sobre si restituir o no a Zelaya, algo que decidió por la negativa la semana pasada.
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