Mucho se viene hablando sobre las maneras en que la Junta de Síndicos pretende conjurar la crisis fiscal de la Universidad de Puerto Rico. La reciente idea de imponer cuotas especiales que duplicarían los costos de la matrícula, para todos los estudiantes fue una carta que se sacaron de la manga sin un solo estudio que lo justificase. Con ello se entorpecieron los acuerdos logrados en torno a la nefasta Certificación 98 y otros asuntos que pondrían fin a la huelga estudiantil. Ante el capricho de imponerle sanciones a los estudiantes y la pataleta donde los síndicos abandonaron las negociaciones, no quedó más remedio que recurrir a la mediación. Esperemos que surta efecto.
Los directivos de la Universidad no han sabido, o querido, concebir una propuesta adecuada para devolver a la UPR su salud fiscal. El problema—como tan claramente y tantas veces han dicho estudiantes y profesores—es el dinero que por Ley le corresponde a la institución y que no recibe. Ese debería ser el enfoque de la Presidencia y de la Junta de
Síndicos.
Aunque la veracidad de sus propuestas más recientes está aún en entredicho porque de manera oficial nada se ha planteado, intentan lograr ahorros mediante una degradación de las condiciones de empleo de la comunidad universitaria. Un escrito del 14 de junio de los periodistas Oscar Serrano y Aura Colón Solá, después de examinar documentos oficiales que apuntan en esta dirección, corroboran los rumores existentes.
Entre ellos se menciona una reducción de salarios y de beneficios adquiridos para el personal docente y no docente. El aumento en las cargas académicas de los docentes podría suceder mediante un incremento en el número de secciones asignadas o como ya se hace, matriculando un mayor número de estudiantes por sección. Se aplicaría una disminución de las jornadas de trabajo del personal no-docente. Se harían ajustes que degradarían la cubierta médica. Se eliminaría la liquidación de los días por enfermedad. Se reduciría el bono de Navidad. Se impondría una reducción adicional significativa en las aportaciones al sistema de retiro, algo que comenzó sin informársele a la comunidad universitaria hace más de un año. Además de todas estas disposiciones, se continuaría con otras medidas de austeridad que por los pasados años han venido impactando el quehacer universitario: cero ascensos de rango y aumentos salariales, la disminución o eliminación de destaques y sabáticas para investigación, el despido de profesores sin plaza, y la reducción de jornadas a tiempo parcial para evitar aportar al plan médico.
Paulatinamente se degrada a la universidad y se menoscaba su función social. Y todo esto, mientras se jactan de que la UPR es la mejor y más productiva universidad del país, con los índices más altos de retención y graduación entre todas la universidades de Puerto Rico, y la única que ostenta el rango de universidad doctoral otorgado por la Fundación Carnegie para instituciones universitarias del país cuyo desempeño en la investigación es extenso y ejemplar.
Queda por verse si estos “rumores” son ciertos o no, pero lo que sabemos con certeza absoluta es que el compromiso de los regentes de la universidad no es con la institución, ni con la academia, ni con la comunidad universitaria, ni con el país. Si lo fuese, lo que debieron haber hecho hace rato es presentar y defender el presupuesto que por Ley le corresponde a la Universidad en nuestra Legislatura. Si lo fuese, harían las gestiones de cobro pertinentes para recuperar las sumas multi-millonarias que diversos sectores públicos y privados le adeudan a la institución. Si lo fuese, operarían de forma transparente y harían públicos los documentos necesarios para análisis certeros a tiempo. Si lo fuese, defenderían con uñas y dientes el proyecto universitario. Si lo fuese, escucharían a la comunidad académica y ya hubieran resuelto la tormenta que crearon. La universidad operaría con normalidad.
En su lugar, la Junta de Síndicos ha venido articulando un discurso apocalíptico que busca justificar sus acciones mientras rechaza someterse a la transparencia fiscal que se le reclama. Ello, sumado a las perretas y el vaivén negociador que han caracterizado a su presidenta, Ygrí Rivera, y al presidente de la UPR, José Ramón de la Torre, durante sus reuniones con el Comité Negociador Nacional, pueden interpretarse como estrategias de intimidación dirigidas a fragmentar y debilitar el movimiento estudiantil, socavando el apoyo que hasta ahora los otros sectores de la comunidad universitaria han manifestado hacia los estudiantes. Apuestan a que al verse afectadas sus condiciones de empleo, estos sectores se distancien y cada quien “hale para su lado.” Apuestan a una implosión planificada.
De que la Junta de Síndicos alarga el conflicto universitario no cabe duda. Las razones para ello pueden ser diversas y especulativas en el plano político, y están más allá del alcance de este artículo. Sin embargo, un pasaje bíblico nos recuerda que “por sus actos les conoceréis.”
Las alegaciones verbalizadas por la Junta de Síndicos sobre el costo de la huelga para la universidad se hacen sal y agua frente a los cierres administrativos y académicos decretados por la Administración. Incluso se escucha de su interés de mantener cerrada la universidad todo el próximo semestre con ahorros que rondarían los $500 millones. Las consecuencias son serias para la producción intelectual e investigativa de la universidad. De modo deshonesto buscan siempre el ahorro en los despidos, en los cierres, en los cortes… en la destrucción.
Mientras, la extensa, millonaria y torpe campaña de medios en la que usan jóvenes ya desenmascarados como activistas políticos del partido de turno, y los gastos astronómicos en bufetes de abogados y asesores, en nada abonan a la austeridad que la Junta de Síndicos reclama para nuestra institución. ¿A cuánto ascenderán ya conjuntamente estas partidas? ¿Qué por ciento representan del déficit que confrontamos? ¿Cuánto se ha malgastado en seguridad privada adicional contratada por la Junta de Síndicos? ¿En qué más se despilfarran recursos?
Cuando la UPR es asediada como nunca lo ha sido y ante la intransigencia de una administración sin compromiso universitario, lo que nos queda es escoger a qué lado nos situamos con relación al proyecto educativo público que tan bien le ha servido al país. El embate político al que nos enfrentamos no es nuevo. Tiene una larga historia de incapacidad gerencial, de favoritismo oportunista, y de batatas políticas que responden a los intereses del partido en el poder sobre los intereses de la universidad. A veces, esos administradores han sobresalido por encima de las expectativas que se tiene de ellos, y en otras, las más, se han quedado cortos, muy cortos.
Lamentablemente, el gobierno de turno no tiene la más mínima idea de lo que es la Universidad, y con la complicidad de la Junta de Síndicos, son los artífices de su destrucción.
El autor del texto es catedrático de la Escuela de Comunicación del Recinto de Río Piedras de la UPR.
Comentarios
Diálogo
Diálogo es la publicación oficial de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Desde su fundación en 1986, ha servido de taller para los profesionales en formación que actualmente se desempeñan en otros medios dentro y fuera del País. Su plataforma virtual, contiene las versiones impresas desde el 2010 hasta mayo de 2014, mes en que el medio migró exclusivamente al formato digital.
