La sociedad moderna, a juzgar por la incesante y mediatizada opinión pública, se enfrenta cada vez a mayores malestares. Como la creciente y constatada criminalidad, el incremento en diagnósticos adversos a la sanidad mental y las desigualdades económicas y sociales laceran la integridad humana. Pero, ha sido recientemente que se ha comenzado a comprender que la desconexión del hombre con su medioambiente natural posee estrecha relación en el aumento de la problemática social. Un investigador de la Real Sociedad Protectora de Aves del Reino Unido, doctor William Bird (algunas personas nacen para su oficio) ha notado la progresión de enfermedades mentales infantiles y el uso de medicación como tratamiento. No obstante, Bird también descubrió que la simple exposición a la naturaleza –cualquier actividad fuera de edificios, como pasadía en el bosque o en la playa– es una medida efectiva para mitigar los problemas mentales sin necesidad de fármacos. “Los niños que no son expuestos a la naturaleza aparecen con un aumento del 30% de Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (conocido en inglés como ADHD) superior al de los niños que practican actividades en el exterior”, informa el científico. Según la edición veraniega de la revista Adbuster (Journal of the Mental Enviroment 2008), que analiza temas del ámbito mental, un niño que utiliza su imaginación para jugar en el medioambiente no sólo se divierte sino que sienta bases para la fuerza interior, la independencia y se vuelve hábil a resistir el estrés que habrá de soportar a través de los años. El llamado “déficit natural” que enfrentan los niños en Estados Unidos se debe, según el doctor Joe Frost, de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, a una combinación de factores: el incremento de pobreza, la urbanización, el fracaso de la Ley Que Ningún Niño Quede Rezagado, la proliferación de celulares, mensajes de texto, video juegos y charlas cibernéticas que han suplantado el auténtico y enriquecedor tiempo de ocio en la naturaleza. La situación es similar en Japón y otros países. Pero una idea tan simple y de razonamiento obvio: la naturaleza juega un papel importante en el desarrollo humano, no parece ser una de las prioridades en materias de salud pública para los gobiernos. En Puerto Rico desde 1971 la Junta de Calidad Ambiental ha sostenido que “desafortunadamente, el proceso actual de expansión urbana en Puerto Rico es insensible a la variedad de la naturaleza … esta tendencia responde a intereses económicos a corto plazo, y muy poco a intereses sociales o de otra índole”. El 21 de octubre de 2009 el gobernador Luis Fortuño dejó sin efecto la Designación de la Reserva Ecológica conocida como Corredor Ecológico del Noreste (CEN) basado en que la Junta de Planificación (JP) aprobó la Reserva sin la celebración de vistas públicas y sin un Plan Integral de Manejo y sin la notificación a los dueños de terrenos. Entre otros alegatos que, según la portavosía de la Coalición del CEN, “son injustificados y en muchos casos ilegales”. Los argumentos para justificar la eliminación de la reserva del CEN, de un lado, o para restituirla, de otro, se encuentran al día de hoy ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Luego de que la Coalición radicara a principios del mes de febrero una demanda civil contra Fortuño y los jefes del Departamento de Recursos Naturales (DRNA) y de la JP. Movimientos erráticos Ciertamente la actual administración gubernamental ha sido identificada en acciones poco transparentes y que atentan contra la imparcialidad del proceso. A saber, la JP resolvió “decretar una moratoria de toda actividad de permisos, anteproyectos, cambios de zonificación, consultas de ubicación y/o cualquier otro trámite disponible relacionado al uso de los suelos u obra de construcción dentro del Área de Planificación Especial para el CEN (APECEN)”. En cambio, la JP anunció mediante edicto el pasado diciembre de 2009, la celebración de una vista pública pautada para el 25 de enero de 2010, con el fin de discutir la consulta de ubicación para la construcción de los apartamentos Paradise Found Villas en terrenos de lo que comprendía la Reserva. Es decir, que la JP violó una resolución emitida por ellos mismos. Posteriormente la vista fue cancelada por la propia Junta tras denuncias hechas por los demandantes. El presidente de la JP, Morales Vargas, aceptó la violación de la moratoria y ordenó emitir una orden para dejar sin efecto el aviso de vistas públicas y la investigación dentro de la Agencia para ver quién los indujo “a tal error”, dijo. El DRNA por su parte emitió comentarios no objetando la aprobación de esta consulta de ubicación. Sin embargo, en entrevista con Diálogo el secretario Daniel Galán Kercadó manifestó que “todo en el CEN tiene su valor natural, pero algunas [tierras] son de alto valor ecológico, por lo que estamos tomando en consideración todos los elementos críticos de la zona boscosa. Esos otros terrenos que no tengan tanto valor habrá que ver qué usos son cónsonos con las zonas aledañas a la Reserva. Todo es medible y se está haciendo con datos científicos”. Otro de los sucesos cuestionados por la opinión pública es la difusión, por parte de la JP, para la consulta de ubicación de un centro comercial propuesto en terrenos del CEN. En comparecencias públicas sobre este tema el Gobernador ha insistido en que no hay motivos para los cuales el gobierno tenga que adquirir todos los catastros, “porque pueden haber fideicomisos para construir servidumbres de conservación”. A lo que miembros de la Coalición reiteran que el Plan Integral del CEN tiene estipulado fundamentos similares. “[Pero] nuestro plan es mucho más abarcador porque es además una alternativa de impulso turístico más inmediata que la alternativa de mega-proyectos turísticos y residenciales sin permisos, cuya viabilidad es cuestionable en el mercado actual de bienes raíces”, afirma la planificadora ambiental Carmen Guerrero. La factura de la mala planificación Este asunto hace repensar en el impacto de cada uno de los proyectos propuestos en la última década para los terrenos de la costa noreste. En primer lugar, parte de los proyectos de San Miguel Resort y Dos Mares iban a estar en áreas designadas por el gobierno federal como barreras costaneras por ser inundables y contar con recursos naturales de valor excepcional. Por eso, está prohibida cualquier ayuda con fondos federales, incluyendo los de FEMA. Es decir, que el riesgo por daños a estructuras por algún desastre natural lo hubiese estado asumiendo el gobierno, y por ende, la ciudadanía, puesto que el financiamiento de los proyectos iba a estar garantizado parcialmente mediante los bonos AFICA del Banco Gubernamental de Fomento. En el enfoque científico y crítico del libro Urbanización de los terrenos en la periferia de El Yunque a cargo del director del Instituto de Dasonomía Tropical, Ariel Lugo, se establece que la fragmentación o urbanización en la periferia del valioso bosque crearía consecuencias negativas sobre la flora y fauna nativa. Tanto para la sociedad puertorriqueña como para los visitantes. “Se empobrecerían también la calidad de la experiencia recreativa al perderse los espacios abiertos, las vistas naturales, las zonas de recreación y otros valores naturales existentes en otras partes de Puerto Rico”, indicó. “[Eliminar la reserva] es una decisión retrógrada en el sentido que nos mueve al pasado. Cuando no existían leyes ambientales y se percibía el ambiente como enemigo del progreso. Los espacios abiertos son de enorme importancia para Puerto Rico debido a su alta densidad poblacional y la falta de espacios abiertos en el dominio público. Peor aún, es claro que la decisión responde a intereses privados sobre los públicos, lo cual es nefasto para Puerto Rico”, lamentó Lugo. Para ver la edición impresa de Diálogo de febrero haga clic aquí.
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