Imagínese que las tierras fértiles de Puerto Rico, en las que se produce cerca de un 20 por ciento de los alimentos que consumimos, de repente, ya no sean públicas y les pertenezcan a empresas que se dedican a la producción de energía o la creación de semillas transgénicas que luego exportan alrededor del mundo.
Piense por un momento, qué sucedería si los acuíferos de la zona del karso –que abastecen de agua potable a la población del norte de Puerto Rico– se ven amenazados por desarrolladores que contaminarían los abastos.
O qué pasaría si el Corredor Ecológico del Noreste (CEN) –donde habitan más de 220 especies, de las cuales unas 50 son endémicas, están amenazadas o en peligro de extinción– ya no fuera una reserva natural y se convirtiera en una zona hotelera.
Según vimos en el primer reportaje de esta serie especial, un análisis del Título V de la Ley Promesa realizado por el abogado del Pinchot Institute for Conservation, James Snow, apunta a que todo esto podría ocurrir. “Existe el potencial para que la junta disponga de estos terrenos para su venta o para que sean transferidos a un acreedor como parte de un acuerdo de reestructuración”, afirma Snow en Implications for Puerto Rico’s Natural Heritage under PROMESA.
Entre las corporaciones públicas que emitieron bonos, se encuentra la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico, conocida también como Pridco, por sus siglas en inglés. Para el año 2003, Pridco emitió un bono que ascendió a $161,680,159.20. Como fuentes de pago, la corporación pública empeñó sus bienes inmuebles.
“El principal y los intereses de los bonos se pagan a partir de los ingresos brutos recibidos por PRIDCO de sus bienes raíces productores de ingresos, maquinaria, equipo, hipotecas de primera mano sobre bienes inmuebles o bonos de primera hipoteca los cuales son especificados por PRIDCO para ser Propiedades Fiduciarias conforme a los términos de la Escritura de Fideicomiso”, reza el documento.
Un acuerdo de 2016, entre Pridco y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) pone de relieve la vulnerabilidad de varios terrenos de alto valor ecológico ante los escollos económicos en los que nos encontramos.
“La Compañía [de Fomento Industrial] es dueña en pleno dominio de las propiedades inmuebles […], las cuales se encuentran dentro de los límites de la Reserva Natural del CEN”, indica el convenio en el que Pridco cede el disfrute de valiosos recursos naturales del país al DRNA.
Según el documento, las propiedades de Pridco en el Corredor alcanzan las 966.76 cuerdas de terreno. Varias de estas propiedades fueron adquiridas por esa Compañía antes de emitir el bono de $161,680,159.20 en 2003.
De acuerdo con información provista por Fomento a Diálogo –a través de su oficial de prensa, Iván Caraballo– Pridco obtuvo la titularidad de la Finca Las Paulinas en abril de 1970 y la Finca el Convento en abril de 1955. Ambas se encuentran en el CEN.
Caraballo también le comunicó a este diario digital que la Compañía de Fomento adquirió el Cayo Icacos y Ratones para enero de 1963, así como la Bahía Bioluminiscente en abril de 1960.
Basándose en el acuerdo, “Pridco continúa siendo dueño de esos y otros terrenos protegidos o por proteger dado su insustituible valor ecológico. Lo que este cedió al DRNA fue únicamente el uso y disfrute de esos suelos, no la titularidad.”, sostuvo la experta en Derecho Ambiental, Jessica Rodríguez Martín.
“Al ser propietario, Pridco bien podría vender y alquilar, entre otras acciones [esos terrenos]. En estos momentos, lo profundamente preocupante es que los acreedores puedan, en el cobro de sus presuntas acreencias, embargar las reservas naturales del país. Esos bienes podrían estar sentenciados a que nos sean arrebatados”, añadió la también profesora de Derecho Ambiental de la Universidad Interamericana.
Así, si un poseedor de bonos de Pridco no recibe su pago correspondiente, bien podría ir a un juez para pedir que se vendan los terrenos para que se le pague, o bien, podría pedir que le cedan la titularidad como liquidación.
Conforme al último estado financiero en el Banco Gubernamental de Fomento, “al 30 de junio de 2015 y 2014, Pridco tenía aproximadamente $ 179.9 millones y $ 189.4 millones, respectivamente, en bonos pendientes de pagar, incluyendo la porción actual de $ 12.9 millones y $ 10.0 millones al 30 de junio de 2015 y 2014, respectivamente”.
“No podemos olvidar que la intención de la ley Promesa, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, es perseguir a toda costa que los bonistas cobren. No es casual que parte de los tenedores de los bonos sean grandes aportadores políticos de los congresistas y sus campañas”, resaltó Rodríguez Martín.
“Promesa no contiene distinciones sobre el tipo de propiedad del Pueblo de Puerto Rico que está en manos del Estado y sus agencias gubernamentales. Si los terrenos son ambientalmente valiosos da igual. Es por ello que nuestro patrimonio natural se encuentra en peligro y amenazado”, concluyó la catedrática de Derecho Ambiental de la Universidad Interamericana.
Asimismo, el planificador ambiental Luis Jorge Rivera Herrera –ganador del Premio Medioambiental Goldman, considerado por muchos como el Premio Nobel ambiental– se encuentra preocupado por esta situación.
“Si alguien compra [o se le ceden] esos terrenos, a mí se me hace muy difícil pensar que sea para dejarlos bajo estado de conservación”, dijo Rivera Herrera.
Esta situación repercutiría en la pérdida de un sinnúmero de bienes naturales que caerían en manos privadas. Entonces, “¿cómo tú pretendes desarrollar el país si no tienes lo más básico?”, cuestionó el ambientalista refiriéndose a recursos vitales para la existencia como el agua y la tierra.
Con esta preocupación en mente, Diálogo se dispone a reseñar tres recursos naturales de sumo valor para los puertorriqueños y que podrían estar en riesgo bajo la Ley Promesa.
Hoy examinaremos a fondo la reserva del Corredor Ecológico del Noreste. Mañana le echaremos un vistazo al Karso y las tierras agrícolas.
Este reportaje es parte de la serie especial Diálogo Verde 2017, en la que se analiza el impacto de la ley federal Promesa en el medio ambiente puertorriqueño.
Sigue aquí la serie especial:
1. Empeñado nuestro patrimonio natural bajo Promesa
2. A merced de Promesa las reservas naturales y terrenos agrícolas
3. ¿La antesala de Promesa? Venden y destruyen terrenos protegidos
4. Amenazada la supervivencia de los puertorriqueños por Promesa
5. JCF: Incertidumbre ecológica, esqueletos sin transparencia y poemas de conspiración (1ra. parte)
6. JCF: Incertidumbre ecológica, esqueletos sin transparencia y poemas de conspiración (2ra. parte)
7. “Proyectos críticos”: crecimiento económico cueste lo que cueste
8. JCF: Incertidumbre ecológica, esqueletos sin transparencia y poemas de conspiración (3ra. parte)
9. A la expectativa los residentes del Caño Martín Peña
10. Extensión de la PR-22 y el cuento del fracaso como progreso
11. Aguirre Offshore Gas Port, ¿un proyecto esencial?
12. Luquillo y el “desarrollo integral” bajo Promesa
13. Nuevamente en peligro el Corredor Ecológico
14. Los bonos y la naturaleza: en riesgo los recursos más vulnerables
15. Urge la defensa de la zona kárstica ante Promesa
16. Vulnerables las tierras agrícolas bajo Promesa (Parte I)
