Recientemente, el Gobierno de Puerto Rico anunció el despido de cerca de 17,000 empleados públicos. Esta cifra eventualmente podría aumentar a 30,000. El despido de trabajadores produce impactos económicos negativos directos e indirectos, que se acentúan aún más en tiempos de recesión. Las repercusiones se extienden también al ámbito social. Los consecuencias económicas van desde aumentos en la tasa de desempleo, pérdidas en la producción interindustrial y disminución en el ingreso personal disponible, lo que a su vez causa una reducción en el consumo y en la recaudación de impuestos directos e indirectos.
En el ámbito social, el desempleo tiene un fuerte impacto emocional y sobre la salud de los individuos y sus familias. Existen estudios serios que han encontrado una fuerte relación entre aumentos en la tasa de desempleo y aumentos en enfermedades mentales. Además, el desempleo está asociado a aumentos en los suicidios, los homicidios, la baja autoestima, la inestabilidad familiar y la violencia doméstica y social en general. La incertidumbre laboral y la tendencia de las empresas y el gobierno a recurrir a los despidos en tiempos de crisis generan un incremento en los conflictos entre los trabajadores, en las horas perdidas y en las huelgas. La precariedad laboral, los paros y los conflictos en el lugar de trabajo pueden provocar desequilibrios psicológicos y emocionales en los trabajadores afectados y también en sus familias. El desempleo, incluso, puede conducir a situaciones de marginación social y a un incremento en la delincuencia. A pesar de que varios economistas y otros profesionales han emitido opiniones importantes sobre el impacto económico y social que podrían causar estos despidos, dichas opiniones, en su mayoría, no se han basado en análisis empíricos llevados a cabo usando modelos económicos apropiados. Por tal razón, con el propósito de estimar el impacto directo e indirecto del despido de los trabajadores del sector público (gobierno central y corporaciones públicas) se utilizó un modelo de insumo-producto actualizado al año 2007. El modelo de insumo-producto está diseñado (como una de sus aplicaciones) para estimar el impacto sobre producción, empleo e ingresos, por sector industrial, de cambios en la demanda final tales como cambios en los gastos de consumo, inversión en construcción, maquinaria y equipo y gastos de gobierno, entre otros. El análisis presenta dos escenarios. El primero estima el impacto de las cesantías de 17,000 empleados, y el segundo el posible eventual despido de 13,000 empleados más para un total de 30,000. Para convertir estas cifras a un valor estimado de pérdidas directas en salarios, se tomó la nómina del Gobierno (excluyendo los municipios) y se dividió por el empleo en el Gobierno. El ejercicio se llevó a cabo con datos del año 2008 y 2009. Para este último año se estimó la nómina pues todavía no existen datos oficiales, aunque sí existen datos de empleo gubernamental. Esta relación es aproximadamente $33,300 por empleado público. Esta cifra fue multiplicada por el número de empleados a ser despedido y dio como resultado la pérdida en compensación a empleados (el ahorro del Gobierno en nómina). Es también de suma importancia llevar a cabo un estimado de las pérdidas del Gobierno por concepto de contribución sobre ingreso individual y corporativa. No se entró en otras estimaciones de pérdidas por concepto de otros tipos de contribución aunque, por ejemplo, al bajar el consumo se afecta el ingreso por concepto de arbitrios y del impuesto al consumo. Los resultados del estudio muestran que una reducción de 17,000 empleados públicos redundaría en una pérdida inicial de $567 millones en ingresos salariales. Esta reducción alimentada al modelo de insumo-producto nos da como resultado una pérdida de $786.6 millones en producción intersectorial, de 22,117 empleos directos e indirectos (17,000 directos y la diferencia, que corresponde a empleos indirectos) y una pérdida en ingresos salariales de $669.4 millones (de los cuales $567 son directos). Del total de empleos directos e indirectos, la manufactura perdería 455 empleados; el comercio, 265 empleados; servicios comerciales, 429; otros servicios profesionales, 592, y la mayor pérdida sería en el Gobierno (19,936). En el caso de que eventualmente queden cesanteados 30,000 empleados públicos, los resultados muestran que los despidos adicionales redundarían en una pérdida inicial de $1,002 millones en ingresos salariales. Esta reducción alimentada al modelo de insumo-producto nos da como resultado una pérdida de $1,389.3 millones en producción intersectorial, de 39,062 empleos directos e indirectos (30,000 directos y la diferencia, empleos indirectos) y una pérdida en ingresos salariales de $1,182.8 millones (de los cuales $1,002 son directos).
Del total de empleos directos e indirectos la manufactura perdería 803 empleados; el comercio, 467 empleados; servicios comerciales, 758; otros servicios profesionales, 1,045, y la mayor pérdida sería en el gobierno (35,212). La tabla resume los impactos bajo los dos escenarios y añade la pérdida en ingresos fiscales. Bajo el primer escenario el Gobierno dejaría de recibir $119.1 millones en ingresos fiscales y bajo el segundo escenario dejaría de recibir $210.4 millones. Estos resultados son muestra de cómo la caída en la actividad de los trabajadores supone un freno al crecimiento económico del País. El autor es catedrático de Ciencias Económicas y Administrativas en la Universidad Interamericana Metro. Para ver la edición de Diálogo en PDF haga click aquí
