El pasado 27 de marzo el país amaneció con la noticia de que las autoridades federales en la Isla ejecutaban arrestos por acusaciones que incluían 19 cargos criminales contra el gobernador Aníbal Acevedo Vilá. Más allá del proceso puramente judicial, este caso patentiza la compleja realidad política de Puerto Rico y puede desembocar – si superamos la encerrona de la inmediatez- en una redefinición de las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos, según varios entrevistados por Diálogo. Sin embargo, los interpelados difieren sobre la magnitud, la forma y el tiempo que podría tomar esa redefinición. El propio gobernante acusado por la fiscalía federal en el distrito de Puerto Rico enfatizó la necesidad de reflexionar –a partir de su situación– sobre el desarrollo del Estado Libre Asociado. “Veo una oportunidad extraordinaria para que salgamos como un mejor país”, dijo el mandatario días después de su acusación. El profesor de ciencia política de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, Nelson Vera afirmó que la situación del Gobernador provocará que sectores dentro del Partido Popular Democrático (PPD) y entre los no afiliados comiencen a cuestionar la relación política de la Isla y Estados Unidos. “Me parece que le están abriendo las puertas a que se vaya considerando un gobierno de más autonomía”, observó el académico. No obstante, aclaró que entiende se trata de un evento que provocará ese replanteamiento más a nivel local que en Estados Unidos. Tras aclarar que su campo de trabajo es la sociología política y no el derecho, Vera opinó que -luego de evaluar los eventos de finales de marzo y principios de abril-se advierte que “hay cierto grado de persecución política”. Afirmó que la radicación de cargos federales contra la persona que funge en la posición principal del gobierno de Puerto Rico evidencia el aspecto colonial de la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos. Precisamente cuatro días después de las acusaciones, un ex presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Hernán Padilla salió del retiro político para denunciar públicamente que la situación deja “al desnudo la cruda y dolorosa realidad política: el poder total del Congreso sobre Puerto Rico y la aplicabilidad en Puerto Rico de las leyes aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos”. Incluso categorizó que “el experimento político congresional del ELA llegó a su fin”. Aunque coincide en que el país se encuentra inmerso en un nuevo proceso que requiere repensar sus relaciones con Estados Unidos, el analista político y profesor retirado, José Arsenio Torres difiere de la opinión de que el ELA esté en su ocaso. “La nueva realidad plantea que hay un problema serio, sabemos que la corrección no va a ser la independencia porque no cuenta con los votos, tampoco la estadidad porque no hay voluntad en el Congreso para -ni siquiera- ofrecerla, tiene que ser un ELA revisado en forma ágil, en forma firme. Es decir, que el problema que sufre Puerto Rico lo tiene que convertir en un problema para la conciencia congresional”, reflexionó Torres. Las condiciones para ese replanteamiento requieren un cambio en la rama ejecutiva estadounidense, a juicio del analista. Para el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) sólo el tiempo dirá si esta coyuntura histórica representará un punto de inflexión en las relaciones políticas con Estados Unidos. Lo que sí queda claro en estos momentos, según su secretario general, Juan Dalmau es el problema colonial de la Isla. “Las acusaciones contra el Gobernador lejos de ser un golpe a la democracia, porque en las colonias no existe democracia, y lejos de ser un golpe de estado, porque los estados son libres y soberanos, es la más cruda manifestación del régimen colonial que existe en Puerto Rico. Yo confío en que esta experiencia, cuan amarga y humillante pueda ser para este pueblo, le sirva para reflexionar sobre esta realidad y que estimule pasos para reclamar con dignidad el fin de esa subordinación política”, afirmó Dalmau. A corto plazo, las acusaciones contra Acevedo Vilá también inciden en la campaña electoral a siete meses de los comicios generales. En medio de reclamos de la oposición política para que el mandatario renuncie al cargo y a la candidatura para la reelección, los entrevistados por Diálogo difieren sobre el efecto electoral de las acusaciones. El comisionado electoral del PIP califica como graves las consecuencias del evento ya que además de poner “en entredicho el proyecto ideológico político del PPD, le da un golpe de viabilidad electoral, pues des certifica a su candidato a la gobernación”. En cambio, Vera y Torres plantean la posibilidad de una reacción de indignación entre el electorado que obre a favor del incumbente. “El PPD va cargado con una emoción y con un sentimiento profundo de coraje y yo creo que puede convocar al pueblo a rescatar su dignidad vejada. Puede convertirse en una fuerza electoral, son pocas las ocasiones en que las elecciones tienen un elemento emocional de pasión moral, de indignación. Eso ocurrió en Puerto Rico tras la masacre del 37 que llevó a la organización del Partido Popular originario”, opinó Torres. Mientras que Vera advirtió que “lo peor que le puede pasar a un partido de oposición es que surjan mártires”. El profesor de la UPR en Aguadilla destacó que el discurso del Gobernador sobre falsas acusaciones y persecución política abona a ganarle adeptos movidos por la indignación.
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