El Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda logró ayer las 72 mil firmas en reclamo al gobierno de Ricardo Rosselló Nevares para que actúe con transparencia y permita a la comisión ciudadana completar la auditoría de la deuda pública y hacer públicos sus hallazgos.
La campaña a favor de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público cobró fuerza la pasada semana, luego que Rosselló Nevares, tras la aprobación de la Ley 3 de 2017, destituyera a los representantes del interés público que componían dicho organismo y de que afirmara que no requerirá de una auditoría para negociar con los acreedores del gobierno. El jueves pasado, el primer ejecutivo descartó auditar la deuda, porque “cuando se hace una emisión de bonos se establecen ciertos parámetros y cuando se hace la emisión de bonos, parte del acuerdo es el cumplimiento”.
Diversos sectores de la sociedad, así como economistas y peritos en materia fiscal, han planteado la posibilidad de que parte de la deuda pública puertorriqueña sea ilegal. La acción de Rosselló Nevares deja esta interrogante en el tintero, y la probabilidad de pagar más de lo debido.
“La respuesta contundente de la ciudadanía no es un asunto simbólico. El pueblo ha entendido que auditar la deuda se trata del presente y el futuro de generaciones de puertorriqueños y puertorriqueñas, y que es deber del gobierno dejar cuentas claras y ser transparentes. Es su deber moral y legal permitir que conozcamos quiénes se beneficiaron de las emisiones de más de $72 mil millones de deuda y en qué circunstancias se realizaron”, sostuvo la abogada y portavoz del Frente Ciudadano, Eva Prados, en declaraciones escritas.
Esta petición será presentada tanto al gobernador Rosselló como a los presidentes de los cuerpos legislativos, con la aspiración de que reconsideren su posición respecto al reclamo ciudadano y la urgencia de completar estos trabajos. Para ello, el colectivo ha solicitado que se comience por restituir a los miembros de la comisión y hacerles disponible la partida económica autorizada por creado por la Ley 97 del 2015 para reclutar una firma especializada para completar los trabajos.
Los análisis que ha llevado a cabo la comisión detectó posibles violaciones a estatutos constitucionales y prácticas ilegales en los procesos de emisiones de bonos, que involucran tanto a agencias gubernamentales como a casas de corretaje y compañías evaluadoras de crédito.
“El Frente Ciudadano estará trabajando alternativas desde para exigir y monitorear la auditoría de la deuda pública desde una perspectiva de derechos humanos, democracia participativa y multisectorial. Este cuerpo busca tener el mayor número de perspectivas posibles en la búsqueda de la verdad, transparencia y rendición de cuentas sobre la deuda pública antes de cualquier nuevo plan fiscal, restructuración o medidas de austeridad”, expresó Prados.
El colectivo exhortó al país que firme la petición, accesible en www.peticion.auditoriaya.org.
El Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda es respaldado por distintas personas y organizaciones como la Asociación de Economistas de Puerto Rico, la Asociación de Economía Política, el Colegio de Abogados y Abogadas, la Cámara de Comercio, la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, la Liga de Cooperativas, Empresarios por Puerto Rico, el Movimiento Amplio de Mujeres, la Asociación de Maestros de Puerto Rico, el Instituto Caribeño de Derechos Humanos, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, VAMOS, Espacios Abiertos, entre otras.
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