De acuerdo con la medición mundial de libertad de prensa que lleva acabo anualmente Reporteros Sin Fronteras, desde el 2009, México pasó del lugar 138 al 153 en 2012-2013, de 179 países evaluados.
En mayo de 2012 la revista de periodismo de investigación “Contralínea”, dio a conocer datos estadísticos sobre el número de agresiones a periodistas en los últimos 12 años. Del 2001 al 2012 ocurrieron 93 asesinatos y 16 desapariciones. De éstos, 79 ocurrieron durante el gobierno de Felipe Calderón.
Ante estas cifras, Óscar Balderas, joven periodista y reportero freelance en temas de seguridad y crimen organizado, afirma que “son muy evidentes a la hora de señalar cuál ha sido el actuar y no actuar de las autoridades mexicanas”. Y añade que existe un vacío institucional que pueda proteger a los periodistas a la hora de hacer su trabajo.
En junio pasado, el ahora ex presidente Felipe Calderón firmó la ley de protección a los periodistas y defensores de derechos humanos, que pretende establecer la cooperación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales para implementar y operar medidas que garanticen la vida y la integridad, libertad y seguridad a los periodistas y defensores de derechos humanos.
Sin embargo, Óscar Balderas considera que esta ley es inservible debido a que el presupuesto destinado para implementarla es “realmente nulo, no alcanza para nada y es una ley que tiene letra muerta”, por lo que duda que ésta vaya tener un impacto real.
Veracruz foco rojo
Una de las entidades donde se ha visto en los últimos años un notable incremento de violencia contra los periodistas, es el estado de Veracruz. Entre junio de 2011 a mayo de 2012 fueron asesinados al menos ocho periodistas.
A raíz del asesinato de la corresponsal del semanario Proceso, Regina Martínez, ocurrida el 28 de abril de 2012, el gobierno de Javier Duarte de Ochoa creó la Comisión Estatal para Atención y Protección de Periodistas.
Según Maybelline Ibáñez Juárez, periodista veracruzana de 27 años, la función de ésta es sólo gestionar las denuncias y agresiones de periodistas. En su opinión, considera que lo que hace falta, más que una comisión estatal, es que haya “mayor ética profesional” en el gremio y destaca que se deben mejorar los salarios, “el no tener un salario digno eso hace que el periodista caiga por ende a las redes de la delincuencia”.
¿Hay voluntad política para proteger a los periodistas?
En reiteradas ocasiones, organizaciones internacionales para la defensa y protección de periodistas y de derechos humanos, han exhortado a las autoridades federales y estatales a redoblar esfuerzos para proteger a los periodistas, reducir las amenazas y frenar la ola de asesinatos; el más reciente llamamiento fue hecho por Amnistía Internacional.
En este sentido, Óscar Balderas asegura que no ve que haya voluntad política para resolver la situación de seguridad de los periodistas. “México puso el 42 por ciento de los periodistas asesinados en América Latina este último año, esto se debe principalmente a la inacción de las autoridades”. Asimismo subraya, “no vemos mecanismos con presupuesto, tampoco vemos capacitación constante a los servidores públicos, los policías y militares siguen siendo prepotentes con los periodistas”.
Por su parte Maybelline Ibáñez Juárez asegura que los periodistas veracruzanos no han visto apoyo del gobierno federal. “No, la verdad no se ha tenido el gran apoyo. En el 2010 se hablaba mucho sobre la falta de apoyo e interés del gobierno de Felipe Calderón en ese sentido”.
¿Quién está matando a los periodistas?
A lo largo de los seis años del gobierno de Felipe Calderón, las agresiones y asesinatos de periodistas han sido atribuidos al crimen organizado, sin embargo en abril pasado, Javier Sepúlveda Amed, miembro de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señaló que sólo el 15 por ciento de las 755 agresiones han sido resueltas.
Ante esto, Óscar Balderas afirma que, “estoy absolutamente seguro de que si es el crimen organizado quien está matando y desapareciendo a nuestros colegas, es por que goza de la impunidad y del apoyo institucional”, por lo que concluye diciendo, que el verdadero responsable de las muertes de los periodistas es el Estado por dos cuestiones: “por la omisión para hacer investigaciones serias, profundas y que terminen con verdaderos culpables, y la segunda, por la acción directa de la corrupción”.
