En su reporte más reciente sobre la Reforma de la Policía, el Asesor de Cumplimiento Técnico (TCA, en inglés) Arnaldo Claudio identificó brechas significativas e inconsistencias entre las declaraciones y los documentos provistos por la Policía de Puerto Rico (PPR) respecto al uso de fuerza y agentes químicos en las manifestaciones del 2017.
De acuerdo al informe, la PPR fue inconsistente al reportar los hechos de cuatro eventos del año pasado: las manifestaciones en el Capitolio el 18 y 27 de abril; el incidente en el Centro para Puerto Rico el 25 del mismo mes; y la marcha del día de los trabajadores el 1 de mayo – evento en el que todos los arrestados fueron estudiantes de la Universidad de Puerto Rico.
“Por ejemplo, hay inconsistencias en el número de oficiales de la policía heridos. Además, la evidencia muestra, después de repasar los reportes de la Policía, que los incidentes de uso de fuerza por miembros de la Policía fueron supuestamente subreported [reportados en menor cantidad de lo debido]”, reza su determinación.
Encomendado por Claudio, el investigador consultor José Pujol entrevistó a oficiales de la Policía, observadores independientes y ciudadanos con información privilegiada respecto a lo que transcurrió durante las manifestaciones del año pasado en la isla. Pujol también revisó videos provisto por las cadenas locales de televisión y cientos de reportes de la uniformada.
Asimismo, el TCA resaltó cuatro ocasiones en las que la uniformada incumplió con múltiples pedidos realizados por Pujol y cobijados bajo el Acuerdo para la Reforma Sostenible de la Policía de Puerto Rico – documento firmado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Gobierno de Puerto Rico para asegurar que se ofrezcan servicios policíacos que respeten los derechos civiles.
Primero, la Policía se rehusó a proveerle a Pujol copias de los formularios de uso de fuerza (PPR-854) relacionados a los eventos antes mencionados, según informa el reporte.
En segundo lugar, la PPR tardó casi un mes y medio en cumplir con el pedido de material videográfico que realizó Pujol y solo entregó una compilación de videos de medios como Diálogo UPR obtenidos del internet y no del Centro de Recopilación y Análisis de Inteligencia Criminal (CRADIC) adscrito a la Policía, como debía ser – movida que el TCA catalogó como una “respuesta engañosa al pedido oficial”.
Incluso, luego de que la Policía sometiera los videos oficiales, el investigador determinó que al menos tres de los nueve habían sido editados y que, por ende, “estos hechos ponen en duda los videos que recibió el TCA, y se podría cuestionar si representan solo una parte de los incidentes grabados en ese día por CRADIC”, según dicta el dosier.
En tercer lugar, el reporte indica que la PPR ignoró múltiples peticiones del TCA respecto a los entrenamientos que habían recibido durante los últimos tres años que habían recibido los cinco oficiales que hicieron uso de fuerza en la manifestación del 25 de abril.
En respuesta a estas irregularidades y por recomendación del TCA, la Policía de Puerto Rico acordó implementar cuatro cambios, entre los que se resalta el entrenamiento de oficiales de alto rango en estrategia, tácticas, negociaciones y distribución de recursos en el manejo de incidentes, control de la multitud y actividades constitucionales; al igual que el entrenamiento de todos los oficiales de la uniformada en simulaciones similares a las de las manifestaciones que han continuado, incluso, durante este año.
Sin embargo, el reporte del Monitor de la Policía no alcanzó a discutir el uso de fuerza y de agentes químicos en la manifestación del pasado 1 de mayo, que suscitó el repudio de manifestantes y observadores por la manera en que la Policía condujo una serie de arrestos en la comunidad Santa Rita en Rio Piedras.
Se espera que estos detalles sean incluidos en el próximo informe del ente federal junto a una revisión de las medidas antes descritas.