Los niños, las mujeres, los indígenas, los jubilados y los migrantes, son los nuevos rostros de los excluidos en Chile, un país que encabeza la región en su ingreso por persona, pero donde un quinto de su población vive bajo la línea de pobreza.
Luz Chilón, una peruana de 25 años, originaria de la ciudad de Trujillo, llegó hace cuatro años a la capital de Chile, en busca de nuevas oportunidades.
Actualmente trabaja en una peluquería y percibe unos 428 dólares mensuales, insuficientes para vivir y pagar la universidad donde alcanzó a cursar seis semestres de Enfermería.
Ester, la hermana mayor de Luz, de 33 años, emigró a Chile hace 15 años y trabaja como química farmacéutica.
Nancy, la tercera de las hermanas, de 23 años, arribó en abril para revalidar su título de farmacéutica, porque también quiere vivir en Chile, un país donde “se gana el doble que en Perú”, aseguró a IPS.
Según cifras oficiales, Chile cuenta con un ingreso por persona de $21,580 anuales, cifra que lo sitúa a la cabeza de América Latina.
Sin embargo, los niños, las mujeres, los indígenas, los pensionados y los más de 600,000 inmigrantes que viven en Chile, como las hermanas Chilón, configuran el rostro de los nuevos excluidos.
El país cuenta con 17.8 millones de habitantes, con ligeramente más mujeres que varones. Del total, 1.4 millones corresponden a población infantil, 1.6 millones son personas con 65 años o más, y 1.7 millones se declaran indígenas, un millón de ellos perteneciente al pueblo mapuche.
De acuerdo a un estudio del 16 de mayo de la católica Comisión Nacional de Justicia y Paz, este país sudamericano creció a una tasa de cinco por ciento anual promedio entre 1990 y 2014, pero persisten “exclusiones dramáticas e indignantes”.
Las cifras oficiales señalan que las personas en situación de pobreza medida por ingreso cayeron desde 38.6 por ciento en 1990, a 13.7 por ciento en 2006 y luego a un 7.8 por ciento en 2013.
Los mismos datos, arrojados por la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, añaden que la extrema pobreza pasó de 13 por ciento en 1990 a 3.2 por ciento en 2006 y a 2.5 por ciento en 2013.
Otros números positivos indican que la desnutrición infantil es casi nula pues alcanza a 2.7 por ciento, y que la esperanza de vida es de 80 años cuando en 1992 era de 74.1 años.
Sin embargo, más allá de los números, “nos encontramos también frente a cifras que muestran una persistente inequidad y la vulnerabilidad social que experimenta una gran mayoría de chilenos”, indicó el documento de la comisión católica.
Precisó que 20.4 por ciento de los chilenos viven bajo la línea de la pobreza, con un salario mensual de unos $195.
La gran magnitud de los pobres viven en la región de La Araucanía, en el sur del país, donde se concentra la mayor cantidad de población de origen mapuche, y donde 28.5 por ciento de sus habitantes son pobres.
Para José Vargas, director del programa de Políticas Indígenas de la Fundación Felipe Herrera, la pobreza entre los mapuche se debe “a que no han sido reconocidos como un pueblo ni en sus derechos y por eso tienen un trato desigual en las políticas públicas que se aplican en Chile”.
Añadió a IPS que los mapuches han sido “usurpados, excluidos y discriminados, especialmente en la Araucanía”.
“La industria forestal invadió y se adueñó de terrenos que son indígenas. Los mapuche han sido reducidos a sectores muy pequeños, donde no pueden producir lo suficiente”, relató.
La Araucanía es, además, la región que concentra mayor número de desempleados del país: 7.6 por ciento, según un informe de enero del Instituto Nacional de Estadísticas. El promedio del país fue de 5.8 por ciento.
Sin embargo, en Chile 53.6 por ciento de los trabajadores gana menos de 400 dólares y están altamente endeudados, por lo que tener empleo no garantiza su bienestar.
Para Nolberto Díaz, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, la pobreza, la exclusión y la inequidad que sufren los trabajadores chilenos está directamente vinculada a una “insignificante sindicalización” y a “la extensión del plan laboral” heredado por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
El Plan Laboral fue impuesto por la dictadura en 1979 y prohibió a los trabajadores negociar sus salarios más allá de la empresa, excluyó de la negociación colectiva a numerosos trabajadores, permitió a las empresas reemplazar a los huelguistas y quitó la titularidad de negociación a los sindicatos.
En abril, el parlamento aprobó una reforma laboral con la que el gobierno de centroizquierda de Michelle Bachelet pretende restablecer parte de los derechos eliminados. Pero ahora la norma es rechazada por la derecha opositora, que recurrió al Tribunal Constitucional para frenar sus avances.
En Chile los ingresos del 10 por ciento más rico son 26 veces más altos que los del 10 por ciento más pobre.
Díaz planteó a IPS que “gran parte de la riqueza del país y de los grupos más poderosos se ha construido sobre la venta y la explotación de los trabajadores y sus salarios precarios”.
Agregó que “mientras no se modifique el plan laboral las condiciones de desigualdad se van a mantener, porque la principal razón es la mala distribución del ingreso y la renta”.
Otros excluidos en Chile son los niños, que tienen una alta probabilidad de caer en las redes del narcotráfico y la delincuencia, según el Observatorio Niñez y Adolescencia.
También las mujeres, entre quienes la pobreza alcanza a 15 por ciento, dos puntos porcentuales más que en el caso de los hombres, y con remuneraciones 20 por ciento inferiores que las de ellos para un mismo trabajo.
Por su parte, 71 por ciento de los pensionados asegura que su renta no le alcanza para vivir y satisfacer sus necesidades básicas, en un contexto en el que el promedio de las pensiones es de unos 282 dólares mensuales y donde 403,000 adultos mayores perciben una pensión básica solidaria de solo $115.
“Es una verdadera paradoja que Chile sea un país que está superando incluso la barrera de las naciones de renta media y que ha reducido increíblemente su pobreza en dos décadas, pero que aún no resuelve cómo redistribuir de mejor manera la riqueza que genera”, afirmó a IPS el director ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza, Leonardo Moreno.
Añadió que “Chile es uno de los países más desiguales del mundo, pese a que a nivel de ingreso promedio del país quiera jugar en las grandes ligas”.
“Es preocupante que tantas familias sigan sin lo necesario para satisfacer su necesidades vitales”, subrayó, y advirtió que es necesario “construir políticas sociales participativas, no solo para individuos, y con enfoque de derechos humanos, pertinentes a cada territorio”.
Mientras tanto, Nancy Chilón deberá retornar a Perú y regresar a Chile en noviembre, para intentar aprobar seis de 10 exámenes que le exige la Universidad de Chile para convalidar su carrera, y que en primera instancia reprobó.
“Volveré. Quiero trabajar en Chile, a mi hermana mayor le resultó. Claro que antes parece que era más fácil”, puntualizó.
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