La jueza Geisa Marrero Martínez encontró causa para arresto contra siete de los once estudiantes que fueron citados por haber irrumpido en una reunión de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) el pasado 27 de abril. Sin embargo, la jueza no encontró causa probable para arresto contra los restantes cuatro estudiantes manifestantes.
Los alumnos contra quienes sí se les encontró causa son Verónica del Carmen Figueroa Huertas, Francisco A. Santiago Cintrón, Thaliangelly Torres González, Randiel J. Negrón Torres, Gabriel Díaz Rivera, Juan Carlos Collazo Vázquez y Paola Alexa Figueroa Carrasquillo por los artículos 156 de restricción a la libertad, 179 por violar el derecho a reunión y 245 por empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública del Código Penal de Puerto Rico. A cada uno de ellos se le impuso una fianza de $6,000.
Por otra parte, Marrero no encontró causa para arresto contra los estudiantes Mikael Eded Rosa Rosa, Juan Carlos Silén Hernández, Ernesto Alejandro Beltrán Feliciano e Ileana Marie Ayala Fontánez.
El abogado Frank Torres Viada, que representó a la estudiante Ileana Marie Ayala Fontánez, le indicó a la prensa que “esperamos que el Ministerio Público no cometa el error de continuar utilizando los fondos públicos del pueblo puertorriqueño en tiempos de crisis y acuda en alzada para solicitar una nueva determinación sobre este asunto”.
“Es un procedimiento completamente arbitrario, caprichoso que lo único que busca es, ante la falta de méritos de las acusaciones que se radicaron en el día de hoy, acallar al movimiento estudiantil de cara a las manifestaciones”, sostuvo el letrado.
Minutos después, la fiscal Yanira Colón confirmó a los medios que acudirían en alzada para intentar obtener una nueva determinación de causa para arresto contra los cuatro estudiantes a los cuales no se les encontró causa.
Sobre la vista que duró aproximadamente unas once horas, la abogada Wilma Reverón Collazo comentó que el proceso de presentar prueba por parte del Ministerio Público fue uno “bastante atropellado y mucha contradicción en los testimonios”. Reverón, que representó junto a los abogados Enrique Juliá y Juan R. Acevedo a Mikael Rosa y a Francisco Santiago, indicó que el video presentado en la sala por la fiscalía pudo haber tenido el efecto de “refutar la comisión de delito”.
“Fueron a reclamar que los atendieran, a reclamar un proceso de negociación con la Universidad”, puntualizó la abogada.
Sobre las imágenes captadas en video el abogado Torres Viada explicó que “lo que muestran a mi juicio es una protesta y una protesta que por su propia naturaleza puede resultar incómoda, pero la incomodidad es un atributo de la protesta en toda democracia”.
Por su parte, mediante comunicado de prensa, la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced sostuvo que “vamos a garantizar el derecho a la libre expresión pero este no puede ser utilizado como salvaguarda para cometer actos criminales y violentar los derechos a los demás”.
De acuerdo con el comunicado de prensa del Departamento de Justicia originalmente se radicó seis cargos contra los once estudiantes manifestantes por el artículo 245 (motín), artículo 195 (escalamiento), artículo 199 (daño agravado), artículo 179 (violar el derecho de reunión), artículo 156 (restricción de libertad agravada), y artículo 245 (empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública) del Código Penal de Puerto Rico.
La vista preliminar contra los siete estudiantes que se les encontró causa se pautó para el 23 de mayo.
El pasado 27 de abril, un grupo de estudiantes manifestantes irrumpió en una reunión de la Junta de Gobierno de la UPR donde se discutía el Plan Fiscal de la institución. Mientras se encontraban en la oficina del organismo pidieron a la presidenta de la UPR, Nivia Fernández, que firmara un documento en el que favorecía la auditoría de la deuda, cero aumentos en la matrícula y cero sanciones a los estudiantes.
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