El juez de New Hamsphire Paul Barbadoro denegó hoy la solicitud que le hicieron las organizaciones de periodistas en Puerto Rico para que revocara su orden de cerrar al público y a la prensa la segunda fase de la selección del jurado en el caso federal contra el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá. Luego de una vista en la que escuchó al abogado y presidente de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO), Oscar Serrano, exponer los argumentos de su organización y del Overseas Press Club (OPC), además de los argumentos de la defensa de Acevedo Vilá y de la fiscalía de Estados Unidos en Puerto Rico, Barbadoro sostuvo su determinación de que las entrevistas individuales a potenciales jurados sean a puerta cerrada. La alternativa que adoptó el Juez para atender los reclamos de los periodistas de que el proceso de selección del jurado es público al igual que el resto del juicio es que se harán disponibles las transcripciones de las entrevistas a los candidatos a jurados. Esto sucederá tan pronto el panel de los doce jurados y seis suplentes haya sido seleccionado y secuestrado, pero previo al inicio del juicio en su fondo. La ASPPRO y el OPC solicitaban al juez Barbadoro una reconsideración citando el caso Press Enterprise Co. Vs. Superior Court, 464 U.S. 501 (1984), en el que el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que es inconstitucional restringir el acceso del público y la prensa al proceso de selección de jurado que es parte del juicio. En ese caso, se estableció que para limitar esa apertura del proceso debe haber hallazgos específicos que afecten el interés del gobierno. Las organizaciones de prensa sostenían que en el caso contra el ex Gobernador se tomó la determinación de cerrar el proceso ante la solicitud de la fiscalía y la defensa de Acevedo Vilá, que se basaba en supuestos sobre el efecto que podría tener la presencia de la prensa en la sala. La petición se basó en que los potenciales jurados podrían sentirse incómodos con la presencia de la prensa, en que su identidad podría conocerse de antemano y en la posibilidad de que candidatos traten de influenciar a otros potenciales jurados. El Juez solicitó a los propios representantes de la prensa que le plantearan alternativas para atender tanto su reclamo como el derecho a un juicio justo e imparcial para los acusados. Serrano le planteó continuar con el sistema de cobertura cooperativa en el que tres representantes de la prensa entraban a sala y luego nutrían al resto de los medios de comunicación. Incluso se planteó la posibilidad de reducirlo a un periodista para minimizar el impacto visual que pudiera tener la presencia de la prensa en sala para los posibles jurados. Tanto la defensa de Acevedo Vilá, la de su ex ayudante Luis Inclán y la fiscalía federal argumentaron a favor de mantener cerrado el proceso. La fiscalía comparó el nivel de atención mediática del caso con el de Martha Stwart en Estados Unidos, pero dijo que en Puerto Rico la diferencia era que la prensa era “plus”, en referencia a la cobertura y la programación de los medios de comunicación alrededor del caso. El Juez notificó que ha sido informado y ha tenido acceso a transcripciones de programas de análisis político en los que participan abogados que litigan en el Tribunal Federal de Puerto Rico. En varias ocasiones se hizo referencia a ese tipo de análisis político como perjudicial para el caso y sobre la influencia que puede tener en la mente de los potenciales jurados. Las organizaciones de periodistas plantearon que no se podía penalizar a los reporteros asignados a la cobertura por el tono y las opiniones emitidas en los programas de análisis político. El juez Barbadoro concluyó que la mejor manera de garantizar un proceso justo e imparcial era mantener la selección del jurado a puerta cerrada y dar acceso a las transcripciones de todas las entrevistas una vez se constituya el jurado. Afirmó que hay hechos para fundamentar su determinación, por lo que declaró no ha lugar la petición de los periodistas. La primera fase de la selección del jurado se celebró con la presencia de una representación de la prensa compuesta por tres periodistas y cinco personas de público general. El caso contra Acevedo Vilá es uno de alto interés público en el que se establecieron reglas especiales de cobertura para que cada medio de comunicación pueda tener al menos un representante en sala cuando comience el juicio en su fondo. El juez Barbadoro ha anticipado que el jurado estará secuestrado y que no podrán tener acceso a noticias sobre el caso, aunque anticipó que se les permitirá contacto con los familiares bajo la supervisión de alguaciles de la corte. Estimó que el juicio en su fondo comenzará en algún momento de la próxima semana y que durará entre cuatro a seis semanas. El inicio del juicio se da a casi un año de que un Gran Jurado emitiera las primeras acusaciones contra el entonces gobernador y otras doce personas en marzo de 2008 por irregularidades en la recaudación de fondos para sus campañas políticas. Más adelante, en agosto de 2008, se radicaron cargos adicionales contra el líder popular. En diciembre de 2008, el juez de New Hampshire Paul Barbadoro desestimó 15 de los 19 cargos contenidos en la primera acusación contra Acevedo Vilá. El veterano líder político enfrenta nueve cargos por conspiración y fraude electrónico por los que se expone a una pena de hasta 20 años de prisión. Las determinaciones de culpabilidad en el Tribunal Federal deben ser por unanimidad. El equipo de la fiscalía federal para este caso estará comandado por la veterana fiscal María Domínguez. El resto de los fiscales serán Ernesto López Soltero, Jacqueline Novas, Timothy Henwood y Mathew Stennes. Mientras que la defensa del ex Primer Ejecutivo estará a cargo de los abogados Thomas Green, Bradford Berenson, Eric Shumsky, Harry Anduze y José Ortiz Vélez. La investigación federal contra Acevedo Vilá tuvo su origen en una querella que le radicó el también ex gobernador Carlos Romero Barceló en octubre de 2004 por irregularidades en sus recaudos para la campaña electoral del 2000. Ya en septiembre de 2006 las autoridades federales comenzaron a citar figuras ligadas a Acevedo Vilá para entrevistas o comparecencias ante un Gran Jurado. El 27 de marzo de 2008 agentes federales arrestaron a los doce coacusados en el caso. Al otro día, el Gobernador se entregó a las autoridades estadounidenses en la Isla y se declaró no culpable de los cargos que pesaban en su contra. A pesar de las acusaciones federales, Acevedo Vilá se mantuvo en la presidencia del PPD y aspiró a la reelección a la gobernación, pero fue ampliamente derrotado por el candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP), Luis Fortuño.
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