Pese a que el primer ejecutivo del país, Luis Fortuño, prometió en el día de ayer a varios líderes estudiantiles la remoción de los efectivos de la Fuerza de Choque que permanecen en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, aún en horas de la mañana se confirmó que éstos permanecen en los predios del Recinto.
El superintendente de la Policía José Figueroa Sancha reaccionó en referencia a la orden del Gobernador, indicando que estos efectivos aún tenían turnos que debían cumplir, sin embargo tan pronto los culminaran, abandonarían los predios de la institución. Además, Figueroa Sancha añadió que esto no significa que de ser necesario la División de Operaciones Tácticas (DOT), no intervendría nuevamente.
El anuncio de la salida de la DOT del Recinto formó parte de los resultados que suscitó una reunión que tuvo ayer el Gobernador con los estudiantes René Vargas, síndico estudiantil; Arturo Ríos, representante ante la Junta Universitaria; Omar Ramírez, presidente del Consejo de Estudiantes de Río Piedras, y José Nieves, representante ante la Junta Administrativa, donde entre otros temas se dialogó sobre la cuota de estabilización fiscal y las sanciones a estudiantes que han participado en las manifestaciones.
En el cónclave también estuvo presente el Secretario de Estado, Kenneth McClintock, quien convocó la reunión y explicó que el diálogo tuvo como propósito escuchar a los distintos sectores de la comunidad universitaria, a la vez que añadió que en los próximos días sostendrá dos reuniones con el Comité de Representación Estudiantil (CRE) organismo elegido en asamblea estudiantil para entablar el diálogo con la Administración, los cuatro líderes estudiantiles del recinto de Río Piedras, y el presidente de la UPR, José Ramón de la Torre.
En efecto, Ramírez se mostró esperanzado ante lo que llamó una apertura al diálogo, aunque, advirtió, “vamos a evaluar cuán genuina sea”.
“Lo positivo de esta reunión es que se abre la puerta con el estado”, dijo Ramírez a Diálogo a lo que añadió que durante el encuentro, el Secretario de Estado se mantuvo firme en que sólo manejaría soluciones “en donde el Estado puede ayudar, como cuestiones de fondos”.
Por esta razón, ante la solicitud de eliminar las sanciones contra estudiantes huelguistas, tanto el Gobernador como el Secretario de Estado indicaron que ése es un asunto interno de la Universidad.
Los presentes también discutieron el Fondo de Becas de $30 millones. Ramírez explicó que ante dudas del CRE en cuanto a la distribución del dinero, el Gobernador se comprometió a que se asignarán $60 millones para el próximo año fiscal.
Asimismo, los estudiantes solicitaron una reunión entre el Secretario de Estado y el CRE a lo que el Gobernador dio el visto bueno para esa reunión que se celebrará hoy, y donde se discutirán las propuestas estudiantiles para aumentar los fondos otorgados a la Universidad.
Además, se pautó otro cónclave para el 4 de enero donde asistirán todos los representantes a nivel sistémico, el Secretario de Estado y el Banco Gubernamental de Fomento. Allí también se analizará la situación fiscal y se discutirán las propuestas de los estudiantes.
Discuten suspención sumaria
Por otra parte, en el día de ayer se realizó la vista de suspensión sumaria al estudiante Giovanni Roberto Cáez, al que se acusa de haber incitado a la violencia durante la manifestación estudiantil realizada el lunes de la pasada semana, que culminó con el arresto de 17 universitarios.
En la vista, que se llevó a cabo en el edificio Plaza Universitaria en Río Piedras, tuvieron turnos a declarar un supervisor de seguridad de la UPR, identificado como Carlos Ruiz, el supervisor de Matemáticas de la Facultad de Naturales, Valentín Keyantou, y la vicepresidenta de Asuntos Académicos, Ibis Aponte.
Por su parte el, representante legal de Roberto, el licenciado Frank Torres, indicó que “ninguno de los testigos pudo probar los alegatos de la administración bajo el criterio de que la presencia del estudiante constituye un peligro inminente para la Institución”.
“Ya han visto que hasta el propio supervisor de la Guardia Universitaria dijo bajo juramento que en ningún momento se sintió intimidado¨, añadió Torres.
Asimismo, el licenciado explicó que Ruiz sólo ubicó a Roberto haciendo señas a otros estudiantes y que Keyantou se limitó a declarar sobre lo que profesores de su Facultad le contaron.
Entre tanto, la líder estudiantil y miembro del CRE Xiomara Caro se mostró indignada al entender que la administración de la Universidad “está tratando de fabricarle un caso” al estudiante de la facultad de Educación.
“Los testigos no pudieron identificar al compañero Giovanni Roberto haciendo nada inusual”, añadió la estudiante. Mientras, explicó que la tercera testigo, la vicepresidenta de Asuntos Académicos, Ibis Aponte mintió bajo juramento ya que, dijo que no había problemas de liderato y gobernanza, que no había negligencia de parte de la administración en el proceso de acreditación. Sin embargo, todos los informes indican que en el estándar número cuatro tienen en probatoria a la UPR”.
“Están dispuestos a poner su liderato a mentir bajo juramento en un proceso administrativo. Eso es sumamente penoso. Ella mintió abiertamente hoy”, opinó Caro.
Más ventanas de posibilidades
En un intentó por buscar nuevas alternativas para subsanar el deficit económico por el que atraviesa la UPR, el representante Charlie Hernández radicó una medida para eliminar la exención de arbitrios a compradores de bebidas alcohólicas en tiendas militares con la que espera recaudar la suma de $180 millones, que tendrían como propósito suavizar el impacto de la cuota de estabilización fiscal.
Según el legislador, “la presente administración tiene que definir sus prioridades, ya que el gobierno debe decidir si favorece alcohol barato para los militares o una Universidad económicamente accesible”.
La medida reitera la política pública del Estado Libre Asociado (ELA) contra el consumo y abuso del alcohol definiéndolo como un producto que causa dependencia física y sicológica.
“Simultáneamente atiende un asunto de salud pública, de seguridad pública y de educación poniendo las prioridades claras en la gestión pública” añadió el funcionario.