La respuesta del presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Miguel Muñoz, siempre ha sido la misma. “Nosotros estamos listos para recibir a la National Science Foundation (NSF) en el momento que ellos digan”. Pero lo cierto es que, a juzgar por las acciones recurrentes de la NSF en contra de la UPR, a la alta jerarquía de la institución pareciera no importarle enfrentarse a uno de los retos más trascendentales que haya experimentado la Universidad del Estado en décadas, al punto de que al día de hoy, continúan congelados más de 90 millones de dólares que provee la NSF a la UPR para el desarrollo de investigaciones.
El pasado mes de febrero, se cumplieron tres años desde que la agencia federal visitó las oficinas de la UPR. En aquella ocasión, la NSF alertó a la administración universitaria sobre 32 señalamientos de incumplimiento de normas y concedió cinco meses para que se corrigieran.
Si por alguna razón este plazo no parece razonable, cabe señalar que la NSF viene haciendo señalamientos a la UPR desde el año 2006, cuando el sistema universitario fue auditado por dicha entidad, según explica el propio doctor Manuel Gómez, director del Centro de Recursos para las Ciencias e Ingeniería (CRCI) de la UPR y quien hoy, alegadamente, es uno de los responsables de las acciones que ha tomado la agencia federal contra la Universidad.
Según Muñoz, de los 32 señalamientos, la Universidad aún no ha cumplido con tres. Estos casos están relacionados con los informes de tiempo y esfuerzo que los investigadores deben entregar a las oficinas de asuntos externos y recursos humanos de los distintos recintos o centros de investigación y que, a su vez, deben ser entregados a la NSF.
El problema con los informes surge debido a la falta de uniformidad de los documentos en el sistema universitario, lo que hacía confuso su contenido y no permitía un análisis claro y preciso por parte de la NSF. Para resolver este asunto, explica Muñoz que la Junta de Síndicos estableció una serie de certificaciones que harían el proceso más claro, combinado con un sistema electrónico que agilizaría los trámites de la documentación.
No obstante, “en varias ocasiones el doctor [José] Lasalde, [vicepresidente de Investigación y Tecnología], dijo que todo estaba resuelto ya y después resultaba que la respuesta de la NSF era que todavía faltaban cosas que hacer”, expresó el presidente de la UPR. En entrevista con Diálogo, Gómez había señalado que si el doctor Muñoz hubiera supervisado con premura el trabajo de Lasalde, los señalamientos de la NSF se hubieran resuelto a tiempo.
A raíz de la congelación de fondos, la UPR solicitó el pasado mes de enero a la Junta de Síndicos la aprobación de un préstamo $6.9 millones, con cargo a la línea de crédito de la Universidad con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF). La aprobación de estos fondos no contó con el voto de los síndicos Ana Matanzo, Carmen Ana Miranda, Christopher Torres Lugo, Isabel Picó y Carlos Pérez, quienes denunciaron un posible mal uso del dinero para el pago de una compensación indebida al doctor Gómez.
Según Torres, síndico estudiantil, a los miembros de la Junta no se les entregó ningún documento que desglosara de manera específica cómo se iban a utilizar los fondos.
“Aunque de la Certificación [27]se desprende que es para correr las investigaciones, por lo que incluye el salario de los investigadores”, explicó Torres.
Sin embargo, Gómez insistió en que no había recibido sueldo ni compensación alguna proveniente de ese dinero que se aprobó, según el investigador, para salvar varios proyectos investigativos y el trabajo de estudiantes post doctorales, doctorales y graduados. Muñoz expresó a Diálogo que los 6.9 millones de dólares aún no se han utilizado. Ciertamente, Gómez no ha recibido compensación de estos fondos, pero la razón por la cual este dinero no se ha cobrado contrasta con la urgencia con la cual fue solicitado el préstamo. Según Torres, un error en los trámites del préstamo provocaron que se solicitaran al Fondo General de la UPR y no al Banco Gubernamental de Fomento, por lo cual el proceso se detuvo y aún no se ha culminado.
Según el director del CRCI, sus compensaciones se nutren de los fondos de costos indirectos que generan las investigaciones. Esta forma de pago de compensaciones provenientes de costos indirectos, explican los síndicos, no es contabilizada en la Forma 125-B, documento que debe firmar Gómez y que es requerido por la NSF para constatar el cumplimiento de las normas de tiempo y esfuerzo.
Este esquema se torna invisible para la NSF y, según admitido por miembros de la Vicepresidencia de Investigación y Tecnología (VIT) en reunión con la Junta de Síndicos, si la Fundación conociera de estos pagos de compensación provenientes de fondos indirectos, se podrían afectar todos los esfuerzos para revertir la suspensión de fondos de la NSF.
No obstante, para el Presidente de la UPR no se está cometiendo ninguna acción indebida. Por el contrario, asegura que se trata de dinero que la Institución invierte y que es reembolsado con fondos federales. Según Muñoz, la Junta de Síndicos establece bajo certificación que ese dinero se debe utilizar, no solo para pago de luz, agua, empleados y otros costos indirectos, sino que deben utilizarse para promover la investigación. “Es dinero que la institución utiliza para las funciones diarias o para promover la investigación, y una de las formas de promover la investigación es pagarle a las personas para que escriban propuestas”, sentenció.
Comentarios
David Cordero Mercado
Periodista. Completó bachillerato en Información y Periodismo, segunda concentración en Ciencia Política, de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Es estudiante graduado en la Escuela de Administración Pública del recinto riopedrense. Obtuvo el premio por el Mejor Reportaje Especial de la prensa escrita de Puerto Rico, otorgado por la ASPPRO en el 2013. Además, fue nominado en 2014 al premio por el Mejor Reportaje de Interés Humano, que otorga el Overseas Press Club Puerto Rico.
