Nuevamente en peligro el Corredor Ecológico

Al parecer, a las nueve de la mañana los cangrejos violinistas salen de sus cuevas para desayunar en el Corredor Ecológico del Noreste (CEN). Casi llegando a Playa Escondida en Fajardo, una decena de crustáceos se pasean felizmente. Al sentir la presencia humana, se esconden, vuelven a sus casas subterráneas. Quizás por miedo. Tal vez, el mismo temor que sobrecoge a los defensores de esa reserva natural ante la posibilidad de que sea liquidada como un inmueble más en una negociación de quiebra o durante un remate de algún acreedor.

Y es que el Corredor aparece en la lista de propiedades que forman parte de nuestro patrimonio natural, cuya titularidad reside bajo alguna de las corporaciones públicas que se encuentra en aprietos financieros.

No sería la primera vez que el CEN está en peligro. Anteriormente, varios proyectos han sido diseñados para construirse en este lugar, por ejemplo, San Miguel Resort y el Dos Mares Resort. Las disputas se resolvieron en los tribunales a favor del Corredor.

Pero esta vez es diferente. Puerto Rico está subyugado a una Junta de Control Fiscal que tiene poderes para derogar leyes estatales por el bien de la restauración financiera. El fin del impuesto ente federal es poner en orden las finanzas del país para pagarle a los bonistas.

Hasta este momento, el 70% del CEN –unas 2,100 cuerdas– son terrenos públicos pertenecientes a la Compañía de Fomento Industrial, Compañía de Parques Nacionales y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Tierras, que de derogarse la Ley 8 de 2013 podrían quedar a expensas de los desarrolladores.

Diálogo supo que la Compañía de Fomento es propietaria de unas 966.76 cuerdas de terreno en el CEN. Varias de estas propiedades, como la Finca Las Paulinas y la Finca el Convento, fueron adquiridas antes de que Fomento realizara una emisión de bonos en 2003. Dicha emisión ponía como garantía de pago los bienes reales de Fomento.

En estos momentos, hay un acuerdo de manejo en el que la Compañía de Fomento Industrial autorizó al DRNA a operar los terrenos en virtud de lo que dispone la ley, explicó el planificador ambiental Luis Jorge Rivera Herrera, aunque puntualizó que la titularidad debe recaer sobre una sola entidad para asegurar el uso correcto de los mismo.

Aunque la ley ordena la adquisición del 30% de los terrenos que están en manos privadas, “históricamente el Departamento de Recursos Naturales no ha contado con los recursos económicos o fiscales para poder llevar acabo su función de adquirir terrenos para conservación”, dijo Rivera Herrera, ganador del Premio Medioambiental Goldman 2016 por su encomiable labor de protección del CEN.

“En el escenario que estamos ahora mismo pues esa posibilidad es aún más remota, eso lo hace todavía más difícil, pero no imposible. Y de hecho la mayor parte de los terrenos, de las 600 cuerdas que el Departamento ha adquirido en los pasados años, ha sido a través de pareos con fondos federales”, añadió.

Estos fondos federales han venido mayormente de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) y el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestres, agencias que se verán afectadas de aprobarse el borrador del presupuesto presentado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Asimismo, Rivera Herrara destacó que fundaciones de Estados Unidos están interesadas en aportar dinero para poder adquirir los terrenos que faltan, pero que las implicaciones de la ley Promesa mantienen en suspenso la donación.

“El mayor riesgo que tiene el Corredor –dentro de estas circunstancias fiscales y lo que dispone Promesa– es la venta de terrenos públicos particularmente los que pertenecen a la Compañía de Fomento Industrial para que el gobierno pueda generar liquidez y poder ayudar a sufragar los servicios básicos y esenciales, así como pagar la deuda”, detalló el líder ambientalista.

El problema se agrava más todavía cuando la propia Compañía de Fomento puso como garantía sus bienes reales para la emisión de bonos. Estos inmuebles incluyen, entre otras cosas, la maquinaria, los edificios y los terrenos que posee.

Así, la Junta de Control Fiscal, bajo la Ley Promesa, vendría a ejecutar estas garantías si Fomento no puede emitir pagos a los bonistas.

Sin embargo, “aun sin Promesa, si algún dueño de bonos de Pridco [siglas en inglés para la Compañía de Fomento] no le paga, él puede acudir rápido a un tribunal y le pide a un juez que le paguen vendiendo esos terrenos al mejor postor o pasándole el título de propiedad”, señaló.

Corredor Ecológico del Este/febrero 2010

El Corredor Ecológico del Noreste se extiende desde Luquillo hasta Fajardo. (Ricardo Alcaraz / Diálogo)

“Se nos va la vida”

Cristóbal Jiménez ha dedicado parte de su vida a defender esta reserva natural de más de tres mil cuerdas de extensión con la Coalición Pro Corredor Ecológica del Noreste. Con una energía inigualable guía el recorrido desde el Balneario de Seven Seas en Fajardo. Habla de las maravillas del área con tanta pasión como si se tratara de un ser humano que necesita protección.

Cuenta que las playas del Corredor Ecológico son las más importantes para que los tinglares puedan anidar, debido a su fuerte oleaje. Narra cómo los mangles sirven de cuna para las primeras etapas de vida de las especies acuáticas. Cristóbal camina por el lugar escabroso con seguridad y los pájaros le silban, cantan, entonan su melodía.

El corredor alberga una gran cantidad de especies, más de 220, de las cuales unas 50 son endémicas, están amenazadas o en peligro de extinción. Viven en los bosques costeros, o en los manglares, o en las ciénagas, o en los pantanos, o en las marismas, o en el bosque de pterpocarpus, o en los arrecifes de coral, o las praderas de pastos marinos, o en la laguna bioluminiscente.

El lugar regala una sensación de tranquilidad. No hay carros, ni casas, ni ruido. Las vistas completan el éxtasis. Llegar a Playa Escondida es una sorpresa. Desde allí se divisan playas arenosas y rocosas, un bosque enano seco, El Yunque y el resto del CEN que se extiende hasta el casco urbano de Luquillo.

“Uf, hay muchas razonas para proteger el Corredor –dice Cristóbal–. Es balance, calidad de vida y motor económico”.

Por eso a Rivera Herrera le resulta “ilógico” e “irracional” la acción de poner como garantía o pignorar unos terrenos calificados como reserva natural.

La finalidad principal de una reserva natural es la preservación, conservación y la restauración de los recursos naturales del lugar.

Recientemente, ha estado en la palestra pública la próxima construcción del Dream Puerto Rico Resort & Spa en el Bosque Seco de Guánica. Para Rivera Herrera, este es un claro ejemplo de lo que podría pasar con los terrenos públicos del CEN.

“De perder el Corredor, perderíamos una oportunidad excepcional de no tan solo proteger una de las áreas de mayor valor natural de Puerto Rico y lo que eso significa para nuestro patrimonio natural y nuestro legado a la sociedad y futuras generaciones, pero también un lugar que puede servir de plataforma a un proyecto enfocado en ecoturismo”, resaltó.

Los daños al medio ambiente en la zona noreste ya se han comenzado a ver. Según un informe de 2014 del Instituto Internacional de Dasonomía Tropical, el Bosque Nacional El Yunque depende de que los terrenos en su periferia estén en su estado natural o forestados para producir lluvia.

En la medida en que se han ido urbanizando los terrenos en la periferia de El Yunque, –como lo es el pavimento y el cemento– ha aumentado la temperatura en la zona. Esto provoca que las nubes no se eleven súbitamente para condensarse, sino que lo hacen de forma gradual por el aire caliente que se refleja de la superficie pavimentada.

Este efecto logra que la precipitación se efectúe fuera de las áreas del Bosque Nacional. El Yunque le provee agua a toda la población del noreste de Puerto Rico, a gran parte del área metropolitana y el interior central del valle del Turabo.

Asimismo, la gran mayoría de agua que se almacena en el lago de Carraízo proviene de la cuenca de El Yunque, explicó el ambientalista, quien recordó los efectos que se han venido sintiendo tras el cambio climático y la sequía que sufrió el país en 2015.

Rivera Herrera está claro, si el gobierno de Puerto Rico continúa con las prácticas que ha adoptado hasta el presente “es la receta perfecta para el desastre”.

“Si hay un momento en nuestra historia como pueblo, por los pasados 500 años, en que es vital proteger nuestros recursos naturales, es ahora. No es solo proteger la flora y fauna como un deber filantrópico y moral, es que se nos va la vida realmente”, advirtió.

Este reportaje es parte de la serie especial Diálogo Verde 2017, en la que se analiza el impacto de la ley federal Promesa en el medio ambiente puertorriqueño.

Sigue aquí la serie especial:

1. Empeñado nuestro patrimonio natural bajo Promesa

2. A merced de Promesa las reservas naturales y terrenos agrícolas

3. ¿La antesala de Promesa? Venden y destruyen terrenos protegidos

4. Amenazada la supervivencia de los puertorriqueños por Promesa

5. JCF: Incertidumbre ecológica, esqueletos sin transparencia y poemas de conspiración (1ra. parte)

6. JCF: Incertidumbre ecológica, esqueletos sin transparencia y poemas de conspiración (2ra. parte)

7. “Proyectos críticos”: crecimiento económico cueste lo que cueste

8. JCF: Incertidumbre ecológica, esqueletos sin transparencia y poemas de conspiración (3ra. parte)

9. A la expectativa los residentes del Caño Martín Peña

10. Extensión de la PR-22 y el cuento del fracaso como progreso

11. Aguirre Offshore Gas Port, ¿un proyecto esencial?