Mientras el número de demandas por paternidad y abuso sexual de funcionarios civiles y militares de la ONU aumenta, el foro mundial trabaja con los países miembro para tomar medidas contra ese flagelo, entre ellas el análisis de ADN.
Las denuncias crecen de forma significativa de 12, en 2013 y 2014, a 15, al año siguiente, 33 en 2016 y 56, en 2017.
Con 95,000 funcionarios civiles y 90,000 uniformados en la ONU (Organización de las Naciones Unidas), la explotación sexual y el abuso no reflejan la conducta de la mayoría de las mujeres y hombres que trabajan para el foro mundial, indicó el portavoz Stephane Dujarric en la tercera semana de este mes.
“Pero cada acusación que involucra a nuestro personal socava nuestros valores y principios y el sacrificio de quienes sirven con orgullo y profesionalismo en algunos de los lugares más peligrosos del mundo”, añadió.
Por su parte, una portavoz de las fuerzas de paz de la ONU dijo a IPS: “Las misiones en el terreno asisten a los estados miembro, en cuya jurisdicción recae la paternidad y la manutención de los hijos, para que obtengan las muestras de ADN de madres e hijos con el fin de contrastarlas con el de los presuntos padres para confirmar o refutar la paternidad”.
Los puntos focales para paternidad son una parte importante del proceso, pues acortan la brecha entre la facilitación que ofrece el foro mundial, como la recolección de ADN, y los pasos necesarios según la legislación nacional para avanzar con las demandas.
“Varios países miembro crearon esos puntos focales, y la ONU facilitó el contacto entre ellos y los demandantes”, apuntó.
La protesta por solicitar a los funcionarios de la ONU un análisis de ADN previo a partir en misión es como presumir que el personal es abusador es una preocupación fuera de lugar, sostuvo Ma. Victoria (Mavic) Cabrera Balleza, directora ejecutiva y coordinadora internacional de la Red Global de Mujeres Constructoras de Paz.
“Debería considerarse una expresión de honestidad y sinceridad para el servicio”, arguyó. “Pero el análisis de ADN no debe ser la única medida para evitar la explotación sexual y el abuso”, acotó.
Especialistas recomiendan continuar el diálogo con los países que aportan soldados para que cooperen más. Además, la sociedad civil puede desempeñar un papel importante exigiéndoles mayor responsabilidad. Y la prevención debe hacerse antes del despliegue, durante y después, añadió Cabrera Balleza.
El uso del “Formulario de Denuncia de Incidente”, para mejorar la recolección de datos, asegurar que la investigación se haga en forma oportuna y otorgar asistencia a las víctimas de forma inmediata, es muy apreciado, agregó.
El foro mundial recibió “40 denuncias de todas las entidades de la ONU y socios en la implementación” entre 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2017, informó Dujarric el 22 de este mes. “No todas las acusaciones se verificaron totalmente y muchas están en la etapa preliminar” del proceso de investigación, precisó.
De las 40 denuncias, según los últimos datos actualizados, 15 proceden de operaciones de mantenimiento de la paz. Estas no son nuevas, se cargaron en la base de datos de Conducta y Disciplina a medida que ingresaban, que es un sitio de Internet de acceso público.
Las 25 restantes proceden de agencias, fondos y programas e incluyen ocho denuncias de nuestros socios en la implementación.
De las 40 denuncias, 13 se clasificaron como abuso sexual, 24, como explotación sexual y tres, de naturaleza desconocida.
Esas denuncias incluyen 54 víctimas, 30 mujeres, 16 menores de 18 y se desconoce la edad de las otras ochos. Doce de los 40 casos ocurrieron en 2017, siete, en 2016, tres, en 2015 o antes, y se desconoce la fecha de ocurrencia de otras 18, indicó Dujarric.
En lo que respecta al proceso, dos se corroboraron en la investigación, tres no se confirmaron, 15 están en distintas etapas del mismo, 18 están en la evaluación preliminar, y dos en etapa de revisión con información limitada de la entidad investigadora, añadió.
La idea de tomar muestras de ADN antes del inicio de una misión apareció por primera vez en un informe de la ONU de 2005, pero los defensores de la privacidad la rechazaron, recordó Sanam Naraghi-Anderlini, una de las fundadoras y directora ejecutiva de la Red Internacional de Acción de la Sociedad Civil (ICAN).
Una alternativa para hacer frente a un problema real es una estrategia de cinco etapas, detalló Naraghi-Anderlini, primera experta en género e inclusión del Equipo de Reserva de Mediación de la ONU.
Primero, la ONU puede capacitar e informar a su personal civil y militar sobre el problema y presentar el análisis de ADN como opcional.
La mayoría de los funcionarios que pretenden tener un comportamiento adecuado probablemente aporten una muestra, lo que podría alentar a otros a hacer lo mismo, consideró.
Segundo, antes del reclutamiento, durante el entrenamiento y la preparación de civiles y militares, el mensaje a este respecto debe ser claro y regular.
En caso de que sean responsables de agresión sexual o abuso, se suspenderá su sueldo de inmediato. Y si la investigación comprueba la denuncia, la relación laboral se terminará y la ONU recomendará el procesamiento penal en esos casos, así como en los de explotación de menores.
Tercero, si una persona sabe que ocurre un abuso o explotación y no lo denuncia, será cómplice y sufrirá las consecuencias y las sanciones correspondientes.
Cuarto, los países que aportan personal militar o civil a las misiones internacionales deben comprometerse a tomar medidas inmediatas para demostrar la seriedad de su compromiso.
Por último, como siempre, el reclutamiento y el despliegue de más mujeres, en especial en cargos altos, puede tener un impacto positivo en la prevención y mandar un mensaje claro de tolerancia cero a estos abusos, como pretende el secretario general, António Guterres.
La explotación de mujeres, niñas, niños y hombres cuando están en una situación de gran vulnerabilidad por parte de hombres pagados y desplegados para protegerlos en nombre de la comunidad internacional es de los delitos más atroces, subrayó Naraghi-Anderlini, también profesora adjunta de la Universidad de Georgetown.
La campaña Código Azul, de AIDS-free world, convocó a un movimiento similar al que se generó principalmente en Estados Unidos para denunciar el abuso sexual, llamada #MeTooUN.
“Cada vez más sola, la ONU minimiza, desestima, protesta y justifica. Su propio personal realiza ‘investigaciones’ internas a puertas cerradas, sin supervisión externa con el fin de exonerar al acusado y menospresiar al acusador”, reza una declaración divulgada este mes por Código Azul.
“Cuando sus altos funcionarios quedan expuestos por los medios como misóginos, o hasta criminales, la ONU ofrece al acusado una salida digna”, acota.
Código Azul denunció este mes varios casos como el de Justin Forsyth, secretario general adjunto y subdirector ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia que renunció tras una denuncia de acoso sexual contra una subordinada cuando trabajaba para la organización Save the Children.
Código Azul también denunció que altos funcionarios de la ONU acusados de acoso y abuso sexual gozan de suspensiones pagas, esperan que un sistema diseñado para proteger a los predadores los exonere, les agradezca por sus años de “servicio”, y delicadamente los coloque en lo más alto de la papelera de reciclaje.
