De nuevo es golpeada la salud. Sin embargo, esta vez toma los guantes la posibilidad del cierre de dispensarios en algunas regiones de la Isla, lo que provocaría que lesionados tuviesen que moverse hacia pueblos colindantes para recibir el tratamiento que sea preciso. Y es que Rafael Otero, presidente de la Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), señaló ayer a medios del País, que la administradora del Fondo del Seguro del Estado (FSE), Zoimé Álvarez Rubio, por un lado dice que no está en la plataforma privatizar el FSE, pero por otro lado está evaluando dispensarios como el de Jayuya, Utuado, Corozal y Coamo para cerrarlos. Según Otero, el criterio de costoefectividad de los dispensarios no debe preponderar sobre la garantía de servicios de salud a los trabajadores del País. Asimismo, destacó que ya se le ha comunicado anteriormente al gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, acerca de los cambios fundamentales que deben llevarse a cabo en la administración de la CFSE, puesto que el propósito no está siendo mejorar los servicios de manera inmediata porque los esfuerzos se están centrando en otras cosas. Las cinco uniones de la CFSE (la Unión de Empleados, la Unión de Contadores y Auditores Externos (UCAE), la Unión de Abogados, la Unión de Médicos y la Unión de Auditores Externos) se han unido para denunciar las políticas administrativas que ha adoptado la Administradora. Otero señaló, además, que “los dispensarios son esenciales para que ese pueblo trabajador de la montaña tenga esos servicios accesibles y no tenga que bajar al pueblo o a la región. Imagínese que un lesionado de Utuado que cada vez que tenga que recibir un tratamiento tenga que moverse a Arecibo o los de Jayuya a Ponce”. Con esto surge la siguiente interrogante: Ante evidentes situaciones que amenazan la salud pública, ¿está caminando el Estado en dirección de salvaguardar la salud del Pueblo o se ha corrompido el interés genuino en lo que es primordial?