La facultad de que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares remueva a los integrantes de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) –sin importar que hayan sido elegidos por el sector estudiantil o el sector claustral, y sin que la remoción pueda ser apelada– pone nuevamente en entredicho la autonomía universitaria, al tiempo que representa un potencial conflicto con estándares de acreditación federal.
Esa prerrogativa, de remover y también de colocar miembros, es una de las varias disposiciones que se incluyen en el proyecto de ley 451 de la Cámara de Representantes (P.C. 451) presentado el lunes por la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), y que se extiende a las demás corporaciones públicas que se rigen por una junta de directores o de gobierno, como la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.
En el contexto universitario, empero, lo que dispone la medida atenta con los estándares de acreditación federales. Particularmente, el inciso 2.b del séptimo estándar de la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE), dispone que los miembros de la Junta de Gobierno –el máximo foro rector de la UPR– no deben responder a presiones políticas ni económicas externas.
“Más allá de que esto pueda ser un asunto político-partidista, el artículo 26 del P.C. 451 plantea unas medidas específicas que van en contra de lo que estipula la Middle States. Esta acción denota poco conocimiento por parte de la administración actual sobre las reglamentaciones universitarias y una falta de compromiso con la institución”, subrayó María Pérez, portavoz del Caucus de Senadores Estudiantiles del Recinto de Río Piedras.
“El séptimo estándar de la Middle States, sobre la gobernanza, lo que busca que es que la universidad se mantenga lo más estable posible, no sujeta a intervención político-partidista, y que se continúen los planes de trabajo”, explicó por su parte Pedro Rodríguez, representante estudiantil subgraduado ante la Junta de Gobierno de la UPR y cuya silla, según el P.C. 451, estaría a merced de Rosselló Nevares.
El líder estudiantil detalló que, cuando se cambió la Junta de Síndicos por la Junta de Gobierno en el 2013, la MSCHE no desacreditó la UPR por la enmienda de ley, “pero en estos procesos sí hay una posibilidad de que la acreditación se afecte. Todo depende de qué se cambie y cómo impacte a la institución”, sumó.
Rodríguez adelantó que tanto él como el representante estudiantil graduado ante la Junta de Gobierno de la UPR, Gilberto Domínguez, y la presidenta del Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras, Wilmarí de Jesús, visitaron ayer oficinas de legisladores en busca de enmendar el artículo 26 del P.C. 451.
“Es asegurarnos de que los representantes de la universidad no sean tocados. Al ser removidos o colocados por el gobernador directamente, pues es difícil decir que hay representación, porque no se podría diferenciar a quién se estará respondiendo, si a los estudiantes o al gobernador. Lo correcto es que sigamos respondiendo al estudiantado”, apuntó Rodríguez.
Las consecuencias de poner en riego o perder la acreditación, afectan dos pilares de cualquier universidad: el prestigio de sus programas y el acceso a fondos, manifestó Rafael Aragunde, exrector de la UPR en Cayey.
“Sobre todo hoy cuando todos los programas aspiran a ser acreditados y a conseguir fondos, muchos de los que dependen precisamente de que estén acreditados. La acreditación, en la tradición estadounidense, es la garantía que tiene el Estado de que las instituciones universitarias cumplan con ciertos estándares para así justificar la inversión estatal”, expuso Aragunde.
Para Aragunde, que el gobernador pueda remover o colocar a miembros en la Junta de Gobierno de la UPR “va en contra de la tradición universitaria y violenta el orden institucional y que las cosas funcionen como tienen que funcionar”.
El también exsecretario de Educación fue enfático en señalar que si bien el P.C. 451 es el más reciente ejemplo de cómo la universidad estatal está sujeta al vaivén de la administración política de turno, el precedente se encuentra en la creación de la Junta de Gobierno de la UPR bajo la administración del exgobernador Alejandro García Padilla.
“Aquí el primer error, el primer paso en la dirección equivocada, fue la eliminación de la anterior Junta de Síndicos con la creación de la Junta de Gobierno. Ya ahí se estableció un precedente terrible, y ahora se están pagando las consecuencias”, criticó Aragunde, catedrático de la Universidad Interamericana.
Más aún, agregó, el hecho de que la UPR participara de las vistas de transición deja en cruda evidencia la intervención política a la que está sujeta.
“Esas movidas lo que dicen es que se está tratando a la UPR como una agencia gubernamental más y eso cambia todo el panorama de la universidad. Si no se hace nada, es un anticipo de la muerte de la universidad como la conocemos”, sentenció.
