El restablecimiento del alza en la matrícula en agosto; la dilatación –sin fecha– de la discusión del informe final sobre la investigación de las becas presidenciales; el cuadre del presupuesto universitario en $1,470 millones para el año académico 2016-2017; y la renuncia del presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jorge Sánchez, es –en síntesis– el saldo de la última reunión para este año fiscal del máximo foro rector de la universidad del Estado.
Renuncia Jorge Sánchez
En agosto de 2016, los estudiantes subgraduados de nuevo ingreso del sistema de la UPR pagarán $57 por crédito –$2 más que el pasado semestre, o visto en conjunto, $855 por un programa de clases de 15 créditos–, lo que equivale a un aumento de $30 por semestre. La determinación se tomó luego que Sánchez y otros cuatro miembros de la junta votaran en contra de la moción para extender la moratoria establecida desde la Certificación 04 del año académico 2013-2014.
El voto de Sánchez provocó un empate 5-5 sobre la moción, lo que causó, por regla parlamentaria, que la misma quedara derrotada.
Los representantes estudiantiles Christian Arvelo Forteza y Harold Soto Fortuño, así como el licenciado Fernando Lloveras San Miguel, el secretario de Educación Rafael Román, y la educadora Ana María García Blanco votaron a favor de extender la moratoria. Mientras, los licenciados Juan Aponte Vázquez y Juan Acosta Reboyras, así como los representantes claustrales Edgar Resto y Gloria Butrón –junto a Sánchez– votaron a favor. El doctor Carlos Pérez Díaz, vicepresidente de la junta, se abstuvo.
Al momento de la votación, ya circulaba por diversos medios de comunicación la noticia de la renuncia de Sánchez. Luego de procesados los votos, Sánchez acusó sin evidencia a Arvelo Forteza de haber filtrado la información, y tras una intercambio verbal con el estudiante, se retiró de la reunión.
La renuncia de Sánchez se dio, además, después de discutido el asunto de las becas presidenciales. También renunció el exlíder sindicalista Dennis Hickey Rivera, nombrado por el gobernador Alejandro García Padilla en el 2013.
Entre comités las becas presidenciales
La comisión externa encargada de investigar las irregularidades en torno a la concesión de las becas presidenciales entregó su informe final hoy, tras cuatro meses de prórroga. Sin embargo, la Junta de Gobierno no discutirá el asunto hasta que se designe al representante estudiantil que fungirá como tercer miembro de un subcomité, que se encargará de presentar otro informe a la junta con recomendaciones de acción a la luz de los hallazgos de la comisión.
El detalle, empero, es que la Junta de Gobierno no se reúne hasta el 22 de agosto y para esa fecha, los actuales representantes estudiantiles no estarán en el organismo porque finalizan su término esta semana. La junta tampoco designó una fecha para que sea designado al subcomité cualquiera de los dos representantes estudiantiles que entran en funciones el 1 de julio.
Se prevé, pues, que en agosto se conforme un subcomité –compuesto por Pérez Díaz, la representante claustral Butrón y un representante estudiantil por nombrar– que se reunirá para leer el documento de más de 160 páginas. El organismo está supeditado al Comité de Apelaciones y Ley y Reglamento, que preside Pérez Díaz.
“El informe revela incumplimiento reglamentario, un trámite atropellado, incumplimientos con normas básicas y claros privilegios concedidos a los [becarios] del Recinto de Río Piedras”, señaló el licenciado Samuel Céspedes, quien junto a los abogados Dora Monserrate Peñagarícano y Juan Casillas Fernández conformó la comisión investigadora.
Esa afirmación general fue lo único que se ventiló sobre el contenido del informe.
Céspedes agregó que “si ustedes van a hacer algo con respecto a los hallazgos de esta comisión, tienen que proceder con el debido proceso de ley y que las personas señaladas puedan tener la oportunidad de defenderse. Pero hacer un issue de esto en este foro, no es el momento”.
El asunto de las becas presidenciales, en el ojo de la palestra pública desde febrero, permanece en suspenso toda vez que los miembros de la junta, a excepción de Arvelo Forteza, Soto Fortuño y Lloveras San Miguel, votaron en contra de que la única copia que existe del informe –en posesión de la secretaria ejecutiva de la junta, Sandra Espada– se distribuyera a todos los miembros, bajo la premisa de que el documento incluye “asuntos de personal”.
Así las cosas, la Junta de Gobierno no estipuló fecha para que el subcomité se constituya y, por ende, se discuta el informe sobre las becas presidenciales.
En $1,470 millones el presupuesto
En otros temas, el presidente de la UPR, Uroyoán Walker Ramos, discutió el presupuesto de la institución para el próximo año fiscal que comienza el viernes, fijado en $1,469.5 millones entre fondos estatales y federales.
En términos generales, $1,405 millones están destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de la universidad. El resto –$64,415 millones– irá al pago de la línea de crédito y de bonos.
Para el próximo año fiscal, la UPR permanecerá con su presupuesto congelado en $833.9 millones por virtud de la Ley 66 de 2014. Este sería el último año que la Ley de Sostenibilidad Fiscal mantendría fija la aportación estatal a la universidad.
