LIMA- Perú rechazó el miércoles acusaciones de genocidio de nativos amazónicos que fueron divulgadas por organizaciones de derechos humanos, de defensa al medio ambiente, y por el presidente boliviano, con relación a recientes protestas violentas que iniciaron las comunidades indígenas desde hace dos meses. El canciller José Antonio García Belaunde refirió que tal acusación “ha perdido peso y asidero” luego de que el relator de la ONU para los Derechos de Los Pueblos Indígenas, James Anaya, afirmó tras una reciente visita a Lima que en este país andino no hubo ningún “genocidio”. “Es evidente que el representante especial de las Naciones Unidas es una figura independiente y de prestigio, y él dice que no hay genocidio, y que no se puede hablar de genocidio”, dijo García Belaunde a la agencia estatal de noticias Andina. En la peor protesta contra el Gobierno del presidente Alan García, a inicios de junio se registraron 34 muertos -24 policías y 10 civiles-, según cifras oficiales. Pero los indígenas afirman que sus muertos suman decenas. García Belaunde dijo que en el contexto internacional sólo quedan “opiniones sesgadas” sobre el desarrollo del conflicto, que acabó luego de que el Gobierno retrocedió y derogó leyes que los indígenas consideraban afectaban a sus territorios. El presidente boliviano, Evo Morales, fue quien calificó como “genocidio” la muerte de indígenas peruanos que reclamaban derogar esas leyes de inversión en la Amazonía, aprobadas en el marco de un pacto de libre comercio con Estados Unidos. Morales, el primer presidente indígena en Bolivia y aliado del mandatario venezolano Hugo Chávez, es parte de un grupo de gobiernos de países latinoamericanos de tendencia izquierdista que critica fuertemente las políticas de Estados Unidos. Las relaciones entre Perú y Bolivia están tensas y Lima ha llamado en consulta a su embajador en La Paz en “señal de desagrado” por los comentarios de Morales sobre el conflicto. Perú acusó a Bolivia de estar detrás de las violentas protestas en este país, en contra del afán del presidente García de abrir la Amazonía a la inversión privada. El Gobierno de La Paz ha negado tal señalamiento.
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