Profesores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) presentan esta semana la segunda versión del Plan Fiscal Sostenible para la UPR (Plan SoS UPR 2.0) ante la comunidad universitaria y el país.
El Plan SoS UPR 2.0, redactado por miembros del colectivo de docentes autoconvocados PROTESTAmos (Profesorxs Transformándonos en Solidaridad Tornada en Acción) y de la Asociación de Profesoras y Profesores del Recinto Universitario de Mayagüez (APRUM), se presentará en la UPR en Cayey el viernes, 9 de marzo a las 2:00 p.m.. El texto completo ya se publicó en línea en protestamos.net el lunes 5 de marzo y más adelante, en el mismo medio, en su versión en inglés.
Esta segunda versión del Plan SoS UPR 2.0, que cuenta con las contribuciones de decenas de colaboradores, entre ellos reconocidos economistas y expertos en distintas áreas, enfatiza con ejemplos concretos la importancia de la UPR para la recuperación del país tras el paso del huracán María. En la primera línea del documento, se define la UPR como “la inversión pública sostenida más importante en la historia moderna del país” y se afirma que “en un momento de crisis fiscal a todos los niveles gubernamentales, no hay ninguna institución pública o privada capaz de absorber la multiplicidad de funciones que desempeña el sistema de la Universidad de Puerto Rico.
El Plan SoS UPR 2.0 “propone otra mirada, un cambio de paradigma y una agenda sensible y rigurosa para asegurar que Puerto Rico no solo supere esta depresión económica, sino que emerja fortalecido de la misma”, dijo en un comunicado Lissette Rolón Collazo, profesora de Humanidades en el RUM y coordinadora del plan.
De acuerdo con el comunicado, respondiendo al paradigma conceptual del “government social right sizing” que el economista José Alameda Lozada defiende en el estudio que recoge el primer capítulo del documento, el Plan SoS UPR 2.0 parte de siete premisas fundamentales:
1) la UPR es el principal catalizador de desarrollo económico sostenible para Puerto Rico;
2) la UPR es una “acreedora social solidaria” del país;
3) la UPR trabaja también en transformarse y hacer todas las economías posibles, mientras;
4) está identificando y operacionalizando nuevas fuentes de ingresos;
5) cualquier reducción en subsidios gubernamentales se debe distribuir acorde con el impacto económico y el rendimiento demostrado;
6) de todos modos, la UPR ha asumido y seguirá sufriendo reducciones en su presupuesto acorde la situación fiscal del país; y, finalmente,
7) es imprescindible fortalecer el recurso docente bajo condiciones laborales justas de modo que la universidad pueda asegurar su amplia oferta académica, sus múltiples servicios comunitarios y su importante perfil de investigación, que allegaría, a su vez, más fondos externos.
El documento, además, defiende la UPR como servicio esencial e incluye a esos efectos una “Declaración” preparada por Evaluz Coto Quijano, profesora de Administración de Empresas del RUM, para enmendar la Ley 20-1966, Ley de la Universidad de Puerto Rico, a los fines de reconocer y declarar a la Universidad de Puerto Rico un servicio público esencial.
Tras analizar la trayectoria e impactos de los recortes a la UPR en años recientes, el Plan SoS UPR 2.0 analiza tres modelos de alternativas a los excesivos recortes propuestos por la Junta de Control Fiscal y aceptados por el gobierno y por la mayoría de los constituyentes de la actual Junta de Gobierno de la UPR:
1) una enmienda al borrador del Plan Fiscal del Gobierno que re-distribuya el mayor peso de la reducción de la inversión gubernamental a créditos e incentivos contributivos privados;
2) el cumplimiento con la Ley 2 de 1966 según enmendada, que invierte un 9.6% de los ingresos al Fondo General de Puerto Rico en la UPR; y
3) una reducción moderada de la aportación pública a la UPR.
El Plan SoS UPR 2.0 enfatiza que “es importante poner en contexto la magnitud de los recortes que se pretenden imponer a la UPR” y propone, en resumen, “que la asignación gubernamental para la UPR sea justa, de modo tal que se sitúe en un punto medio entre los escenarios extremos del empobrecimiento propuesto por el gobierno (recibiendo apenas $410 millones anuales en el 2023) y el ideal de aplicar la fórmula de 9.6% anual de todos los recaudos ($1,150 millones anualmente)”.
Como posibles fuentes de ingresos adicionales a la UPR, el plan presenta entre otras ideas, un impuesto progresivo al consumo de lujo (discrecional), según el lema “que aporte más quien más tiene;” un modelo de contribución de egresados de la UPR (que ya había sido planteado en la primera versión); un modelo de “responsabilidad social universidad-estudiante;” el fortalecimiento del acuerdo colaborativo entre la UPR y el Departamento de Corrección y Rehabilitación, a los efectos de ofrecer grados universitarios a la población privada de libertad.
Asimismo, el documento incluye una propuesta para amplia deliberación sobre la reorganización de la estructura de gobernanza de la UPR. Enfatizando la autonomía y la eficiencia, así como la urgente necesidad de minimizar la burocracia y la centralización. Esta propuesta contempla eliminar la Junta de Gobierno de la UPR y la Administración Central y crear una “Junta Ciudadana de Educación Superior” con miembros nominados por la comunidad universitaria en un proceso participativo y, luego, nombrados por el gobierno.
El Plan SoS UPR 2.0 también amplía la documentación sobre los diversos y sostenidos servicios comunitarios y de salud pública, la investigación para ofrecer soluciones a problemas de urgencia social, y las iniciativas de alcance educativo y comunitario de la institución. Provee detallados recuentos de las aportaciones de décadas de proyectos e instancias universitarias, tales como el Servicio de Extensión Agrícola, la Estación Experimental Agrícola, el Instituto Universitario para el Desarrollo de las Comunidades, el Programa Sea Grant y varios proyectos de ciencias e ingenierías, entre otros.
Finalmente, el Plan SoS UPR 2.0 está concebido por sus gestores como un documento vivo, por lo que cada capítulo o sección cuenta con un enlace para someter recomendaciones, propuestas o sugerencias. El documento también incluye un capítulo final titulado “Proceso participativo continuo” en el que se proveen contactos para comunicación directa con portavoces de PROTESTAmos y APRUM.
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