La situación actual de negociaciones entre el gobierno y los docentes no es un asunto laboral entre patrón y empleados. Es un problema de viabilidad de proyecto de país y de gran importancia para la sociedad puertorriqueña y su desarrollo. El no llegar a un acuerdo satisfactorio para todos podría tener consecuencias profundas en el sistema educativo y en el futuro del País en cuanto a la productividad, la cualificación de recursos humanos y en la provisión de servicios públicos a la población. Podría promover el éxodo de docentes y estudiantes hacia el exterior y, en el sector educativo privado; provocar una reducción en el reclutamiento de talento en los programas de formación de docentes en las universidades, en la retención de estudiantes en los programas de estudio; exacerbar las condiciones para un aumento en la matrícula de los gremios de docentes y reclamos por mayor participacion en la negociación colectiva con demandas de mayor participación en los procesos de formulación de política educativa y en la gestión en los centros escolares. Fomentar el crecimiento de trabajo complementario de los docentes para poder absorber los costos de vida y el pago de planes privados de retiro y salud para el periodo de jubilación. En todas estas situaciones, se podría seguir afectando la motivación, rendimiento, compromiso y desempeño de los docentes. Lo anterior apunta a la necesidad de llegar a un acuerdo razonable para las partes concernidas como punto de partida en una ruta para salir del problema, sin afectar el sistema educativo y la contribución que hace a la sociedad en su conjunto.
De acuerdo con el estudio de la UNESCO, Educación para todos: el imperativo de la calidad (2005), las reforma en la educación para elevar la calidad y efectividad depende de varios factores: la formación de docentes y educación continua en el servicio; los salarios y condiciones de trabajo; la motivación y compromiso de estos para reducir la brecha cognitiva, de conocimiento y tecnológica asociadas con el aprendizaje-aprovechamiento en las escuelas. Aunque los salarios de los docentes por sí solos no determinan la efectividad de la educación, se asocia con la actitud, compromiso, motivación de los docentes y su desempeño. Además, el estudio sostiene que la mejor inversión para obtener una mayor efectividad en la educación es aquella destinada a los docentes, su formación y educación permanente.
La educación como “bien público” puede proveerse desde el sector privado. Sin embargo, el derecho y obligatoriedad de la formación no puede estar sujeta al pago de costos que limiten su calidad, oportunidad de acceso, equidad de oportunidad para menores de edad de familias de bajo ingreso o condición social precaria. Por lo anterior, la educación pública no puede estar sujeta a la dinámica del mercado. A pesar de las opciones y alternativas de formación de la ciudadanía en diferentes modalidades, éstas no han podido desplazar el proyecto educativo y la responsabilidad social fuera del ámbito del estado.
Los servicios que presta el estado a la población para asegurar que se atiendan las necesidades de salud, nutrición, educación y seguridad, entre otros, están consignados en el pacto social para hacer posible la convivencia, el desarrollo de la colectividad y de los individuos que la componen. La educación es un derecho que asegura que las próximas generaciones contribuyan a las metas y aspiraciones de la colectividad hacia un desarrollo sustentable. La provisión del servicio de educación por empleados públicos permanentes de carrera como los docentes, garantiza el servicio a mediano y largo plazo con su conocimiento, experiencia y continuidad en la educación de las próximas generaciones.
En Puerto Rico, la crisis fiscal estructural y financiera del estado, unido a nuevas prioridades de seguridad, salud, inversión de infraestructura y tecnología, entre otros, limitan las posibilidades de mayor asignación de recursos a los procesos educativos y las condiciones laborales de los docentes en quienes descansa el deber y responsabilidad del proceso educativo en las escuelas y su entorno. A fines del siglo pasado, la situación de los salarios y la urgencia de mejorar la efectividad de la educación se canalizó con el proyecto de la carrera magisterial basada en el mérito con la participacion de los programas de formación de docentes desde 1999 con un presupuesto mucho menor que el elevar los salarios y condiciones de trabajo de los docentes. Igualmente, se aumentó el uso de fondos externos para la educación en servicio del docente y mejoras a las escuelas y en la variedad de servicios a los estudiantes. Las soluciones gerenciales de presupuestar en la educación han llevado a los docentes a nuevos espacios de resistencia, militancia e indignación ante promesas políticas a través de los años que no se han materializado. En particular, durante los últimos años, con la crisis fiscal y financiera del estado que ha estancado los avances por salarios más justos que ahora desemboca en una de limitación presupuestaria del gobierno y de crisis actuarial del fondo de retiro de los docentes de carrera que llegan a la tercera edad.
De acuerdo con la base de estadísticas de la Junta de Planificación, para finales del año 2012, la población de Puerto Rico se ha ido reduciendo por una salida significativa de profesionales y familias hacia los Estados Unidos que se estima en alrededor de 400,000 personas. La economía se ha achicado y estancado con un decrecimiento hasta llegar a -.03% en 2013. Hay alrededor de 41,490 docentes que ofrecen educación a una matrícula reducida de 472,930 estudiantes en 1,466 escuelas públicas de las cuales 1,321 están en planes de mejoramiento debido a que sus alumnos registran niveles de aprovechamiento y desempeño académico por debajo de los estándares establecidos. Según la Asociación de Maestros, los salarios de los docentes comienzan en $1,750 que, con los años de servicio y reclasificación por años de servicio y estudios de posgrado y especializados, fluctúan entre 22,000 hasta 38,000 dólares anuales.
Datos del Centro para la Nueva Economía revelan que la información actuarial reciente del Sistema de Retiro de los Maestros contaba al 30 de junio de 2013 con 41,973 miembros activos; 32,626 miembros pensionados; 2,239 miembros acogidos al retiro por discapacidad; y 3,131 beneficiarios especiales. A un total de 80,707 personas se les ha cotizado beneficios de jubilación por $12,351 millones mientras que el fondo de retiro cuenta con activos de $2,099 millones, con una deficiencia actuarial de $10,252 millones. Por otro lado, el Sistema de Retiro para Maestros tiene un déficit operacional anual significativo ya que, para el año fiscal 2013, el fondo recibió aportaciones patronales y de los docentes participantes por la cantidad de $275 millones, pero tuvo que pagar $606 millones en beneficios y gastos administrativos del sistema, que terminó con una deficiencia operacional de $331 millones.
La situación es aún más compleja y alarmante ya que con el surgimiento de la Asociación de Maestros en 1911, para el año 1917 con la Ley 62, los docentes cotizaban en un plan de retiro, pero no entran al sistema del seguro social en 1952 cuando se extiende su cobertura a los empleados del Gobierno Central de la Isla qué no tenian un plan de retiro con la jubilación. La ley 218 de 1951 estableció la base para el Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros de PR según actualizada con la ley de Sistema de Retiro de 2004. Los fondos del plan de retiro de los docentes se acumularon en el Departamento de Hacienda y desde 1970 se ha experimentado problemas con el fondo actuarial para el pago de pensiones de la matrícula de jubilados. Durante este periodo de tiempo, algunos docentes optaron por pagar su seguro social, por los salarios bajos prevalecientes, para la mayoría esto no fue una opción. La propuesta de la Ley 160 de 2013 de la legislatura bajo consideración en la legislatura actualmente, establece que los docentes comenzarán a cotizar para el seguro social a partir de agosto de 2014.
Los factores esenciales que determinan la formulación de política en la educación pública son los recursos fiscales, el manejo de las finanzas del estado, las familias, la contribución de otras entidades del gobierno, las universidades, la comunidad, la de grupos de poder, interés e individuos de la sociedad, y los recursos provenientes del exterior; la existencia, cualificación y competencia de los docentes, en relación con el perfil de la población de los educandos que definen el proyecto educativo, su alcance, metas y objetivos. Los proyectos de país, de ciudadanía, creación y valor añadido a través de la contribución de estos a la producción, la convivencia y desarrollo de la sociedad a largo plazo inciden en las generaciones que pasan por los procesos educativos en donde los protagonistas principales son los docentes y los estudiantes.
La crisis fiscal del estado ha llevado a los sistemas educativos a establecer límites y nuevas prioridades determinadas por un presupuesto reducido y la complejidad de los procesos educativos para poder dar respuesta a las demandas sociales y de productividad de los países. El futuro de los sistemas educativos depende de la viabilidad de implantación de las estrategias y líneas de acción de las políticas educativas, los recursos que se requieren, la eficiencia en el uso de estos, y la efectividad de los procesos educativos orientados hacia el desarrollo, el bienestar de la ciudadanía y la sociedad en su conjunto.
Finalmente, las negociaciones entre el gobierno y los docentes acerca del fin de una carrera con un retiro digno no es imposible, un acuerdo de la ruta a seguir es algo viable como ejemplo para construir la sociedad que van a heredar las próximas generaciones para que lo acontecido en el pasado, no limite el futuro que conlleva educar para un desarrollo sustentable, democrático y justo con equidad.
El autor es catedrático de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
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Colaboración especial para el periódico oficial de la Universidad de Puerto Rico.
