Últimamente he estado observando en nuestra Isla una tendencia que debe ser preocupante para todo boricua que le guste darse el palo: cómo poco a poco este Gobierno está limitando los derechos del consumo de alcohol. Esto no me afecta grandemente a mí, por supuesto: siendo una pequeña rata maicera, yo me ajumo con sólo dos o tres gotitas de maví que queden en un vaso. Sin embargo, para todos ustedes que me leen y están acostumbrados a poder beber responsablemente sin que venga el Gobierno a tratarlos como nenes chiquitos, la cosa está cada día peor. Todo empezó cuando hace algunas semanas se aprobó una ley que restringe a los establecimientos que venden alcohol de poder hacerlo luego de la medianoche. Para los que hayan estado prestando atención, la excusa gulemba de la Legislatura en ese momento fue que dicha medida sería “un buen paso” para detener la ola criminal — ¡porque como todos sabemos, no hay crimen que ocurra en Puerto Rico después de la medianoche que no envuelva una buena jumeta! La rápida aprobación de la ley también se dio poco después de la horrible matanza en el establecimiento La Tómbola en Toa Baja… ¡aunque esos sucesos se dieron a las 11:50 PM, no después de la medianoche! A fin de cuentas, el único suceso que esta ley quizás hubiera podido evitar es que cierto ajado político equino (cuyo nombre rima con “Carlos Romero Barceló”) se diera par de copitas de más y un empresario cubano jaquetón le hubiera majado el hocico; ¡incidentalmente, esto me parece ser el mejor argumento en contra de la medida! El más reciente atentado de la Legislatura contra todo aquél que le gusta darse su copita es que la Cámara de Representantes aprobó una medida para reducir el porcentaje máximo de alcohol en la sangre para los conductores de un 0.08% a un 0.02%. La encomiable idea detrás de la ley, claro está, es la de disminuir el número de accidentes automobilísticos causados por choferes en estado de embriaguez (algo que, dicho sea de paso, quizás podría lograrse más efectivamente simplemente quitándole las llaves a Lucecita Benítez y a El Amola’o). Sin embargo, no está claro que el límite actual de 0.08% sea demasiado alto, ni que reducir el límite haga nada más que convertir en criminales a todo aquél que se haya enjuagado la boca con Cepacol antes de meterse en el carro. Hay que preguntarse cuál es el peo atorado que tiene la administración actual contra el consumo del alcohol. ¿Será que cuando el Gobernador era chiquito tenía algún tío incordio que cuando se daba dos o tres palos se ponía a desentonar canciones cortavenas de Felipe Rodríguez? ¿O será que, entre todos los males que aquejan la Isla, el consumo del alcohol es algo sobre lo cual el Gobierno puede al menos fingir tener algo de control? Tal vez esto simplemente demuestra que el mantra del Gobierno es: “Si no puedes pasar una ley que sea efectiva… ¡al menos pasa una ley que parezca ser efectiva!”.