Luego de certificarse en los tribunales que varias agencias gubernamentales no llevaron de forma adecuada el proceso de cesantías con algunos servidores públicos, la Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal (JREF) anunció ayer que atrasará por 60 días las cartas de despido de más de 7,000 empleados de gobierno. Y es que el proceso de notificación a 7,191 empleados unionados que se iba a realizar este viernes 6 de noviembre de 2009 no se llevó con el debido proceso y es por eso que los tribunales han decidido que será efectivo en enero de 2010. Para este viernes sólo serán cesantiados 2,774 trabajadores gerenciales y de carrera no unionados y en enero se despedirán a los otros 7,191 que se suponía quedaran sin trabajo el viernes y a los 4,556 que desde un principio la JREF mencionó que se trabajarían hasta enero, quienes son mayormente empleados del Departamento de Educación. Sin embargo, aunque el JREF tomó la decisión de exigir que ciertas agencias repitan el proceso de notificación a los empleados unionados impactados por la implantación de la Fase II de la Ley Núm. 7 de Emergencia Fiscal, esto no representa una revocación de los despidos. “Las cesantías se van a verificar, pero a largo plazo es el mismo efecto. El Gobierno va a tener los ahorros que señaló el JREF, porque en el futuro esas personas no estarán”, expresó el secretario de la Gobernación, Marcos Rodríguez Ema a un rotativo local. Por otro lado, la JREF expresó también que hubo una reducción en el número total de empleados públicos despedidos que se supone fueran 16,970, según anunciado el pasado 25 de septiembre, pues este número bajó a 14,521, para una merma de 2,449. Esta diferencia de 1,649 trabajadores que se quedan en sus puestos se da debido que la JREF los dejará en sus cargos por razones de necesidad de servicio. Mientras, que se estarán evaluando a otros 800 casos de empleados que tendrían más de 13.5 años de antigüedad en el servicio público al momento de la cesantía. Funcionarios aseguraron que este el proceso de re-notificación que se hará efectivo en enero no va a cambiar la proyección de ahorros anuales por concepto de reducción permanente de nómina, pues se estima que ese ahorro seguirá siendo de $386 millones anuales. Sin embargo, esta demora de 60 días en la fecha de efectividad de las 7,191 cesantías sí tendrá un impacto de $60 millones en el flujo de caja porque los ahorros de esas cesantías en lugar de empezar a computarse en noviembre no se empezarán a realizar hasta enero de 2010. Todavía quedan aún pendientes en los tribunales unos 29 casos en los cuales se ha cuestionado la validez del proceso de notificación—tanto de antigüedad como de cesantía—seguido por algunas agencias en el caso de algunos empleados unionados. Los señalamientos envuelven mayormente tecnicismos en cuanto al proceso de notificación a las uniones, pues los empleados fueron notificados debidamente. Por esta razón, la JREF determinó que adoptará la interpretación más estricta en cuanto a los tecnicismos requeridos para la notificación a las uniones y exigir, por tanto, a aquellas agencias a las cuales corresponda que repitan dichas notificaciones de manera que cumplan con los tecnicismos requeridos para que no quede duda de que se están tomando las más estrictas medidas para salvaguardar los derechos de todos los empleados a ser cesanteados. Hasta este momento, el Gobierno ha realizado 14,521 despidos de empleados públicos sin contar las cesantías de este viernes y las de enero de 2010. En los próximos días, la JREF volverá notificar los despidos de unionados en ocho agencias, entre éstas las adscritas al Departamento de la Familia y los departamentos de Educación, Recursos Naturales y Ambientales y Transportación y Obras Públicas.
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