Los grandes proveedores de armamento violan el tratado que regula su comercio y que se propone frenar el flujo de armas pequeñas y ligeras hacia las zonas de guerra y los países con regímenes represivos, denuncian organizaciones de derechos humanos y analistas militares.
Las guerras civiles y los conflictos actuales en Iraq, Libia, Afganistán, Siria, Yemen, Sudán del Sur y Ucrania se agravan por los millones de dólares destinados al suministro de armas, la mayoría por parte de países que suscribieron o ratificaron el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), que entró en vigor en diciembre de 2014.
“El tratado es increíblemente importante”, observó Natalie Goldring, consultora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el Instituto Acrónimo para la Diplomacia del Desarme, en diálogo con IPS.
“Para decirlo de forma sencilla, si se implementara en su totalidad, tiene el potencial de salvar vidas”, subrayó Goldring, también integrante del Programa de Estudios de Seguridad de la estadounidense Universidad de Georgetown.
Pero sin una buena implementación se corre el riesgo de que siga la inercia y continúen las violaciones al derecho humanitario internacional y a los derechos humanos, alertó.
“Las últimas ventas de armas y las propuestas por los estados parte y signatarios podrían llegar a socavar el TCA”, apuntó Goldring, quien viene estudiando los 20 años de negociaciones del tratado, adoptado por la Asamblea General de la ONU en abril de 2013.
Las denuncias de violaciones coinciden esta semana con las reuniones de la segunda Conferencia de los Estados Parte, que comenzaron el 22 de este mes en Ginebra y terminarán este viernes 26.
Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Control de Armas, Forum on Arms Trade, entre otras, documentaron la continua transferencia de armas convencionales que podrían utilizarse para violar el derecho humanitario internacional y los derechos humanos.
El director de control de armas y derechos humanos de Amnistía, Brian Wood, dijo que el TCA puede salvar millones de vidas y por ello genera alarma que los estados que suscribieron y hasta ratificaron el tratado crean que pueden seguir suministrando armas a fuerzas conocidas por cometer y facilitar crímenes de guerra, así como emiten permisos de exportación aun cuando hay enormes riesgos de que las armas participen en graves violaciones de derechos humanos.
“Tiene que haber tolerancia cero para los estados que creen que pueden suscribir el TCA de la boca para afuera”, subrayó Wood.
Es obvia la necesidad de lograr una implementación efectiva, “de Yemen pasando por Siria hasta Sudán del Sur, todos los días mueren niños o quedan mutilados, hay civiles que sufren amenazas y son detenidos a punta de pistola y grupos armados que cometen abusos con armas fabricadas en países que están obligados por el tratado”, observó.
Al suministrar una lista de “transferencias inescrupulosas de armas”, Amnistía señaló a Estados Unidos, que suscribió el TCA, a la Unión Europea, que lo ratificó, e incluyó a Bulgaria, República Checa, Francia e Italia, por seguir suministrando armas pequeñas y ligeras, municiones, vehículos blindados y equipo policial a Egipto, “a pesar de la brutalidad con que reprime a la oposición y que llevó al asesinato de cientos de manifestantes, a miles de detenciones y a denuncias de torturas contra detenidos desde 2013”.
En 2014, Francia otorgó una licencia de exportación que incluyó una vez más a los sofisticados vehículos blindados Sherpa, utilizados apenas un año antes por las fuerzas de seguridad egipcias para asesinar a cientos de manifestantes en la plaza Rabaa al-Adawiya, en El Cairo.
Las armas suministradas por países signatarios del TCA siguieron avivando cruentas guerras civiles, denunció Amnistía, con sede en Londres.
Ese mismo año, Ucrania aprobó la exportación de 830 ametralladoras ligeras y 62 pesadas a Sudán del Sur, indicó.
Seis meses después de suscribir el tratado, las autoridades ucranianas emitieron el 19 de marzo de 2015 una licencia de exportación a Sudán del Sur con un número no revelado de helicópteros artillados y de ataque Mi-24 operativos.
Tres de ellos los usan actualmente las fuerzas gubernamentales de Sudán del Sur, y al parecer esperan otra entrega.
Además, en marzo de 2015, el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos aprobó la posible venta de equipos y apoyo logístico a Arabia Saudita por $24,000 millones, y entre esa fecha y junio de este año, Gran Bretaña hizo lo mismo por unas 3,400 millones de libras (unos $4,400 millones).
“Las aprobaciones coincidieron con un momento en que la coalición encabezada por Arabia Saudita en Yemen llevaba adelante ataques aéreos y terrestres indiscriminados y desproporcionados contra poblaciones civiles, algunos de los cuales podrían constituir crímenes de guerra”, reza un comunicado emitido por Amnistía el lunes 22.
Jeff Abramson, del Forum on the Arms Trade, comentó que las reuniones de Ginebra coinciden con la controversia generada por la transferencia y el uso responsable de las armas convencionales.
Entre las cuestiones que pueden discutirse en Ginebra, ya sea de manera formal o informal, se destacan la promoción de la transparencia en el comercio de armas y en su suministro a Arabia Saudita a la luz de la catástrofe humanitaria causada en Yemen, incluidas las últimas notificaciones de Estados Unidos respecto de la posible venta de tanques a Riad, indicó.
Por su parte, Goldring dijo a IPS que hace poco Washington propuso venderle 153 tanques Abrams M1A2 a Arabia Saudita.
“¿La respuesta del gobierno de Estados Unidos al presunto bombardeo de objetivos civiles por parte de los saudíes es venderles más armas?”, preguntó.
“No tiene sentido. Eso forma parte del patrón de continua transferencia de armas a pesar de los riesgos de que sean utilizadas para violar derechos humanos y el derecho humanitario internacional”, subrayó Goldring.
Los países sin un fuerte sistema de control de sus exportaciones han declarado que llevará tiempo implementar totalmente el TCA, mientras otros como Estados Unidos tienen inconvenientes internos para ratificar el tratado.
Pero una de las fortalezas del texto, explicó Goldring, son las especificaciones sobre las condiciones bajo las cuales hay que frenar la transferencia de armas. Los países no tienen por qué esperar la ratificación o su acceso al tratado para comenzar a implementarlas.
“El TCA es un tratado nuevo, pero no podemos permitirnos adoptarlo despacio. Mientras lo discutimos, se pierden vidas en todo el mundo. Necesitamos ser estrictos en su implementación desde el principio”, subrayó.
Otro asunto importante, destacó Goldring, es que la venta de armas sea transparente para que la ciudadanía comprenda los compromisos que sus gobiernos contraen en su nombre.
“Los gobiernos no deberían transferir armas a menos que estén dispuestos a hacerse responsables de ellas. Su posición contra la apertura y la transparencia generan interrogantes sobre qué tratan de esconder”, añadió.
Pero en definitiva, si bien la transparencia es importante para la discusión de estos temas, el asunto central es si se controlan esas transferencias. Las últimas ventas generan dudas importantes al respecto, observó Goldring.
“La Conferencia de los Estados Parte es una oportunidad fundamental para hacer frente a esas cuestiones”, remarcó.
“Para fortalecer el TCA, la conferencia debe concentrarse en esa preocupación clave y sustancial de los riesgos de mantener la inercia. Los estados no deben distraerse de los procesos”, añadió Goldring, quien se encuentra en este momento en Ginebra.
