Desde la instauración del nuevo gobierno, 20,000 empleados públicos fueron despedidos en Argentina. El fenómeno —explicado como una “limpieza” de “militantes” de la gestión anterior– se facilita por la precariedad laboral en el sector, pese a los avances de formalización del empleo de la última década.
“Hemos encontrado un Estado puesto al servicio de la militancia política”, justificó el centroderechista Mauricio Macri, en la presidencia gaucha desde el 10 de diciembre, tras ocho años de mandato de la centroizquierdista Cristina Fernández, y cuatro de su ya fallecido marido, Néstor Kirchner, ambos del opositor Frente para la Victoria.
“Queremos un Estado sin la grasa de la militancia”, reforzó su ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, en alusión a supuestas contrataciones clientelares.
El Observatorio del Derecho Social, adscrito la Central de Trabajadores de Argentina, contabiliza como despedidos a una mayoría de empleados de ministerios y empresas estatales, y de gobiernos provinciales y municipales, cuyos contratos eran temporales y finalizaban el 31 de diciembre. Pero en muchos casos se trataba de trabajadores con entre cinco y 10 años de antigüedad.
En La Plata, capital de la occidental provincia de Buenos Aires y gobernada por Cambiemos, la coalición de Macri, fueron despedidos 4,500 trabajadores públicos, que además resultaron reprimidos cuando reclamaron por la medida.
“La forma de enterarnos de los despidos fue traumática”, relató a IPS una de esas afectadas, Marcela López, que trabajaba desde hace ocho años en un programa municipal de asistencia a personas sin hogar, con un contrato que se renovaba cada tres meses.
“Cuando llegué a mi lugar de trabajo me habían sacado de la planilla. Nos mandaron a personal y nos dijeron que estábamos despedidos, aunque ellos no plantean despido, dicen que es contrato vencido”, lamentó López, sostén de su familia y con un hijo discapacitado.
El gobierno argumenta que son “ñoquis”, como se llama popularmente en Argentina a los empleados públicos que solo concurren a su puesto para cobrar el 29 de cada mes, día tradicionalmente dedicado a comer ese tipo de pasta en el país.
Pero López y otros despedidos aseguran que tienen como demostrar su asistencia al trabajo y su idoneidad profesional.
“Creo que el tema de los ñoquis es algo histórico que tiene que ver con un sistema de funcionamiento de la política. A mí no me parece mal que se quiera ordenar eso. Pero no puede ponerse a todo el mundo en esa categoría. Sobre todo a quienes sí trabajamos y que transformamos un programa en una política pública”, aclaró.
Julio Fuentes, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), consideró que si el gobierno quisiera detectar quien “cobra sin trabajar”, “nadie va a salir a defenderlo”.
“Pero eso se tiene que hacer sobre la base de un análisis serio, con participación de la organizaciones sindicales, con garantías para que no se cometan arbitrariedades”, dijo a IPS el también presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales.
En las diversas dependencias estatales, trabajadores denuncian que son interrogados para saber quien los recomendó, cual es su trayectoria y formación profesional. Algunos denunciaron que se revisaron sus perfiles en redes sociales para constatar su militancia política.
“¿Está el Estado hoy en condiciones de hacer un relevamiento exhaustivo, sistemático de las condiciones del empleo público cuando no existen siquiera estadísticas oficiales, o un organismo dedicado exclusivamente a compilar y sistematizar esta información?”, cuestionó en entrevista con IPS el docente Gonzalo Diéguez, director del programa de gestión pública del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).
Para la ATE, es una maniobra para justificar despidos indiscriminados y reducir el Estado, en el marco del plan de ajuste emprendido.
Esa arbitrariedad, consideró Fuentes, es posible gracias a la precariedad del trabajo público, iniciado con la flexibilización laboral neoliberal de los años noventa en Argentina.
“Hace mucho que venimos denunciando en América Latina, y en Argentina en particular, la situación de lo que se denomina contrato basura o empleo informal, pero que en definitiva son formas que han tomado los gobiernos para burlarse de la Constitución”, que garantiza la estabilidad del empleo público, destacó.
Argentina, la tercera economía latinoamericana, cuenta con 43.4 millones de personas y una población económicamente activa de 19 millones, con una desocupación que según datos oficiales se situaba en el último trimestre de 2015 en 6%, una cifra considerada insuficiente por los especialistas.
Según Fuentes, del total de 3.9 millones de empleados dependientes del Estado, 600,000 aproximadamente son eventuales, regidos bajo diversas formas de contrato y muchos sin protección social alguna.
De estos 600,000, 90,000 corresponden a la administración nacional y 510,000 a las provincias y municipios, sin sumar los servicios tercerizados, “otra forma de burlar los mecanismos del empleo público”, sostuvo el líder sindical.
Otro argumento del gobierno para justificar las cesantías es el crecimiento del Estado.
Un estudio de CIPPEC, todavía sin publicar, indica que entre 2003 y 2015 los empleados públicos aumentaron en 55%, incluyendo la administración central, organismos descentralizados y empresas públicas.
En ese período se crearon seis ministerios, 14 organismos descentralizados, 15 nuevas universidades y 10 nuevas empresas estatales.
“Creció el empleo público porque también creció el Estado, y su estructura organizacional. El Estado hoy brinda una cantidad de bienes y servicios que antes no brindaba”, rebatió Diéguez.
Aun así, Fuentes opinó que la recuperación del empleo público fue “absolutamente insuficiente”, después del “desmantelamiento” estatal iniciado por el presidente Carlos Menem (1989-1999), durante un profundo proceso de privatización.
“No hay un número excesivo de empleados públicos. Faltan empleados públicos, enfermeros, profesionales en todas las áreas”, aseguró
Pero, a su juicio, el nuevo gobierno argentino considera que hay exceso de empleo público porque “cree en un discurso en el que ya nadie cree, que el mercado va a regular las actividades y administrar un país”.
Para Fuentes, lo que se recuperó en la década pasada fue “el empleo de buena calidad prestacional pero de baja calidad contractual”.
El problema, expresó, es que la gestión pública se basó crecientemente en trabajadores con contratos flexibles, “fácilmente despedibles”, que los convierte en “rehenes políticos”.
En la última década, se crearon unos seis millones de puestos de trabajo, 19% de ellos en el sector público y el resto en el área privada, donde desde diciembre también se han producido unos 10,000 despidos, según fuentes sindicales.
También cayó el empleo informal —no registrado o negro, como se le llama en Argentina— que pasó de 50% a 35% según los últimos datos, pero todavía afecta a unos cuatro millones de personas, especialmente jóvenes.
“Más allá de la naturaleza de la decisión política de gobierno, de si decide o no renovar contratos, lo que está como cuestión de fondo es la vigencia de la informalidad en el empleo público”, destacó Diéguez.
Eso, dijo, agravado por los criterios de reclutamiento y selección de personal no basados en concursos públicos y sí en contratos que dependen de “cambios de color político partidarios”.
Para el especialista, el gobierno anterior avanzó en la formalización del empleo público.
Pero la gran cuenta pendiente, concluyó, es que no se repitan casos como los despidos masivos cuando hay cambios en el poder y que cuando comience una nueva gestión en Argentina, en 2019 “no se tenga que rever contratos, o que si se hace no se asemeje a una caza de brujas”.
