La presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Nivia Fernández, solicitó ayer a la superintendenta de la Policía, Michelle Hernández, que “certifique la posición y/o disponibilidad” de la Uniformada para la ejecución de la sentencia del Tribunal Apelativo vigente desde el 5 de mayo, que ordena la reapertura del Recinto de Río Piedras y la pronta reanudación de las labores académicas.
La superintendenta, empero, rechazó la petición, aduciendo que la política pública de la administración de Ricardo Rosselló Nevares “es respetar la autonomía universitaria”.
“El propósito de la comunicación fue confirmar la política pública del Gobierno de Puerto Rico de no intervenir en el conflicto universitario y que la Policía de Puerto Rico consignara su posición por escrito”, explicó la presidenta interina en un comunicado de prensa.
Para Wilmarí De Jesús Álvarez, presidenta del Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras, “es una pena que se asuma esta posición por parte de la presidencia. Nosotros ya hemos tomado una posición respecto a [Fernández]. La invitamos a que renuncie porque definitivamente no representa a los diferentes sectores de la comunidad universitaria y nos deja en una posición bastante compleja si esa es la postura que va a asumir”.
La orden judicial surge a petición de un grupo de estudiantes, en su mayoría de la Escuela de Derecho, quienes el 31 de marzo demandaron a la UPR en un reclamo por su derecho a estudiar. Luego que el Tribunal de Primera Instancia decidiera no ver el caso, el 5 de mayo el Tribunal Apelativo revocó el “no ha lugar” y ordenó la reapertura del recinto riopedrense en o antes del jueves 11 de mayo.
El campus está paralizado desde el 27 de marzo y en huelga indefinida desde el 6 de abril, cuando varias unidades votaron en la Asamblea Nacional de Estudiantes a favor de ese mecanismo de lucha en protesta al recorte de $450 millones planteado por la Junta de Control Fiscal al presupuesto de la UPR. Estimados de la Autoridad de Agencia Fiscal y Asesoría Financiera elevan esa cifra a $512 millones.
En dicho cónclave, sobre 10,000 estudiantes del primer centro docente del País favorecieron la renuncia Fernández.
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