Por el momento, la administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) apostará a su política de convivencia para atender los reclamos del sector estudiantil que desde hoy está en una huelga indefinida en siete de los once recintos del sistema universitario, indicó al mediodía la presidenta interina de la institución, Nivia Fernández.
En sus primeras expresiones tras la celebración ayer de la Asamblea Nacional de Estudiantes en el coliseo Roberto Clemente, la funcionaria agregó que mantendrá su postulación a presidir la UPR en propiedad, a pesar de que sobre 10,000 estudiantes solicitaron su renuncia al puesto. La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) también ha favorecido ese reclamo.
“Igual que asumí [el cargo] desde el 21 de febrero, me mantengo firme, trabajando con este equipo de rectores y rectoras y la Administración Central, defendiendo la universidad, defendiendo su misión, las operaciones y el buen funcionamiento de la misma, porque es nuestro deber ministerial. Uno no abandona el reto en tiempos difíciles. Yo soy producto de la universidad, llevo muchos años trabajando en ella, y entiendo que mi mayor compromiso debe estar aquí, viabilizando los mayores esfuerzos, viabilizando el diálogo y asegurando que la universidad si se mantiene operando, se mantiene siendo ese instrumento que por 114 años hemos sido”, respondió.
Adicionó que “no es una gestión fácil recibir reclamos de estudiantes que no puedan reconocer en la gestión de esta servidora que estamos haciendo el máximo posible por mantener este patrimonio para Puerto Rico”.
Fernández nuevamente reiteró que, si se hace un recorte de $450 millones al presupuesto universitario, la institución “quedaría inoperante”. Por eso, dijo, se están buscando alianzas con agencias para allegar ingresos y paliar el ajuste.
La UPR se encuentra en un proceso de revisión operacional tras la petición de la Junta de Control Fiscal (JCF) al gobierno de Ricardo Rosselló Nevares para que se reduzca la asignación presupuestaria estatal de $833 millones a $450 millones –un 54% menos– para el 2021.
Los detalles de dicha revisión operacional deberán reflejarse en un plan fiscal que la UPR entregará a la JCF el próximo 31 de abril. Ya la administración universitaria espera que para el año fiscal entrante (2017-2018), la UPR reciba entre $149 y $201 millones menos, aclaró Norberto González, director de la Oficina de Finanzas de Administración Central.
La oposición al recorte de $450 millones, que no ha sido fundamentado por el ente federal ni por la administración de turno, es –junto a la auditoría de la deuda pública que asciende a $70 mil millones– la principal razón para la realización de la huelga indefinida, de la que participan las unidades de Río Piedras, Cayey, Humacao, Ponce, Utuado, Arecibo y Bayamón.
En el caso de la UPR en Carolina, el estudiantado se unirá a la huelga indefinida el próximo 12 de abril, cuando culmine su cuatrimestre. En cuanto a la UPR en Aguadilla, el estudiantado realizará un paro de jueves a domingo por las próximas semanas. Los campus de Mayagüez y Ciencias Médicas aún no han determinado su curso de acción.
“Hemos estado dialogando con los rectores sobre qué implicaciones tienen estos reclamos de los estudiantes en cuanto al cumplimiento de la misión de la UPR”, dijo Fernández.
La presidenta interina planteó que cada unidad utilizará las herramientas de mediación y diálogo que entiendan correctos con sus estudiantes, dentro del marco que permite la Certificación 38-2015-2016 de la Junta de Gobierno de la institución, y “todos los recursos en ley y reglamento con lo que cuenta la universidad para mantener el diálogo abierto. El reto que tenemos es que el diálogo tiene que ocurrir en las dos direcciones”.
“Nuestra propuesta es que la UPR se mantenga abierta a la búsqueda de propuestas para llevarlas a las instancias que corresponda y asegurar que la universidad sea el instrumento de la búsqueda de soluciones, de la recuperación de Puerto Rico”, sostuvo Fernández.
A preguntas de Diálogo sobre por qué antes de ponderar los ajustes al primer centro docente del país, la Administración Central no se expresa a favor de una auditoría de la deuda –a diferencia de la Junta de Gobierno de la UPR, y también uno de los reclamos estudiantiles–, Fernández se limitó a decir que esa determinación recae en el ejecutivo. Rosselló Nevares ha rechazado que sea necesario el examen forense de la deuda.
En declaraciones escritas –y en sintonía con la postura de diálogo manifestada por Fernández– el primer ejecutivo señaló que “la comunidad universitaria tiene en sus manos salvar la UPR. Un cierre agravará la situación actual, poniendo en peligro su acreditación y el acceso a fondos federales”.
“Nos mantenemos firmes en nuestra voluntad de ayudar a enfrentar los retos fiscales de la UPR y seguimos en diálogo abierto con el estudiantado y miembros de la comunidad universitaria dispuestos a sumar más ideas y propuestas para que la universidad genere sus fondos propios y se convierta en una más autosustentable”, añadió Rosselló Nevares.
Inicialmente se hizo entrever durante la conferencia de prensa que la administración universitaria tenía el control de las unidades, aun cuando los portones ya están ocupados por los estudiantes como parte del proceso de protesta.
“Ninguna de las unidades ha perdido su control y gobernanza, porque a pesar de que tengamos unas expresiones de paro, los rectores mantienen los recursos de diálogo y mediación dentro de las unidades. Eso tiene que quedar claro: hay una manifestación de los estudiantes, pero eso no implica, en este momento, que la unidad ha perdido su control”, dijo Fernández.
Luego de un pulseo con la prensa, empero, se reconoció forzosamente por la presidenta interina y los rectores que los estudiantes tienen controlado el acceso en los ocho campus donde ya inició la huelga indefinida.
