
El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Dr. Jorge Haddock, propuso enmiendas al Proyecto del Senado 172, que propone una nueva “Ley de la Universidad de Puerto Rico”.
El presidente hizo las declaraciones ante la Comisión de Educación, Cultura y Turismo del Senado de Puerto Rico, donde condicionó el endoso al Proyecto del Senado 172, a que se le realicen enmiendas “que atiendan asuntos medulares para la gobernanza universitaria, la acreditación del sistema y sus programas académicos, y que le devuelva al primer centro docente su asignación presupuestaria original”.
Haddock, quien estuvo acompañado por los rectores y rectoras de las unidades y recintos de la UPR sostuvo que entre “las fallas y limitaciones identificadas en la medida que no la hacen recomendable, ni endosable, está el hecho de que propone una gobernanza que pone en riesgo inminente la acreditación de la UPR, pues sus disposiciones no cumplen con el Estándar VII de la Middle States Commission on Higher Education. Lo que, a su vez, afectaría el desembolso de fondos federales mediante los cuales se otorgan ayudas económicas a los estudiantes, entre otros”.
“Luego de evaluado el proyecto, no podemos avalarlo conforme fue redactado. Ya que contiene ciertas disposiciones que ponen en peligro la acreditación de la UPR y de conformidad con las leyes que rigen una corporación pública. Además, crearía mayor burocracia y dilación en los procesos, lo que ya estamos eliminando mediante la transformación administrativa y digitalización de procesos. Finalmente, no se proveen los recursos económicos necesarios para su ejecución. Algunos de los cambios propuestos deberían incluir las asignaciones presupuestarias correspondientes para lograr su viabilidad”, sostuvo el presidente ante la comisión presidida por la senadora, Ada García Montes.
“Reconocemos que es momento de atemperar la Ley de la Universidad a los tiempos y las experiencias actuales; así también nos parecen loables las motivaciones del sector de la comunidad universitaria que promueve el P. del S. 172. Sin embargo, como principal ejecutivo y máxima autoridad nominadora, tenemos la responsabilidad de advertir sobre las deficiencias del proyecto que podrían afectar significativamente al sistema universitario y la importante misión que cumple en Puerto Rico y el mundo”, añadió.
En su ponencia Haddock detalló que “debemos reconocer que, por años, la comunidad universitaria realizó diversos reclamos dirigidos a atender aspectos administrativos que debieron revisarse con anterioridad. Sin embargo, dentro de los confines de la actual ley, en mi administración hemos comenzado a atender muchos de los reclamos de la comunidad universitaria, producto de la pobre gerencia administrativa. En los pasados tres años hemos adelantado mucho y continuamos enfocados en transformar los procesos y estructuras administrativas para servirle mejor a la comunidad universitaria y a Puerto Rico”.
Durante la comparecencia de los representantes de la administración universitaria trascendió que el proyecto presentado en el Senado “no contó con la participación de sectores importantes de la comunidad universitaria; no fue sometido ni cuenta con el endoso de las juntas administrativas de los 11 recintos, la cual tiene que ser consultada, al igual que los senados académicos, la Junta Universitaria e incluso la Junta de Gobierno, sobre los procesos institucionales”, indicó.
“La UPR constituye un bien público esencial para la formación del capital intelectual en Puerto Rico, fomentar la movilidad social de nuestros ciudadanos e impulsar la evolución socioeconómica de Puerto Rico. Confío en que todos los presentes tenemos el interés de protegerla y promover su máximo desarrollo. Respetuosamente, les solicitamos que, en el ejercicio de su función legislativa, salvaguarden los fundamentos y preceptos que han sostenido a nuestra amada institución por más de 118 años”, concluyó el presidente.
Por su parte, se informó que los rectores solicitarán a la comisión que se les permita deponer en las próximas vistas públicas.