Profesor propone disminuir sueldo de empleados UPR para evitar aumento de matrícula

Al tiempo que la Universidad de Puerto Rico (UPR) elabora su plan fiscal revisado, y a pedidos de la administración para que la comunidad universitaria presente recomendaciones, el catedrático y excandidato a la presidencia de la institución Daniel Altschuler propuso crear un método de donación salarial de empleados del sistema para atajar el inminente aumento en la matrícula de los estudiantes.

Según el presupuesto consolidado de la UPR para el pasado año fiscal 2016-2017, el 71% ($719 millones) de los gastos consistió en el pago de nómina. Pero antes de considerar el despido de empleados o el aumento de la matrícula, Altschuler propuso una deducción de un 8% o 10% al sueldo de los trabajadores. “Que se baje el salario. Puede ser por tres años. Habrá una fórmula, una forma de hacerlo y se podría plantear que esa disminución de salario lo consideren como un donativo a la universidad, que hasta se puede deducir de la planilla. Hay formas de organizarlo que duela menos”, expresó el catedrático del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Naturales del Recinto de Río Piedras.

Por ejemplo, un profesor con rango de catedrático –y menos de cinco años laborando– recibe una compensación salarial de $80,124 anuales. Con este sistema, y calculando una reducción de 8%, donaría a la institución unos $6,409.92 (aproximadamente, $534.16 mensuales). Esto no considera los profesores de derecho, arquitectura e ingeniería, que tienen unos salarios más altos. Los presidentes de la UPR devengan un sueldo máximo de $105,000 anuales, lo que significa que estarían donando sobre $8,400 (unos $700 mensuales) a la institución.

Altschuler destacó que se pueden hacer excepciones para aquellos empleados que tienen un sueldo bajo. Además, proyectó que, de realizarse, mandaría un fuerte mensaje para que empleados públicos de otras agencias también hagan lo mismo.

“Tiene que haber otros métodos de ahorro en el plan fiscal, pero subir la matrícula –cuando el estudiantado nuestro se supone, y deseamos, sea representativo de toda la población de Puerto Rico– va a ser fatal, [pues] la mayor parte de los puertorriqueños son pobres”, apuntó.

Estimados recientes del Centro de Información Censal (CIC) de la UPR en Cayey establecen que el 52% de la población puertorriqueña vive bajo el nivel de pobreza luego del azote del huracán María en septiembre de 2017. En Estados Unidos, de acuerdo con el Censo de 2015, la pobreza ronda el 14%. Por esta razón, el catedrático descartó que se aumente la matrícula utilizando comparaciones con instituciones estadounidenses.

“Obviamente, a los empleados tampoco les va a gustar. La Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend), especialmente, pondrá el grito en el cielo, pero uno esperaría que, en solidaridad con toda la comunidad, sea aceptado. Tampoco estamos hablando de cortar el salario a la mitad, que sería el equivalente de duplicar la matrícula. Estamos hablando de un porcentaje razonable: 8% o 10%”, detalló.

El físico uruguayo, dedicado a investigaciones en el Observatorio de Arecibo, también resaltó que el alza en la matrícula pondría en desventaja a aquellos estudiantes que utilizan el sobrante de la beca para hospedaje, comida y transportación para poder asistir a la universidad.

Asimismo, recordó que “todos los puertorriqueños ya pagaron matrícula en la UPR si rindes tus planillas y pagas tus impuestos”. Al mismo tiempo, confesó que le preocupa el alza pues “por mucho menos que duplicar la matrícula” se han realizado huelgas universitarias que han paralizado el sistema por meses.

“Cuando una sociedad se encuentra en una crisis como nunca es mejor que todo el mundo dé un poco [a] que solo algunos, los más vulnerables, tengan que darlo todo. Si yo pierdo $5,000 de mi salario, tendré que ajustar muchas cosas, pero un estudiante no tiene $5,000 para agregar a su matrícula. Es mejor que botar gente y tomar otras medidas que nos quitan la calidad académica. Prefiero que nos sacrifiquemos nosotros a perder estudiantes”, expuso.

Actualmente, la UPR se encuentra en una campaña intensa de reclutamiento luego de que las solicitudes de admisión tuvieran una disminución en comparación con años anteriores.

Alomar dice que no tocará los sueldos

Sin embargo, el presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Walter Alomar Jiménez, descartó la propuesta y aseguró que las medidas para elaborar el plan fiscal revisado recaerán, en esencia, sobre un aumento en la matrícula a los estudiantes, una reducción de gastos administrativos y en lograr allegar fondos externos a la institución.

“Lo primero que estamos haciendo es reduciendo gastos. Luego pasamos a la generación de ingresos y luego al aumento de la matrícula”, expresó el profesor de la Escuela de Derecho de la UPR.

Ante preguntas de si la carga de lograr ahorros en la universidad recaería también sobre los empleados, Alomar insistió que “esa no es la política de esta administración. No vamos a reducir salarios, ni a despedir”.

La UPR se prepara para un recorte presupuestario de $423 millones, tal como dispone el plan fiscal del gobierno central, que se implementará de manera escalonada entre el 2018 y el 2022.

Aunque la comunidad universitaria ha pedido en reiteradas ocasiones que se divulgue el documento, la administración no lo ha hecho pues asegura que continúan trabajando en él, junto a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

Se espera que el plan fiscal revisado de la UPR esté listo el 28 de febrero, pero esperan poder compartir a la comunidad universitaria una versión casi completa para el 16, dijo Alomar Jiménez. El documento tiene que ser sometido a la Junta de Control Fiscal el próximo 9 de marzo, que decidirá si lo certifica, recomienda enmiendas o lo rechaza.

Diálogo lleva solicitando una entrevista con el presidente interino de la UPR, Darrel Hillman, desde mediados de enero, pero la petición no había sido atendida al momento de esta publicación.

No obstante, en una entrevista con Metro, Hillman Barrera expresó que se están enfocando en allegar fondos externos a la institución y que se centrarán en la consolidación de tareas administrativas.

Además, informó que algunos recortes que incluirá el nuevo plan fiscal ya han sido impuestos, como el recorte al plan médico y la reducción en el bono de Navidad.

Sin embargo, ante este tema, Altschuler opinó que “no han dolido mucho porque son cositas pequeñas”.

Ascensos en rango en tiempos de crisis

Por otro lado, mientras la UPR intenta cuadrar la ruta fiscal que regirá las finanzas institucionales por los próximos cuatro años, la Junta de Gobierno autorizó al Recinto de Río Piedras a otorgar ascensos en rango a catedráticos.

Esta nueva asignación ha levantado bandera tanto en los gremios estudiantiles como sindicales.

“Cada ascenso en rango que cuente con los méritos sí debe ser asignado. No obstante, la universidad no tiene las condiciones económicas y presupuestarias para poder costearlo”, denunció el presidente del Consejo General de Estudiantes riopedrense, Neftalí Sánchez.

Además, reveló que ese recinto destinó el semestre pasado unos $350,000 para realizar los ascensos que fueron certificados por la Junta de Gobierno en su última reunión de 2017.

Ante esto, el presidente del Capítulo del Recinto de Río Piedras de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), James Seale Collazo, llamó a la prudencia y resaltó que la misión central de la universidad es la docencia al estudiantado.

“Ese tipo de decisión se toma favoreciendo a gente que tiene más sobre los que tienen menos [como los profesores sin plaza]. Aquí lo que estamos hablando es de una ética en medio de una crisis impuesta de forma externa y que tenemos la responsabilidad de cuidar de la gente que está en una situación más precaria”, insistió.

Seale Collazó recordó que en años anteriores el sistema universitario estableció unos registros de ascenso en espera que se otorgaron posteriormente cuando las finanzas se estabilizaron.

Sánchez, por su parte, destacó que los nuevos ascensos han ocurrido sin que la UPR haya acatado correctamente la evaluación a los catedráticos aprobada por la Junta de Gobierno el año pasado.

Según las certificaciones 113 (2014-2015) y 35 (2016-2017), los catedráticos también deberán ser evaluados por los estudiantes y sus pares cada año académico. Sin embargo, estas valoraciones no son divulgadas a la comunidad universitaria.

“Estas directrices resultan prácticamente imposibles de implementar pues resultarían en un aumento significativo de trabajo y de papeleo burocrático para todas las partes concernidas”, alegó la profesora María Teresa Narváez en una columna publicada en 80 grados, fundamentándose en que “violan los derechos y beneficios inherentes a la libertad académica y a la permanencia”.

Sin embargo, en meses recientes ha salido a relucir en diversos medios el caso del profesor Humberto Malavé Núñez, de la UPR de Cayey, quien, se alega, incumplía sus deberes como docente al abandonar sus labores, quebrantar los objetivos del curso, intimidar a los estudiantes, entre otras imputaciones. Aunque existen varias querellas en su contra, el catedrático permanece en su puesto.

“La universidad no ha sido lo suficientemente consecuente, eficiente y eficaz a la hora de acoger las evaluaciones a los profesores, especialmente cuando se trata de los permanentes. Tiene que haber una evaluación mucho más rigurosa”, apuntó Sánchez.

Diálogo también solicitó una entrevista con el rector interino del Recinto de Río Piedras, Luis Ferrao, pero esta tampoco ha sido atendida.

Exigen que los recortes no toquen a los estudiantes ni a los empleados

En tanto, los presidentes de la Heend y la APPU declararon que los recortes pueden lograrse sin afectar a los estudiantes y empleados de la UPR.

De acuerdo con los líderes sindicales, el plan fiscal bien podría contemplar reducciones en Administración Central y una verificación minuciosa de los contratos que posee la universidad con entes privados, como es el caso de Plaza Universitaria.

“Ese contrato no lo quieren rescindir, y ese contrato cuesta $10 millones al año”, resaltó el dirigente gremial de la Heend, José Torres Rosario.

Seale Collazó, por su parte, ve difícil las medidas de ahorro a nivel administrativo –“donde más se podrían lograr las economías”– pues son los mismos funcionarios que elaboran el plan fiscal quienes tendrían que eliminar sus propios beneficios, así como los contratos de sus ayudantes especiales.

“Depende de que el administrador decida, voluntariamente, contar con menos gente apoyándole. En general, hay gente con más poder dentro de la universidad que siguen cogiendo para sí más recursos. Ahí tenemos las contrataciones –Oracle y Plaza Universitaria– y son evidencia de cómo la universidad se ha utilizado históricamente como conducto para pasar fondos a entidades privadas con conexiones al gobierno. Eso hay que pararlo”, denunció.

Mientras, el presidente de la APPU, José Rivera Caballero fue aún más lejos y propuso que el recorte se haga en los incentivos gubernamentales al sector privado.

“Según el plan fiscal [del gobierno central], a los incentivos del sector privado solo le van a quitar $65 millones”, resaltó al compararlo con el recorte de $423 millones que sufrirá la UPR.

Asimismo, destacó que la Legislatura tiene un estudio donde se identifica que en Puerto Rico hay sobre $500 millones en incentivos privados que son chatarra y que no tienen ningún impacto en la economía.

“Entonces, la lógica de este plan es quitarle dinero a la universidad cuando la evidencia de los estudios económicos es clara: cada dólar que pones en la UPR se multiplica, crea riquezas en el país. Entonces, le vas a dejar el dinero del pueblo al sector privado, dinero que no produce nada. Eso es un disparate”, añadió Rivera Caraballo.

Y es que, según el estudio El impacto socioeconómico del Sistema de la Universidad de Puerto Rico realizado por los economistas José Alameda y Alfredo González, por cada $100 que gasta la UPR se generan $156 en la economía puertorriqueña. Además, se producen 164 oportunidades de empleo en otros ámbitos por cada 100 trabajos en actividades que se realizan en la institución educativa.

“Hay alternativas, la cuestión es buscar y tener claras cuáles son las prioridades. Lo dice el Premio Nobel de Economía [del 2001], Joseph Stiglitz, que cuando se invierte –en tiempo de crisis– en la educación y en la salud se sale más rápido. Cuando se hace lo contrario, y lo dice el Fondo Monetario Internacional, se crea más crisis. Hay que ver qué es lo que quiere el gobierno. Hacia dónde nos quieren llevar”, advirtió Rivera Caballero.

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