Profesores y empleados de la Universidad de Puerto Rico (UPR) alzaron hoy su voz contra el plan fiscal aprobado el pasado martes por la Junta de Gobierno de la institución.
Miembros de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) y la Hermandad de Empleados Exentos no Docentes (Heend) se conglomeraron frente a las instalaciones de administración central de la UPR en el Jardín Botánico Sur para exigir que se detengan los recortes presupuestarios por medio del plan enviado anoche a la Junta de Control Fiscal.
“Estamos denunciando que el plan parte de aceptar incuestionablemente una serie de recortes que están siendo impuestos a la UPR que representan más de la mitad de la inversión pública en este proyecto que es tan importante y que estos recortes no deben ser aceptados”, señaló el presidente de la APPU, José Rivera Caballero, en un aparte con Diálogo.
El plan fiscal de la UPR contempla, entre otras cosas, un recorte de las aportaciones que hace el gobierno central a la institución ascendente a $423 millones hasta el 2023. Asimismo, el documento incluye varios aumentos para el estudiantado, como un alza en el crédito subgraduado que llegaría a los $115 tan pronto como en agosto de 2018.
Para Rivera Caballero, el gobierno “maltrata a los que han demostrado su compromiso con el país y han dedicado su vida a enseñar, investigar y servir”. (Paola Vargas/Diálogo)
Por su parte, el presidente de la Heend, José Torres, denunció que el presidente interino de la UPR, Darrel Hillman, no circuló el plan fiscal a la comunidad universitaria tal y como lo había asegurado.
“Es un plan que va en contra de los intereses de los estudiantes, de los trabajadores, incluso de la propia universidad”, estableció.
Rivera Caballero sumó que los recortes propuestos no son necesarios e incluso existen alternativas para evitarlos.
“Varios estudios señalan que el gobierno de Puerto Rico le regala cientos de millones de dólares en incentivos contributivos a empresas que tienen muy poco o ningún impacto en la economía”, sostuvo ante el grupo de manifestantes.
Añadió que “ante la emergencia ocasionada por la crisis económica y el paso de los huracanes, el gobierno justifica este gasto público sin rendimiento de cuentas, pero al sistema UPR, que tan necesario es para Puerto Rico, se le exige que justifique su existencia y se le castiga injustificadamente recortándole los fondos que necesita para funcionar efectivamente”.
Diálogo buscó una reacción del presidente interino sobre la manifestación, sin embargo, una portavoz de la administración universitaria comunicó que por el momento no se emitirían comentarios.
En cuanto a la propuesta de consolidar recintos o el establecimiento de conglomerados regionales, el representante de la APPU comentó que lo más preocupante es la posible eliminación de cerca del 62% de programas académicos.
Y es que, de acuerdo con el docente, el plan fiscal identificó que estos no cumplen o cumplen parcialmente con los criterios de tasa de graduación y tasa de retención.
“Son dos criterios que se quedan muy cortos, están muy limitado para medir el verdadero efecto que tiene estos programas en las comunidades puertorriqueñas. Está sobre la mesa, de acuerdo al plan, la eliminación del hasta el 62% de los programas. Eso afecta el acceso de la educación de los estudiantes… En este escenario es muy difícil prever cómo eso va a conllevar la pérdida de empleos”, agregó.
Asimismo, precisó que la comunidad universitaria ha impulsado propuestas para reformar y reestructurar los programas académicos anteriormente. Sin embargo, criticó que estas vengan de parte de la administración y no que no se realice un ejercicio participativo con todas las partes de la Universidad.
Pero, según ambos líderes sindicales, el plan fiscal también pretende propinarle un duro golpe al plan de retiro de los empleados del sistema. Tanto en la docencia como en empleos no docentes, ambos sectores aludieron a que se ha detenido la contratación y reclutamiento para plazas congeladas de los jubilados.
“La Junta de Control Fiscal ha dicho que el attrition no es suficiente. No solamente se pueden congelar, hay que eliminar las plazas, están achicando… El sistema nuestro de retiro depende de que se renueve la nómina. Ahora mismo las decisiones de hace años de no renovar esa nómina, sobre todo, la parte que participa de retiro, pone en peligro el financiamiento a mediano y largo plazo de nuestro sistema”, puntualizó Rivera Caballero.
Torres coincidió en que esta medida provoca que se trastoque el sistema de retiro de los empleados no docentes. Además, señaló que el plan fiscal de la UPR solo supone la eventual eliminación de este beneficio.
El presidente de la Heend, José Torres, denunció que la administración universitaria pretende destruir el sistema de retiro de los empleados. (Paola Vargas/Diálogo)
“Es un esquema diseñado para llevarse por el medio a la universidad y nuestro sistema de retiro”, sentenció Torres a este medio.
El líder de la Heend también criticó ante los presentes que la Junta de Gobierno “quitara la Junta de Retiro [y] ahora van a crear un nuevo organismo que es la que va a dirigir nuestro retiro”.
En un ardiente discurso ante los manifestantes, Torres censuró los contratos que el gobierno central ha otorgado recientemente a diversos funcionarios. “Sin embargo, a esos [contratistas del gobierno] no le cortan nada. Todos los recortes y todos los esfuerzos van dirigidos en contra de la clase trabajadora”, manifestó.
Por esa razón, Torres hizo un llamado a todos los sectores de la comunidad universitaria a cerrar filas para continuar denunciando las medidas económicas.
Ambos líderes apuntaron a que seguirán combatiendo las medidas de austeridad que propone la administración universitaria, el gobierno central y la Junta de Control Fiscal.
