Aunque a mediados de mayo el Departamento del Trabajo federal aprobó una nueva regulación que estipula el pago de horas extras a algunos empleados exentos, el Proyecto H.R. 5278 (antes 4900 y mejor conocido como PROMESA) limita esta aplicación al territorio de Puerto Rico.
La reglamentación divulgada por el Departamento del Trabajo federal y firmada por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, determinará si un empleado es exento o no, basado en el salario y en las funciones que este realice. De esta manera, la regulación aumenta el límite de salario anual de $23,660 a $47,476 ($913 semanales) para que un empleado exento no tenga derecho al pago de horas extras trabajadas.
“Ahora mismo, esas personas de cuello blanco, si ganan más de $23,660 no le tienen que pagar horas extras”, explicó Argeo Quiñones, economista y catedrático de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPRRP). Además, detalló, que los empleados de cuello blanco son aquellos que realizan funciones como administradores, ejecutivos y profesionales.
Asimismo, el precepto eleva a $134,004 el sueldo mínimo para ser considerado un empleado altamente compensado.
Esta reglamentación entrará en vigor el 1 de diciembre de 2016 y será aplicable a todos aquellos patrones que estén cubiertos por la Ley de Normas Razonables de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés).
Sin embargo, esta nueva regulación, no necesariamente será aplicable en la isla debido a que el proyecto H.R. 5278 nombrado como el Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (PROMESA) establece que las nuevas regulaciones de pagos extras no tendrán validez en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
“Las dos versiones [de PROMESA] establecen que esa normativa que entra en vigor en diciembre de este año, de aprobarse PROMESA, excluiría a Puerto Rico por el periodo que dure la junta de control fiscal -de 4 a 5 años- el mismo periodo de reducción de salario mínimo federal a menores de 25 años que ingresen a la fuerza laboral”, aseguró Quiñones quien resaltó que en esta nueva versión del proyecto la reducción del salario a los menores está en manos del gobernador.
De esta manera, prosiguió Quiñones, si se aprueba PROMESA, “lo que hace es ensanchar la brecha salarial entre quienes ocupan posiciones exentas en Puerto Rico, relativo a quienes ocupan esas posiciones en Estados Unidos. Entonces, es un estímulo adicional para la emigración de personal diestro”.
Según el proyecto H.R. 5278, en la sección 404, solo se podrá aplicar a la isla la regulación del Departamento del Trabajo, si la Contraloría General de los Estados Unidos completa la evaluación y tramita un informe en el cual se detalle la situación económica de Puerto Rico y el impacto de dicha implementación. Así, el secretario del Trabajo, teniendo en cuenta la evaluación y el informe de la Contraloría General, proporcionará una determinación por escrito al Congreso de que la aplicación de dicha regla no tendría un impacto negativo en la economía local.
Para el economista, las opciones que se le presentan al pueblo de Puerto Rico “son muy limitadas para salir de la crisis fiscal y de la depresión. Hay alternativas por el lado de las contribuciones, lo que tiene que haber es una buena administración. También, por el manejo del presupuesto que se sabe que se malgasta”, apuntó.
De igual modo, exhortó a que en vez de hablar de despidos de empleados, se hable de eliminar leyes de exenciones contributivas a las empresas privadas.
“El problema no es de gigantismo gubernamental sino de enanismo privado”, puntualizó el catedrático de la UPRRP, a la vez que resaltó que existe un bajo nivel de empleo en el sector privado en Puerto Rico.
