AGUADILLA – Las estrategias se afilan. El litigio por Playuela continúa. Este combate de repente se ha vuelto sin límite de duración, dentro de un cuadrilátero legal en el que sorpresivamente sale un as de cualquier manga.
Exactamente 24 horas antes de la vista para ver la demanda de la Liga Ecológica del Noroeste y miembros de la comunidad de Playuela que buscan un interdicto de cese y desista para detener el inicio de la construcción del masivo proyecto Christopher Colombus Landing, la parte demandada jugó una carta no esperada.
Los letrados que buscaban detener el proyecto habían llegado con sus peritos y listos para probar su caso. Pero el que hizo la ley, parece que también hizo las sorpresas. Los abogados del Municipio Autónomo de Aguadilla y del Caribbean Management Group (CMG), entre ellos un exdirector de la división legal de la Junta de Planificación (JP), radicaron una moción a las 9:00 a.m. del jueves para pedir la desestimación de la demanda, aludiendo a que el Tribunal Superior de Aguadilla no tiene jurisdicción para atender la misma.
La medida tomó por sorpresa a los abogados demandantes, que se enteraron cuando la jueza Miriam Santiago Guzmán dijo en sala, al iniciar la vista, que se había presentado la moción pidiendo que se desestimase la demanda. Ante esto, la jueza Santiago Guzmán determinó dar cinco días a la parte demandante para atender la petición de desestimación de la parte demandada. De igual forma, la parte demandada tendrá la misma cantidad de días para agregar cualquier anejo a su reclamo.
Son las leyes un férreo juego de ajedrez y los tribunales superiores de los pueblos el tablero más duro, de eso no hay duda. Mientras que la parte demandada alude a que enviaron copia por correo a los abogados demandantes el mismo jueves, luego de radicar la moción durante la mañana de ese día, los abogados demandados indican que hasta la tarde de ayer, viernes, no habían recibido nada. De hecho, los litigantes de la parte demandada pudieron incluso haber hecho eso vía correo electrónico, pero, como dicen en el barrio Borinquen de Aguadilla, de eso nacarile del Oriente.
Al salir de sala, Diálogo intentó cuestionar al licenciado Elvin Hernández Salgado, representante del CMG y exdirector de la división legal de la Junta Planificadora durante la administración de Aníbal Acevedo Vilá, sobre este gancho legal de última hora, pero nos contestó con un seco “no tengo comentarios”, como se puede apreciar en el vídeo a continuación:
En la petición de desestimación, los demandados aluden particularmente al artículo 13.1 de la Ley de Permisos y reclaman que ahí se establece específicamente los términos para apelar las decisiones y los procesos subsiguientes si se entiende que alguna parte violenta algún procedimiento. El licenciado Hernández Salgado resaltó que ya los demandantes recurrieron a ese recurso, pero como no les gustó lo que se decidió administrativamente, ahora acuden ante el tribunal.
Hernández Salgado alegó que cualquier otra situación que se quiera discutir fuera del permiso otorgado por el Municipio Autónomo de Aguadilla tampoco tiene jurisdicción del tribunal pues, según el letrado, quebrarían los procesos que “ya fueron adjudicados como finales, firmes e inapelables”. De hecho, dijo que, “entonces, si fuera así, por qué no se cita” a otros cuerpos regidores, como la Junta de Calidad Ambiental, la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPE), el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) o la JP.
La mención de este último organismo – la JP – llega con cierto aire de ironía, pues Hernández Salgado fue precisamente el director de la División Legal de este cuerpo durante 2008. Tal y como recogen artículos periodísticos de la época, como este del diario Primera Hora, Hernández Salgado lideró la batería legal de la JP en las polémicas por el Plan de Uso de Terrenos de la administración de Acevedo Vilá. Es decir, CMG tiene en sus filas alguien que sabe cómo se bate el cobre, literalmente desde adentro. Durante la vista de ayer, viernes, exfuncionario de la Junta de Planificación fue asistido por la licenciada Milagros Rijos Ramos. Además, como perito de parte de la parte demandada, estuvo presente el ingeniero Ángel David Quiñones.
Como representación legal del Municipio se presentó el licenciado Luis Sánchez Mercado. Al Municipio se le incluye en la demanda pues, tanto bajo la Ley de Permisos como bajo la Ley de Municipios Autónomos, aprobó esta primera fase del proyecto. La génesis de lo que CMG busca que sea un inmenso complejo turístico se constituye de una carretera inicial como camino interior, una propuesta para urbanizar una zona de cinco cuerdas y el trazo de la infraestructura básica del opulento proyecto, o sea, establecer el inicio del desarrollo del tendido eléctrico y pluvial.
En la vista de ayer, Sánchez Mercado reiteró la posición inicial del municipio ante la otorgación del permiso para la construcción de la carretera interior. Recalcó que la Oficina de Permisos del Municipio de Aguadilla tiene la facultad de vigilar y fiscalizar para que los procedimientos se realicen correctamente y según fueron solicitados.
Mientras tanto, la parte demandante insistió en que la jueza diera una oportunidad para ver la vista y comenzar el proceso. Allí, en sala, había tres peritos para demostrar el caso a favor de conservar a Playuela como el baluarte ecológico que es. No obstante, la jueza Santiago Guzmán denegó la solicitud del licenciado Omar Saadé por entender que antes hay que resolver si el tribunal tiene o no jurisdicción en esta demanda.
Saadé conforma el grupo de abogados a favor de la Liga Ecológica del Noroeste y de varios ciudadanos particulares y residentes del barrio Borinquen, junto a las licenciadas Verónica González Rodríguez y Vanessa Rafols, y el letrado Allan Pulliza García. El grupo entiende que si bien el artículo 13.1 de la Ley de Permisos indica que en la OGPE la revisión debe verse en el Tribunal de Apelaciones, también el artículo 14.1 de esa ley manifiesta que en cuestiones referentes a la Ley de Municipios Autónomos se puede acudir a un Tribunal de Primera Instancia, como ellos hicieron cuando no recibieron el visto bueno del ayuntamiento aguadillano cuando cuestionaron la viabilidad de los permisos otorgados.
“La pretensión de la demandada es bien irrazonable ¿por qué?, porque se acudió aquí primero al Municipio para que se atendieran los reclamos y la confusión principal del Municipio fue que en cuanto a la mayoría de los reclamos y a los planteamientos; no tenía jurisdicción. Entonces, ¿en qué quedamos? El Municipio se niega a atender los reclamos y ahora CMG plantea que el tribunal no tiene jurisdicción. Estos son esfuerzos de la comunidad para que alguien atienda sus reclamos. Esto va en detrimento de la comunidad”, dijo Saadé.
Mire la entrevista aquí:
Como ya se sabe, el CMG avalados por el Municipio, buscan desarrollar un colosal proyecto hotelero con villas de lujo, estacionamiento multipisos, un centro comercial y un casino a todo dar, entre otras cosas. Es un polémico proyecto que data desde mediados de la década de los noventa y que, al igual que el CMG ahora, ha sido propulsado anteriormente por otras firmas, tal y como ha reportado Diálogo.
Luego de que para lograr que se viera esta vista los demandantes tuvieran que emplazar por edicto al dueño de CMG, Reinaldo Vincenty, que ni siquiera se le vio en el Tribunal de Aguadilla, ahora el litigio vuelve a una zona neutral. Mientras, los ojos ecológicos del planeta siguen posados en Playuelas, con cobertura internacional del suceso en publicaciones como National Geographic y Surfing Magazine.
La vista, en esta ocasión, contó con respaldo de seguidores de ambas partes, los que se oponen al proyecto y los que lo respaldan, que hasta llegaron allí con camisetas alusivas a su apoyo a la construcción. Afuera, un piquete se formó y, tal y como se puede ver en el video abajo, el respaldo fue efusivo.
A continuación, el video del piquete, que incluye además una entrevista con el reconocido biólogo Miguel Canals, director técnico del Sistema de Observación Costera del Caribe: