El Senado de Puerto Rico aprobó de manera unánime una resolución que viabilizaría una consulta popular para elevar a rango constitucional el derecho a la salud en la isla. La inusitada convergencia senatorial, que incluyó un respaldo en la co-autoría de la resolución de varios senadores del Partido Popular Democrático (PPD) pretende celebrar un plebiscito el 2 de mayo de 2012 para aprobar esta enmienda. Sin embargo, la propuesta senatorial todavía debe pasar el cedazo de la Cámara de Representantes, quien debe votar por la resolución tan pronto sea posible. La propuesta legislativa, que recién ha visto la luz, ya trae consigo los primeros visos de polémica entre el ejecutivo y el legislativo. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, increpó de manera directa al Primer Ejecutivo del país y a la presidenta de la Cámara, Jennifer González, aduciendo que este no tiene responsabilidades ni ataduras con los grandes intereses del sistema de salud y espera que tanto el gobernador como la Cámara de Representantes le den paso a la resolución. El legislador tuvo fuertes críticas para con las aseguradoras e indicó que este será el inicio del fin de los abusos y atropellos de estas. El gobernador Luis Fortuño se mantuvo cauteloso referente a la medida legislativa que formó parte de la plataforma de gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) en las pasadas elecciones. El Colegio de Médicos Cirujanos, por medio de su presidente, el doctor Eduardo Ibarra, manifestó su satisfacción por la aprobación de la medida senatorial aunque expresó que elevar el derecho a la salud a rango constitucional no garantizaría que la sociedad cumpla con ello. Pero igual indicó que este sería el primer paso para las aspiraciones de lo que el país desea hacer y tener, en referencia a los servicios inalienables a la salud. El debate sobre el derecho a la salud se da luego del espaldarazo que recibió esta propuesta de enmienda en la pasada semana por el ex -gobernador de Puerto Rico, el doctor Pedro Rosselló González. La misma ocurrió durante la celebración de una cumbre sobre la salud auspiciada por el Senado, en la cual el ex mandatario fue el orador principal. La reforma constitucional, que garantizaría un acceso general de la población a los servicios de salud de Puerto Rico, se manifiesta de manera paralela con el proceso que se lleva en los Estados Unidos para una reestructuración de los servicios sanitarios. El proyecto del presidente Barack Obama busca flexibilizar los costos salubristas y crear un plan nacional de salud que sea accesible para todas aquellas personas no aseguradas. Estados Unidos es el país que más dinero invierte en el sistema de salud, sin embargo, más de 40 millones de estadounidenses no están asegurados, principalmente por los altos costos de las primas de los seguros de salud privados, que cada año van en aumento. En Puerto Rico, la Ley Num. 72 del 7 de septiembre de 1993, según enmendada, conocida como la “Ley de de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico” proyectó realizar un cambio radical en relación a los servicios médico-hospitalarios en la isla. El impacto mayor ha sido para la población con mayores niveles de pobreza. Sin embargo, las deficiencias del programa con relación a los fraudes, la alta burocracia, así como falta de responsabilidad del gobierno a la hora de responder con los pagos a las aseguradoras asociadas a la Reforma de Salud y a los hospitales, han hecho que haya crecido sobre ésta una madeja de desconfianza general y su paulatino descalabro.
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