Descentralizar el gobierno, brindar servicios específicos para comunidades diversas e incluir la participación ciudadana en la toma de decisiones del país son algunas de las propuestas del libro Reforma gubernamental: un nuevo modelo organizativo para Puerto Rico, publicado por la Escuela Graduada de Administración Pública y comisionado por la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (AEELA).
El libro, que reúne ensayos de catedráticos de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, atiende la necesidad de reformar la estructura gubernamental para hacerla más efectiva, fiscalizadora y cercana a la ciudadanía.
La decana interina de la Facultad de Ciencias Sociales, Palmira Ríos González, declaró a Diálogo que, aunque muchos estudios han recomendado una reforma de la rama ejecutiva, las crisis siempre ocurren y el enfoque gira en torno a las reformas contributivas y fiscales, poniendo parchos y arreglos pequeños en “una estructura que no funciona”.
En el nuevo modelo organizativo que presenta la publicación de la Escuela de Graduada de Administración Pública y AEELA , se propone la delegación de funciones a gobiernos municipales y a entidades no gubernamentales, a la que vez que se intenta fortalecer el gobierno para que sea el cerebro que le dé coherencia al proyecto y que organice, evalúe y fiscalice. “El problema de nuestra estructura gubernamental es que el gobierno está centralizado, y el gobierno central ofrece todos los servicios y no fiscaliza ni monitorea”, explicó la directora desde el 2002 de la Escuela Graduada de Administración Pública.
En el primer capítulo del libro, Leonardo Santana Rabell y Mario Negrón Portillo identificaron primeramente las funciones indelegables del gobierno central: la educación, el acceso a la salud, la imposición de rentas, la protección de los derechos ciudadanos, la preservación ambiental y cultural, la seguridad y orden público, y la planificación de la obra pública.
En una presentación de Reforma gubernamental: un nuevo modelo organizativo para Puerto Rico en el Colegio de Abogados, el economista y consultor en planificación estratégica Santos Negrón Díaz, expuso que, ante una “crisis de gobernabilidad”, los autores presentan un nuevo modelo organizativo “para superar las dificultades afrontadas en el pasado [como] reformas inconclusas, falta de continuidad en la política pública, ausencia de evaluaciones rigurosas de los resultados de la gestión público, la influencia del partidismo exacerbado y la pervivencia de un modelo excesivamente centralizado e ineficiente”.
Servir a comunidades vulnerables y diversas
En el capítulo: “La delegación de prestación de servicios al Tercer Sector”, Ríos González propone incluir a las organizaciones no gubernamentales que componen el Tercer Sector en esa descentralización de poderes, como “espacio para prestación de servicios directos”.
“El Tercer Sector es una expresión de la sociedad civil [que] atiende poblaciones que el gobierno escasamente atiende, mientras más vulnerable y rechazado el grupo, más el Tercer Sector lo atiende”, expresó la doctora en sociología.
Ríos González explicó que primero se enlazaría la misión de cada entidad con las funciones que se le asignarían. Además, se sugiere establecer un método de evaluación de resultados y fiscalización.
El Tercer Sector incluye un contacto directo con la ciudadanía y trata las comunidades como entes heterogéneos. Reconocer las diversidades es un reto de la administración pública moderna, argumentó Ríos González, ya que el gobierno central se empeña en tratar a todos por igual sin reconocer que las “necesidades de una comunidad en Jayuya son muy diferentes a las de un pueblo costero como Loíza”. Abundó que mientras más centralizadas las funciones, más hondas son las brechas y más inefectiva la participación ciudadana.
También se hizo un estudio de las organizaciones religiosas, que agrupa muchas fortalezas en su labor comunitaria, pero “tiene que mantener una separación de iglesia y estado, que no puede prohibir prestar servicios con financiamiento público a personas por razones religiosas o ideológicas. “Contribuyen significativamente con servicios a áreas de alta vulnerabilidad, pero se tienen que proteger los principios de igualdad de acceso y no discrimen”, ultimó Ríos González.
Proteger los derechos laborales
El catedrático en relaciones laborales Carlos Alá Santiago, autor del capítulo “Tiempos de fortalecer un modelo constructivo de relaciones laborales colectivas en el Gobierno Central”, denunció en una presentación ante la AEELA que “nuestra dirigencia política está des-paisajada porque cree que es posible salir de la crisis fiscal sin el protagonismo de las personas que trabajan”.
En su capítulo, evalúa el impacto de leyes fiscales como la Ley 7 que despidió empleados públicos y la Ley 66 de Sustentabilidad Fiscal, que resultaron “en que cada vez más trabajadores individuales se conviertan en profesionales empobrecidos [arrojándolos] a la periferia de la legislación protectora donde se achican sus beneficios adquiridos”.
Además, hizo un llamado a los sindicatos aislados así como a actores social que “requieren la valentía de promover y defender la solidaridad frente a la competencia que nos imponen desde el mundo de las finanzas”.
Gestión universitaria
Los demás capítulos incluyen la necesidad de fortalecer el principio de mérito del sector público, a cargo de Yolanda Cordero; la búsqueda de una gestión que conlleve a resultados con un presupuesto anclado en la evaluación del desempeño, de Alicia Rodríguez y José Punzoda; y el potencial de Puerto Rico para acercarse al gobierno digital, de la autoría de José Sánchez Lugo.
Ríos González resaltó la participación activa de estudiantes de administración pública en la investigación, así como la relevancia de la investigación empírica para pensar el país y derribar mitos, como el del gigantismo gubernamental.
“Siempre la Universidad está presente y contribuyente”, aseguró la decana de Ciencias Sociales, refiriéndose a las aportaciones que ha hecho la Universidad de Puerto Rico, ya sea a través de sus investigaciones, comentarios a proyectos de ley o colaboraciones expertas para los medios de comunicación y participación en comisiones de reformas.
“La Universidad quizás debería reorganizar ese apoyo y promocionarlo mejor para que se reconozca, [además de] responder mejor a las necesidades de diversas entidades”, concluyó.
