Estás en tu oficina de trabajo y son las 10 de la mañana. El día está comenzado y tienes varias tareas pendientes, pero antes de atender esos asuntos decides dedicarle unos minutos a tu página de Facebook y Twitter. Leyendo entre comentario y comentario, no te das cuenta que ya ha pasado media hora y para colmo, entra tu jefe y te sorprende entretenido en las redes sociales.
Hoy día, el uso de los smartphones en el trabajo, específicamente el acceso a las redes sociales dentro del horario laboral, es motivo de discusión.
“En Puerto Rico no existe una ley específica que prohíba el uso de redes sociales en horas de trabajo, pero sí las agencias han tomado reglamentación interna para que los empleados no usen sus espacios sociales cibernéticos dentro de sus horarios laborales”, explicó el educador José Jorge Rivera, de la Oficina de Ética Gubernamental.
La agencia ofreció recientemente un taller titulado Ética y Redes Sociales, en el que participaron empleados públicos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el municipio de Caguas, Carolina y Bayamón, Departamento de Educación, entre otras entidades públicas.
“Le toca a cada agencia establecer su reglamentación, porque por ejemplo, eso depende de la función que haga la persona en esa agencia. Un relacionista público sí va a tener que usar la red social porque es una herramienta de trabajo dentro de su función, pero si eso no es una función esencial dentro de lo que haces en esa agencia, posiblemente el empleado tenga restringida esa práctica”, subrayó el educador en el taller que se llevó a cabo en el anfiteatro de la Escuela de Arquitectura del Recinto de Río Piedras de la UPR.
Por otro lado, se ha convertido en una práctica estandarizada el hecho de que los patronos de agencias públicas y privadas indaguen en el contenido de las redes sociales de las personas candidatas a formar parte de la empresa, como parte de la investigación que realiza el Departamento de Recursos Humanos de cada compañía.
“Si lo hiciera, no sería ilegal porque una vez tú publicas tu información en una red social, tú mismo la estás haciendo de consumo público, así que lo que no quieras que se sepa, entonces no lo divulgues a través de una red social”, puntualizó el representante de la Oficina de Ética Gubernamental, en un aparte con Diálogo.
El experto señaló que todavía existen lagunas respecto a qué tipo de medidas puede tomar un patrono en contra de un empleado por contenido divulgado en su red social. En el 2011, por ejemplo, una empleada demandó a una compañía de ambulancias en la que laboraba en el estado de Connecticut en los Estados Unidos, luego de que el patrono la despidiera por ella haber publicado expresiones en contra de su jefe, en la red social Facebook. La Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas en inglés) se encargó de la defensa de la empleada, sosteniendo que su acción se encontraba protegida por la Enmienda Primera, el derecho a la libre expresión.
Tras un acuerdo extrajudicial entre ambas partes, el tribunal no emitió una decisión ni opinión, de modo que no existe un precedente que establezca una protección constitucional a los empleados que emiten comentarios relacionados a asuntos internos de la compañía para la que laboran. Sin embargo, el caso es distinto cuando existe un contrato de confidencialidad firmado entre ambas partes.
En verano del año 2013, una encuesta realizada en los Estados Unidos, reveló que 1 de cada 4 adultos, temen ser despedidos por el contenido en su perfil de Facebook, comentarios en Twitter y/o fotos en Instagram. La misma cantidad de personas, piensa que la empresa para la que trabajan monitorea el perfil de los empleados en las redes sociales.
Este tipo de medios, por otro lado, se ha convertido en una herramienta útil en términos de fiscalización de empleados públicos. En verano de 2014, por ejemplo, un ciudadano publicó una foto en la que se podía ver un camión tanque del municipio de Comerío y varios empleados municipales llenando una piscina, en medio de la sequía que nos afecta desde aquellas fechas. El suceso dio paso a la suspensión de Héctor Quiles, comisionado de Comerío, quien aceptó haber coordinado el servicio de agua para llenar una piscina.
“Todos los ciudadanos que están allá afuera son potenciales fiscalizadores de los fondos públicos, así que cuando usted esté en la calle no se crea que la Oficina de Ética no está allí, porque puede haber gente fiscalizando”, destacó el funcionario.
Jorge anunció que el taller sobre el uso de las redes sociales para los empleados públicos se repetirá el 4 de diciembre, en el anfiteatro de la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras, exclusivamente para empleados de la UPR.
Por otro lado, como parte de las actividades de la Semana de la Ética en Puerto Rico, el educador anunció que se estará presentando una obra titulada La cadena, bajo el lema “Un acto de bondad es capaz de generar una cadena de eventos que transforman vida”. Las funciones se llevarán a cabo el 4 de noviembre en el teatro La Perla, en Ponce, y el 6 de noviembre en el teatro Francisco Arriví, en Santurce. Para reservar un espacio, los empleados pueden registrarse en la página cibernética www.eticapr.com .