Cada vez que Angélica Ramos sale de su casa y, a unos cuantos metros más abajo, llega a la carretera 185 en el Barrio Carruzos de Carolina ve cómo al costado de la vía se siguen acumulando los trastos, muebles, colchones, tablas y escombros.
No muy lejos de ahí, en el sector Los Chalaos al lado de la parada de guaguas, frente a una gallera abandonada, también los escombros se amontonan según pasan los días. Adrián López, quien vive cerca de la estructura hace unos 30 años, asegura que se trata de basura acumulada tras el paso del huracán María. El hombre de 58 años y analista de sistemas dice que desde cucarachas y ratones, hasta moscas, mosquitos y todo tipo de insectos se están propagando allí.
En el barrio Santa Cruz del mismo municipio, Carmen Sánchez, de 45 años, perdió gran parte de la casa en la que vivía en un segundo piso debido al azote de María. Ha ido recuperándose emocional y materialmente de las pérdidas pero tiene que seguir manejando las secuelas del daño. En el patio trasero de su casa dice que tiene muchos más escombros de los que sacó a mediados de septiembre pero como no han pasado a recogerlos, allí permanecen. A orillas de la carretera que pasa frente a su hogar también hay enseres y muebles rotos, además de material vegetativo.
“Aquí no hay aceras. Hay que caminar por la orilla. Entonces los carros no quieren pasar muy para allá, ni muy para acá, ni guayarse, así que estamos expuestos a que nos dé un cantazo un carro… más las ratas y todo eso. Estamos expuesto a muchas cosas”, lamentó Carmen, quien cuida a tiempo parcial de personas enfermas.
Las brigadas del municipio carolinense -coinciden los vecinos- siguen cumpliendo con su tarea de recoger la basura doméstica cada viernes. Además, las carreteras, aún en áreas de difícil acceso colindantes con los barrios de Canóvanas, están transitables. Sin embargo, la historia con los escombros es distinta y en sus campos se multiplican los minivertederos.
“Eso acumula agua; sabes que hay frascos y los mosquitos y las enfermedades que traen, cada cosa que hay allí, en los matress que acumulan mucha humedad y animales que también se cobijan entre tanto escombro. Es bien preocupante”, dijo Angélica, ama de casa de 37 años, quien vive en el sector Los Figueroa.
Hasta el momento, 49 alcaldes firmaron acuerdos con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés) para que se hicieran cargo de la tarea de recogido de escombros. Muchos de ellos lo hicieron mes y medio después del paso del ciclón.
De ese grupo, en 10 de los municipios, la agencia federal ni siquiera ha empezado las tareas. Mientras tanto, los alcaldes hacen malabares para resolver la situación contratando empresas adicionales a pesar de sus escasos recursos. La solución por la que apostaron ha resultado ser peor que el remedio, ya que el USACE concentró toda la operación del recogido de escombros en una sola empresa: Xperts Inc.
No se sabe el monto del contrato porque el USACE no quiso divulgarlo. La portavoz de prensa, Lynn Marie Rose, dijo al CPI que completara una solicitud de información al amparo del Freedom of Information Act (FOIA). El CPI también indagó sobre si la agencia federal estaba conforme con el desempeño de Xperts, los parámetros que debe cumplir la empresa y el tiempo en el que debe completar las tareas, pero el USACE tampoco respondió.
Las brigadas de esa compañía estaban supuestas a iniciar su recogido de escombros en Carolina el 15 de diciembre, dos semanas después de que se firmara el acuerdo de colaboración. Pero esto no ocurrió. El alcalde José Aponte, ni otro funcionario del municipio estuvieron disponibles para explicar las razones del atraso que les ha dado la empresa y cómo eso afecta a sus comunidades.
Aparte de Carolina, otro municipio que sigue en espera de que el USACE al menos ponga un pie en su territorio y les cumpla, es Vieques.
Cuando el CPI se comunicó con el alcalde Víctor Emeric, este llevaba tres días sin poder hablar con nadie debido a que las torres de telecomunicaciones de su municipio no se han arreglado. Contestó el teléfono asombrado y dijo que simplemente el USACE, Xperts o la compañía que sea que vaya a dar el servicio, no se han visto por allí. Además, el colapso en el transporte de carga hacia las islas municipio ocupaba gran parte de su tiempo y antes de culminar la conversación, la llamada se cortó y no se pudo restablecer.
El USACE no ha informado cuáles son los ocho municipios adicionales a Carolina y Vieques en los que Xperts no ha podido arrancar operaciones según contratado, porque a pesar de los múltiples pedidos por correo electrónico, la entidad federal no los identificó y mucho menos explicó las razones para el atraso.
“Una vez tenemos la autorización de entrar, comenzamos la comunicación con el municipio sobre el proceso de remoción de escombros… toma tiempo desde que se hace la petición hasta que se hace la remoción”, fue lo único que esbozó en un correo electrónico Edward Rivera, portavoz de prensa del USACE.
El embudo de Xperts
Alcaldes consultados por el Centro de Periodismo Investigativo y contratistas privados que habían comenzado a hacer labores de recogido en distintos municipios y que vieron sus contratos cancelados, indicaron que el problema estriba en que Xperts, como única empresa contratada por el USACE, simplemente no da abasto para manejar la gran cantidad de trabajo por hacer.
Según su página en la red social Facebook, desde el 5 de octubre Xperts comenzó a hacer invitaciones abiertas a empresas locales para inspección de camiones y equipo pesado.
El 14 de noviembre, mientras le seguían cayendo nuevos acuerdos con municipios a través del USACE, la empresa publicó un anuncio en la misma red social en que iba más al grano: “Se buscan camiones”, y daba un número a llamar.
Xperts indica en su página web que ha ayudado en la recuperación de Puerto Rico después de cada huracán que ha azotado al país desde 1989. El CPI corroboró que la empresa fue incorporada en 1986.
“A través de su desempeño en el pasado Xperts ha probado que son capaces de actuar rápida, decisiva y efectivamente sin arriesgar la calidad del trabajo y la seguridad de los empleados o el público”, indica la página. Asimismo, ofrece -sin detallar- oportunidades de trabajo y dirige a los interesados a una dirección electrónica.
Dos empresarios de la industria que hablaron bajo condición de anonimato por miedo a represalias dijeron que el hecho de que el USACE solo hubiese confiado las tareas a una sola empresa fue un error. Además dijeron que se trata de un acuerdo injusto porque Xperts se queda con gran parte de las ganancias y les pagan a las personas o empresas que subcontrata por debajo de lo que hubiese sido la tarifa si el contratista hubiese hecho un acuerdo directamente con el municipio.
Incluso, trascendió en el periódico La Perla del Sur que en Ponce la alcaldesa María Mayita Meléndez dejó sin trabajo y sin cobrar de la noche a la mañana a empresarios locales que laboraban en el recogido de escombros una vez firmó acuerdo con el USACE. El cambio no surtió el efecto deseado de mejorar las labores, dijo un contratista que también habló bajo condición de anonimato.
Al usar como referencia los gastos que al momento han informado los municipios de Ponce, Canóvanas y Dorado el contrato de Xperts podría rondar los $196 millones.
La empresa Xperts, que según sus informes financieros ante el Departamento de Estado tuvo ganancias por más de $3 millones el año pasado, ignoró múltiples pedidos del CPI para una entrevista.
USACE dijo que no podía divulgar el contrato actual con Xperts. Solo proveyó información del 2013, y dijo que en todo caso el documento oficial debía solicitarse mediante el Freedom of Information Act.
En mayo de 2007 Xperts recibió un reconocimiento del USACE por sus labores de recogido y reducción de escombros en la Región 2C o División del Atlántico Sur, según indica la empresa en su página web.
Registros en el Departamento de Estado establecen que la corporación que da paso a la empresa se creó en el 1986 y hasta hace un año el presidente era Alberto González Chacón. Desde el 14 de septiembre de 2016 el nuevo presidente es Alberto José González de Jesús.
El Cuerpo de Ingenieros promete villas y castillas
Bernardo “Betito” Márquez fue el primer alcalde que contrató con el USACE y sus expectativas se estrellaron contra la realidad: la entidad no podía cumplir porque no tenían suficientes brigadas disponibles que pudieran manejar la magnitud de los escombros tras el paso del huracán . Para poder resolver, el alcalde tuvo que hacer planes alternos.
“Esto se dio de una forma lenta… en la mesa de diálogo con el Cuerpo de Ingenieros se dijo que en tres semanas o un mes tendríamos al municipio libre de escombros. Eso significaba en el entendido de que íbamos a tener 30 o 40 brigadas, así que ese proceso comenzó lento y me llevó a mí a tomar la decisión de dividir a Toa Baja en dos polos: el noroeste y el sureste. El (segundo) acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros fue entonces, ‘ustedes van a trabajar con el noroeste y yo contrato a otras compañías para el sureste’. Quiere decir entonces que ahora estamos funcionando alrededor de cinco compañías, y el Cuerpo de Ingenieros, pues serían seis”, explicó Márquez.
El alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina, también logró acuerdos con el USACE y no dudó en expresar su incomodidad con la agencia federal.
“En principio la experiencia fue bien difícil porque ya que el municipio tenía una operación montada, ellos (USACE) le vendieron al municipio villas y castillas por lo cual el municipio accedió en aquel momento a firmar el acuerdo. Dentro de ese acuerdo se establecía que ellos iban a contratar las brigadas que teníamos privadas. Ellos asumían todos los costos, que ellos iban a utilizar nuestro centro de acopio, que ya tenía todos los permisos y darían seguimiento al trabajo en comunidades. Los problemas comienzan cuando la cantidad de personal que nosotros teníamos, ellos no lo contrataron. La otra situación fue que se enfocaron en un sola comunidad y no en las diversas comunidades (simultáneamente), como nosotros lo teníamos”, declaró el ejecutivo municipal de Vega Baja.
Requirió infinidad de llamadas y ajustes para que finalmente se agilizara un poco el proceso y aunque ahora las brigadas subcontratadas van por más comunidades, siguen sin entrar a los patios de las casas. Si el residente es una persona mayor, enferma o sin facilidad para sacar escombros dentro de la propiedad tiene que llamar al municipio para que el personal municipal haga esa parte y las brigadas privadas saquen el material de la comunidad.
Luego, todo se deja en un área designada hasta los domingos, cuando los camiones subcontratados por Xperts regresan a buscar los escombros y los depositan en el vertedero de Toa Baja, que ese día tiene menos tráfico.
“Se necesita más para que el proceso de ellos sea más ágil”, dijo Cruz Molina.
La alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla dijo que limitó su acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros precisamente porque ya sabía que era posible que no le respondieran con la agilidad que se necesitaba. Asimismo, tenía la maquinaria suficiente y disponible en su municipio. Por eso decidió encargarse del recogido. De ese modo, limitó la ayuda del USACE a la disposición en un centro de acopio.
“Sí, les delegué la disposición final y fue más una decisión económica, porque FEMA (Agencia federal de Manejo de Emergencias) ha sido bien burocrático en el rembolso de los fondos a los municipios. Ya hemos contratado más de un millón de dólares y ellos nos han reembolsado menos de $100,000. Eso es casi nada. Al delegarle al Cuerpo de Ingenieros la disposición, no tengo que desembolsarle yo a los contratistas”, explicó.
La precaución de Bonilla al hacer un acuerdo limitado funcionó para Salinas porque el centro de acopio regional es allí mismo, en el Campamento Santiago y no hay grandes distancias que recorrer. Así el traslado se hace relativamente sencillo y se ahorra tiempo en el proceso. Otros alcaldes han confrontado problemas por que en los vertederos o centros de acopio hay largas filas de camioneros con la misma misión de descargar lo que han levantado.
Estimados de la Autoridad de Desperdicios Sólidos apuntan a que el huracán generó unos 6.2 millones de yardas cúbicas de basura y escombros.
El portavoz de USACE, Edward Rivera, dijo que la meta era levantar 3.8 millones de yardas cúbicas de escombros según los estimados que le ofrecieron los ejecutivos municipales.
Para el alcalde de Dorado, Carlos López, también se trata de evitar los trámites burocráticos de FEMA ante la falta de liquidez en la que ha quedado su municipio luego de las medidas de austeridad que tomó el gobierno central meses antes del huracán.
“He escuchado que el Cuerpo de Ingenieros le ofreció ( a otros alcaldes) agilidad en el servicio, pero por el volumen de contratos que tuvieron no han sido tan rápidos en el recogido, especialmente en el área de las comunidades”, indicó López.
“Nosotros contratamos la disposición final del recogido y en las comunidades lo estamos recogiendo nosotros con contratistas locales y personal del municipio. Es una estrategia administrativa, porque lamentablemente el gobierno ha estrangulando a los municipios… FEMA reembolsa, se supone, pero lamentablemente están siendo demasiado de lentos. Nos hicieron un adelanto de $300,000, pero tenemos facturación que va por los $2 millones de dólares (por recogido de escombros) y no han desembolsado nada más”, criticó el alcalde doradeño.
Alcaldesas contra la corriente
Las alcaldesas de Loíza y Canóvanas, Julia Nazario Fuentes y Lornna Soto respectivamente, están en el grupo que dijo “gracias, pero no gracias” al Cuerpo de Ingenieros.
Ambas están satisfechas de su decisión y aseguran que han logrado avanzar en las tareas de limpieza de sus municipios.
El estimado de Nazario Fuentes, quien asegura que ya tiene el 80% de los escombros de su municipio recogidos, es que para fin de año, es decir, en dos semanas, termine con el recogido de lo grande y empiece la etapa de ir con brigadas más pequeñas a modo de repaso.
“El Municipio de Loíza comenzó con el recogido de escombros inmediatamente después del Huracán Irma, de manera que cuando María azota la zona, se reanudaron los trabajos con los empleados de Obras Públicas Municipal y dos empresas privadas, previo acuerdo con los oficiales de FEMA… En ese sentido no hubo la urgencia de llegar a un acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros”, dijo la funcionaria en declaraciones escritas.
Mencionó como un punto clave el haber establecido brigadas en puntos equidistantes en los barrios Torrecilla Baja, Puente Herrera y Villas de Loíza, y de ahí avanzar hasta llegar a la zona urbana.
Soto por su parte, dijo que en su caso hubo muchos factores que le hicieron declinar un posible acuerdo con el USACE. Por un lado, también aprendió de la mala experiencia de sus homólogos y señaló que, como de todos modos la agencia federal subcontrataba a otros, pensó que sería más fácil hacerlo por su cuenta. Una vez comenzaron a reproducirse los casos de leptospirosis en su municipio, dijo que se convenció de que no podía esperar por nadie. No obstante, la alcaldesa de Canóvanas reconoció que cuatro compañías no eran suficientes para cumplir sus expectativas, y la primera semana de diciembre abrió una nueva subasta para contratar dos empresas adicionales para un total de seis.
Otro aspecto que Soto mencionó fue que se adelantó a pedir el desembolso de dinero para el recogido de escombros a FEMA y le dieron el 50% de los $3.9 millones que estimó que necesitaría para toda la operación.
“Yo hice un ejercicio, levanté una data a base de las yardas que estimamos que teníamos, más las horas-hombre que íbamos a necesitar para los monitores del municipio y fuimos de los primeros que enviamos la solicitud. Nos dieron un desembolso de 50%. Con eso pudimos contratar la maquinaria y abonar a otros gastos. Con eso nos estamos manejando”, afirmó.