Las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico rinden servicios a alrededor de 385 mil personas de las comunidades más desventajadas de la isla (uno de cada 10 ciudadanos) para un impacto de $1,300 millones en la economía local y sobre 500 mil empleos. Sin embargo, estas aportaciones podrían recibir un recorte drástico si se concretizan las medidas de austeridad que se implementarían bajo la junta de control fiscal (JCF) y el nuevo gobierno de Ricardo Rosselló Nevares.
Desde 2006, estas organizaciones comunitarias de impacto social, económico y cultural, experimentan problemas a raíz de la crisis fiscal. Ante esto, estos organismos han recurrido a la reducción de estos servicios y despidos, según se desprende del estudio “Una Mirada a las Organizaciones Comunitarias de Impacto Social y Económico (OCISE)”.
Esta investigación fue realizada por la Fundación Estudios Técnicos, firma de planificación, asesoría económica y estrategias de mercado local, en unión con la Red de Fundaciones de Puerto Rico y el Movimiento Una Sola Voz (MUSV), que agrupa a unas 140 organizaciones sin fines de lucro.
El estudio revela que aquellos que reciben servicios de las OCISE, son en su mayoría personas con impedimentos, mujeres y niños víctimas de maltrato, desertores escolares, personas sin hogar, adolescentes embarazadas y otras poblaciones vulnerables.
“Esto sirve a las poblaciones más vulnerables de los más vulnerables. Este estudio nos servirá de base para defender el presupuesto que otorga el gobierno a estas organizaciones comunitarias y también servirá de base para defender a esa población”, expresó el licenciado Rafael Cortés Dapena, presidente de la Red y de la Fundación Ángel Ramos.
Junto a Cortés Dapena se presentaron la licenciada Anitza Cox y Joaquín Villamil —ambos de Estudios Técnicos y quienes condujeron el estudio— y el doctor José Luis Díaz Cotto, portavoz del MUSV.
Además de la posible amenaza de las nuevas políticas fiscales que vería Puerto Rico, ya las OCISE se encuentran alertas debido al Proyecto de la Cámara 3004, el cual pretende reducir un 15% adicional todos los fondos de las organizaciones sin fines de lucro. La medida, de la autoría de Rafael “Tatito” Hernández, fue aprobada en el Senado con enmiendas el pasado 2 de diciembre, fecha en que la Cámara de Representantes estaba cerrada debido al viaje a Hawái de los funcionarios. Hasta el momento, el proyecto está detenido.
“Estamos en contra de ese proyecto porque es una carga más, no equitativa ni justa. De todas las cinco mil millones de dólares en asignaciones especiales, solamente se escogió a las fundaciones sin fines de lucro que somos los menos que recibimos”, explicó por su parte, Díaz Cotto, también director de los Centros Sor Isolina Ferré.
Ejemplos de las poblaciones a las que brindan servicios las organizaciones sin fines de lucro (Fuente: Estudio OCISE)
Aunque las organizaciones y sus portavoces permanecen alertas ante las medidas del futuro, en un pasado se realizaron diversos recortes, lo que afectó a varias entidades, como Nuestra Escuela.
“Los recortes no empiezan con este proyecto de Ley. En nuestro caso, ya nos afectó un recorte del 25% de nuestros fondos, lo que implicó a nuestra escuela en Vieques con todas las implicaciones que esto tiene. Me llama muchísimo la atención y me parece mezquindad por parte del representante al decir en el proyecto que los fondos que se recortan van a ser utilizados en el Sistema de Retiro, contraponiendo los intereses del pueblo. Es importante que no permitamos que nos dividan”, exclamó la presidenta ejecutiva, Ana Yris Guzmán Torres.
En otra muestra de la importancia de estas organizaciones y los servicios que ofrecen, se encuentra la labor que ejecuta la Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia de Puerto Rico, Inc. El trabajador social del gremio, Serafín Soto Cabán, alegó que su conjunto ha logrado disminuir dramáticamente la incidencia de espina bífida en Puerto Rico y, ahora, ante el zika, el Departamento de Salud les delega los casos de microcefalia.
Tanto Díaz Cotto como Cortés Dapena aprovecharon la actividad de presentación para exhortar al gobierno y a la junta fiscal a que, contrario a las propuestas recientes de recortar fondos a las organizaciones comunitarias, mantengan esas aportaciones económicas y establezcan mecanismos más ágiles para que los fondos se transfieran a tiempo, así les permiten continuar sus servicios.
Entre las recomendaciones de estos grupos al gobierno se encuentran:
- Lograr la uniformidad de procesos administrativos que impactan a las OSFL, como son los problemas relacionados a la prontitud en los pagos o las discrepancias entre agencias en cuanto a requisitos a las OSFL.
- Conjuntamente con las agencias pertinentes del sector público, establecer los mecanismos de capacitación y proveer las herramientas para viabilizar el establecimiento de mejores canales de relación entre el Estado y las OSFL. Esto incluye todo lo relacionado al conocimiento de reglamentos, de los fondos disponibles, de los obstáculos existentes que impiden mejorar esa relación e interacciones frecuentes para discutir la problemática social y como atenderla.
- Viabilizar la delegación de competencias a las OSFL requiere que se examine el marco legal que cobija a los distintos programas, incluyendo el examen de la legislación federal que pudiera influenciar en las decisiones en torno a la delegación.
- Promover la eficiencia y buenas prácticas de manejo en el sector es esencial y se logra con mayores intercambios de experiencias, aprovechando los ofrecimientos de entidades educativas, pero sobre todo logrando que el sector de OSFL actúe en coordinación. Una dimensión de este tema es la necesidad de optimizar el uso de los recursos. Esto requiere, entre otros, la coordinación entre organizaciones, la especialización en los servicios ofrecidos y, particularmente, el que se desarrollen mecanismos que permitan compartir costos mediante acuerdos colaborativos, lo que en inglés se conoce como “cost sharing”.
Cortés Dapena, Villamil y Díaz Cotto. (Suministrada)
Una mirada a las OCISE
El estudio “Una Mirada a las OCISE”, es un análisis profundo de las organizaciones sin fines de lucro activas actualmente en Puerto Rico y el subsector que ofrece servicios de: educación, salud, servicios sociales, desarrollo comunitario, desarrollo económico, vivienda, ambiente, cultura y arte.
La investigación actual se hace eco de los cuatro estudios anteriores (1996, 2002, 2007 y 2015), realizados con el mismo propósito de crear consciencia a los funcionarios públicos sobre el daño que ocasionarían grandes recortes al presupuesto.
Algunos hallazgos son:
· Se estima en 100 mil la cantidad de voluntarios que movilizan las organizaciones, que equivalen a la labor de seis mil empleos a tiempo completo.
· Al agravarse la crisis fiscal del país, siete de cada 10 organizaciones han observado un incremento de 40% en la demanda de sus servicios desde el 2007.
· La mayoría (62%) plantea que sus dificultades están asociadas a la merma en la disponibilidad de fondos y a la lentitud en los desembolsos.
· El 52% ha enfrentado ya problemas de flujo de efectivo y han tenido que tomar medidas drásticas, incluyendo reducción de servicios y recortes de personal.
· Algunas de las áreas de servicios incluyen Servicios Sociales (54.1%); Educación (51.6%); Salud (44.0%); Vivienda (25.2%) y Desarrollo económico (25.2%).
“Estos estimados son muy conservadores porque puede suceder que una persona reciba servicios de más de una entidad”, comentó Cox al presentar los datos.
A la conferencia de prensa acudieron representantes de reconocidas organizaciones de larga trayectoria por sus servicios a la comunidad como SER de Puerto Rico, Boys and Girls Clubs of Puerto Rico, el Museo de Arte Contemporáneo, Centros Sor Isolina Ferré, PECES, Taller Salud, y Nuestra Escuela, entre muchas otras.
Gráfica general sobre Puerto Rico. (Fuente: Estudio OCISE)
