Rector de la UPRA habla sobre el informe de AGB

La comunidad universitaria está evaluando el informe que la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) le encargó a la Asociación de Juntas de Gobierno de Universidades y Colegios de Estados Unidos (AGB).

Diálogo conversó con el doctor Otilio González Cortés, quien es rector de la UPR en Arecibo y – al igual que todos los rectores del sistema UPR – parte del Comité Especial para la Reestructuración Administrativa y Académica de la institución.

González aclaró que el informe no solo emite recomendaciones para reestructurar la administración de la UPR – tema que más se ha discutido en la palestra pública-, sino también tiene sugerencias “muy buenas”, que deben ser tomadas en consideración. Algunas, de acuerdo al rector de la UPRA, ya están en “progreso”.

Entre los componentes positivos que señaló está la necesidad que tiene la universidad de trabajar a base de términos, o sea, proponer fechas límite para la toma de decisiones con el propósito de evitar que algunos procesos se dilaten.

“A manera de ejemplo, si tenemos que cambiar una certificación, claro que vamos a buscar la opinión de todas las partes, pero vamos a asegurarnos de que lo hacemos en una fecha determinada. A veces la universidad se toma mucho tiempo en tomar una decisión buscando consenso en todas las partes”, sostuvo.

Otra sugerencia del informe destacada por González, es que la Junta de Gobierno adopte un mecanismo de “indicadores de efectividad”. Esto quiere decir que la universidad debe elaborar lo que el rector llamó un tipo de “listas” que determinen lo que se espera de cada uno de los cuerpos de gobernanza de la institución (Junta de Gobierno, Administración Central, los recintos y unidades). Para el doctor en comunicación, esto disminuye la duplicidad de labores y mejora el uso del presupuesto.

Además, a su entender “la implementación de indicadores de efectividad promueve más claridad, estabilidad y menos cambios entre lo que la Junta espera de los recintos y lo que los recintos hacen para cumplir con sus deberes y responsabilidades”.

Algunos de estos indicadores podrían ser el por ciento de retención, de graduación, número de investigaciones, entre otros posibles factores que puedan medirse cuantitativamente al final de cada año académico y que arrojen información sobre el cumplimiento de indicadores pre establecidos.

Asimismo, González recalcó que algunas de las recomendaciones del informe ya se están poniendo en vigor. Este es el caso de las medidas de control de gastos. Destacó las decisiones que se han tomado para maximizar, por ejemplo, el manejo de la flota vehicular y el gasto de energía.

El funcionario explicó que en UPRA se está fomentando la práctica del “car pooling”. Se planifican los viajes de modo que se puedan unir varias personas que vayan al mismo pueblo o áreas circundantes, ya sea para excursiones, reuniones o mensajería. También se está promoviendo el uso de vehículos personales para viajes de empleados autorizados.

En términos de energía, el rector indicó que se han cambiado las luces fluorescentes por sistemas de iluminación LED; se inició un control de iluminación en las noches, a partir de las 11:00 p.m.; y se instalaron placas solares en el techo del edificio administrativo para generar energía a un bajo impacto ambiental.

De la misma forma, anotó que es imperativo mirar la recomendación que hace AGB en términos de reducir significativamente el tiempo que toma desarrollar un nuevo programa académico en la UPR.

Para un currículo ser aprobado en la institución, debe pasar por un Comité de Currículo, el Senado Académico de la unidad o recinto, la Junta Universitaria, la Junta de Gobierno y finalmente, el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico. Sobre este último, el informe de AGB es enfático en que duplica los procesos de aprobación de programas en la universidad.

Sin embargo, el rector de la UPRA se distanció del informe en la afirmación de que la autonomía de las unidades y recintos del sistema UPR sea la causa de la ineficiencia administrativa. Aclaró que la Junta de Gobierno nunca ha hablado de cerrar recintos, sino de consolidar sus funciones administrativas. Esto para el catedrático es una gran oportunidad para establecer lazos de colaboración entre recintos y unidades que estén cerca.

Manifestó que tal vez “estamos replicando procesos en dos o tres oficinas” y que “tenemos la oportunidad de consolidarlos”.

En términos de la fusión del sistema universitario señaló que “cuando tú lees el informe, algo te da la sensación de que se tiende a dar menos valor a las unidades más pequeñas de la UPR. Nosotros debemos estar claros en que eso no debe ser así. […] No puedes partir de la premisa de que el problema presupuestario es la existencia de múltiples recintos, eso probablemente no se sostenga de la evaluación presupuestaria”.

Destacó que dicha conclusión (la existencia de tantos recintos) nunca ha sido sustentada con números y por consiguiente, se debe profundizar el análisis al respecto.

Añadió que tener acreditaciones por separado no es una desventaja para el sistema universitario, pues es la mejor forma de constatar que cada dependencia de la UPR cumple con los mejores estándares de calidad. De acuerdo a González, cada unidad de la UPR hace un servicio al área en donde está.

Este diario digital se comunicó con los rectores de las unidades de Utuado y Cayey, así como con su homólogo en el Recinto Universitario de Mayagüez para que ofrecieran su opinión sobre este tema, pero no estuvieron disponibles.

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