La rectora interina del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), la doctora Carmen Haydée Rivera Vega, emitió una carta circular para informar a la comunidad universitaria sobre la normativa aplicable a la concesión de fondos federales.
“Es fundamental separar la pérdida de elegibilidad de la terminación o limitación de la certificación de la institución”, expresó la rectora interina en la comunicación enviada a través del correo institucional. Esto, luego de la controversia que surgió porque no se habían emitido los pagos de las ayudas económicas.
Rivera Vega aclaró que, según la disposición 34 CFR 600.40(a)(1)(iii) del Eligibility and Certification Approval Report (ECAR), una institución, localidad o un programa educativo de una institución pierde su elegibilidad en el momento en que deje de proveer programas de educación por cualquier razón que no sea un período de vacaciones normal o un desastre natural que afecte directamente a la institución o a sus estudiantes.
Según el ECAR, en un estado de inelegibilidad una institución no puede desembolsar fondos de ayuda económica. Entre los fondos recibidos por medio del Título IV del Departamento de Educación Federal están las becas Pell, FSEOG, préstamos estudiantiles y el Programa de Estudio y Trabajo.
Por el momento, el Program Participation Act (PPA) tiene una aprobación provisional con una fecha de expiración inicial de 30 de junio de 2018, y posteriormente, extendida al 31 de marzo de 2021. Las dos razones para la emisión de una aprobación provisional son: que se encontraron deficiencias durante la evaluación y/o que se entregaron tarde los reportes de auditoría requeridos.
La reglamentación aplicable estipula que es la secretaria de Educación Federal quien tiene la última palabra en la decisión de dar por terminada la certificación y, por ende, la participación de la institución en los fondos federales del Higher Eduaction Act (HEA). Según Rivera Vega, la secretaria de Educación Federal puede comenzar los procedimientos pertinentes tan pronto entienda que la institución ha perdido su elegibilidad. Esta decisión no depende explícitamente de la cantidad de tiempo que el recinto esté cerrado.
Por otro lado, y según el PPA, la secretaria puede imponer otras medidas, como la administración del programa con fondos propios que solo pueden recuperarse por reembolso. En caso de que la institución pierda su certificación por el Departamento de Educación Federal, no podrá solicitar ser recertificada durante 18 meses.
Según la circular, el único oficial que se ha contactado con la administración universitaria es el doctor Jeremy Early, gerente de Cumplimiento de la División de Participación Escolar del Departamento de Educación Federal. Esto con el propósito de recopilar información sobre la situación actual del recinto riopedrense. Además, Early solicitó que la administración le informe periódicamente sobre lo acontecido en el recinto.
Otra forma en que la institución puede perder elegibilidad es si pierde la acreditación primaria de la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE). En este caso, la unidad no podrá solicitar recertificación durante un periodo de 24 meses.
La presidenta del MSCHE, la doctora Elizabeth Sibloski, envió una carta el 21 de marzo de 2017 expresando su preocupación con el incumplimiento del recinto con los requerimientos de la agencia acreditadora y solicitando información actualizada de cómo el mismo trabajaría con los factores directamente relacionados a dicho incumplimiento.
Según la administración universitaria, sus preocupaciones van desde el posible incumplimiento con la tarea académica hasta la pérdida de solvencia fiscal de la universidad, hecho que se solidifica con los recortes de $450 millones propuestos por la Junta de Control Fiscal (JCF) y acogidos en el plan fiscal presentado por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.
De acuerdo con datos provistos por el Decanato de Estudiantes, unos 8,350 de los estudiantes del recinto riopedrense reciben beca Pell y 1,697 tienen préstamos estudiantiles.
Tanto la carta de la Middle States como el retraso de los desembolsos, se dieron luego de la paralización en el Recinto de Río Piedras que inició el pasado 28 de marzo y que pasó a ser una una huelga indefinida desde el 6 de abril, por determinación de asamblea.
Junto con Río Piedras, otras ocho unidades del Sistema UPR se encuentran bajo huelga indefinida, siendo el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) la unidad más reciente en aprobar este voto tras una asamblea extraordinaria realizada el pasado viernes 7 de abril. En el caso del Recinto de Ciencias Médicas (RCM), solo se aprobó un paro de 72 horas que culmina mañana.
