Los puntos de consenso a los que llegaron las diversas partes, entre las que figuran rectoría, el estudiantado, los docentes y los no docentes, incluyen: la no imposición de sanciones a estudiantes, la creación de una Comisión Universitaria para la Auditoría Integral de la Deuda Pública y una Mesa de Diálogo. Sin embargo, estos acuerdos están sujetos a cambio, especialmente ante la próxima reunión el lunes, 17 de abril.
De los consensos, productos de al menos cuatro reuniones, trasciende que la rectora interina, Carmen Haydée Rivera Vega, “se compromete a no sancionar a los estudiantes por ejercer su derecho a la protesta”. No obstante, basado en el vocabulario de un documento en que se enumeran los puntos de consenso —y al que Diálogo tuvo acceso— el compromiso no se extiende a actos de violencia, agresiones o daños a la propiedad en los predios del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
Sobre la Comisión Universitaria para la Auditoría, esta quedaría como agencia colaborativa junto a la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público y ostentaría la participación de profesores con el peritaje necesario y referente a una auditoría financiera. Entre los docentes que ya se han comprometido figuran profesores y profesoras del recinto riopedrense, Bayamón, Cayey y Mayagüez.
Esta Comisión podría contar con la asignación de fondos del Programa de experiencias académicas formativas y de investigación. Asimismo, podría colaborar con el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda.
El tema de la auditoría es la exigencia más nacional del movimiento estudiantil riopedrense, que paralizó el recinto desde el 28 de marzo con el propósito de lograr una inspección ciudadana de la deuda.
Mientras tanto, la Mesa de Diálogo multisectorial, que surgiría de aceptarse estos acuerdos tal y como están, comprendería representantes de todos los sectores de la comunidad universitaria y Rectoría. La Mesa se reuniría una vez al mes para atender “temas apremiantes” de la Institución.
Por otra parte, el documento establece:
“Que las representantes estudiantiles se comprometen a presentar estas propuestas ante la consideración de su matrícula, así como la posibilidad de celebrar una asamblea extraordinaria para considerar levantar el voto de huelga indefinida en el Recinto”.
Consenso para iniciar reforma universitaria
En el tema de la reforma a la Universidad, punto neurálgico de las exigencias del estudiantado, todas las partes se comprometerían a participar del proceso de reformar la Ley de la Universidad. Al igual que con la Mesa de Diálogo, la Rectoría se comprometería a garantizar la participación “inclusiva” de la comunidad universitaria.
De la misma forma, en temas de revisión administrativa y presupuestaria del Recinto, conforme a estos acuerdos preliminares, la rectora interina se comprometería a fomentar la participación de los sectores en la reflexión. Estos asuntos donde los sectores tendrían injerencia incluyen: reestructuración administrativa y acuerdos interagenciales, entre otros.
Es de notar que los acuerdos interagenciales son una de las propuestas focales para mitigar los recortes al presupuesto universitario presentadas por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y la presidenta interina Nivia Fernández Hernández.
En cuanto a esto, el Consejo General de Estudiantes (CGE) también aportaría las ideas estudiantiles para la generación de fondos y ahorro monetario para la Institución.
Por último, dos de los puntos más procesales del documento tienen que ver con las situaciones que podrían surgir a raíz de incumplimientos con los recesos académicos aprobados por Rectoría. En este tema, Rectoría aseguraría el cumplimiento de las normas en cuanto a los recesos y los representantes estudiantiles fomentarán que el estudiantado someta querellas de sufrir presiones indebidas o faltas a normas oficiales.
En los procesos de diálogo han participado las mediadoras, la doctora Mildred E. Negrón Martínez y la doctora Anita Yudkin Suliveres, seleccionadas por la rectora interina Rivera Vega.
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