Amparándose en la crisis fiscal que vive el país, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares presentó ante la legislatura la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, medida que propone, entre otras cosas, eliminar la Ley de Cierre, reducir el bono de Navidad y los beneficios por acumulación de días de enfermedad y vacaciones. La propuesta, cuya discusión ha pasado por la Cámara de Representantes (PC 453) y por el Senado (PS 212) como un bólido, implementaría una política neoliberal y vislumbra una posible precarización del empleo, según plantearon diversos entrevistados a Diálogo.
La práctica neoliberal, explica el teórico David Harvey en su texto El neoliberalismo como destrucción creativa, plantea que “el bienestar humano puede ser logrado mejor mediante la maximización de las libertades empresariales dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad privada, libertad individual, mercados sin trabas, y libre comercio”. El rol del Estado, añade el teórico, consiste en crear y preservar las condiciones adecuadas a estos fines.
No obstante, de la teoría a la práctica hay un largo trecho, según el economista Ricardo Fuentes Ramírez.
“Bajo esa visión neoliberal, mientras más espacio tiene el empleador o patrono para maniobrar, mejor se pueden ajustar a la situación económica y más inversión va a poder generar, lo que a la larga beneficia a la economía. Al menos ese es el argumento. Sin embargo, se ha documentado alrededor del mundo que cuando se lleva a cabo ese tipo de medida, lo que hace es aumentar la desigualdad y estancar el crecimiento económico”, explicó Fuentes Ramírez, catedrático auxiliar del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Una de las disposiciones de la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral incorpora la posibilidad de un horario flexible de trabajo, en donde el empleado puede optar por una jornada de 40 horas a la semana a completarse en cuatro días.
El economista Fuentes Ramírez fue enfático en que esta nueva práctica resultará beneficiosa para quien contrata y no para el contratado.
“Cada vez que uno ve la frase ‘flexibilidad laboral’ en un proyecto, uno sabe que ese es el eufemismo más utilizado para referirse a exprimir más a los trabajadores y las trabajadoras. Este tipo de medida lo que hace es redistribuir ingresos hacia el empleador”, aseguró el economista del RUM, quien también forma parte de la Asociación Puertorriqueña de Economía Política.
De acuerdo con Harvey, la visión neoliberal que se ha insertado alrededor del mundo no ha demostrado ser efectiva a la hora de revitalizar el estado fiscal de un país, pero sí ha logrado ampliar la brecha entre las clases sociales.
“En economía nosotros le llamamos ‘las ideas económicas zombies’, porque se supone que estén enterradas hace años, pero por alguna razón siguen vivas por ahí porque siguen proponiéndolas aunque está documentado que no funcionan”, finalizó Fuentes Ramírez.
Así como los zombies se niegan a morir y siguen dando tumbos, la reforma laboral se basa en tres razones que, a juicio de sus propulsores, la mantienen vigente aún con las dificultades fiscales que enfrenta el país.
La reforma laboral surge como respuesta de Rosselló Nevares a una carta que le envió la Junta de Control Fiscal (JCF) el mes pasado. En la misiva, el gremio federal sugiere “restaurar el crecimiento económico y crear una economía más competitiva”, mediante la liberalización del mercado laboral, la reducción del costo energético, la racionalización y la optimización de los impuestos, y el mejoramiento del proceso de permisos para promover la inversión, enumera el documento enviado el 20 de diciembre.
Las otras dos sugerencias de la JCF fueron:
– Reestructurar el Gobierno para obtener presupuestos balanceados mientras se mantienen los servicios esenciales para los puertorriqueños.
– Reestructurar el sistema de pensiones conforme a PROMESA y restablecer el acceso a los mercados capitales.
Hasta el momento, el gobierno actual no ha presentado legislación para disminuir el costo energético, ni racionalizar impuestos, aunque sí radicó proyectos en torno a la facilitación de permisos (Orden ejecutiva 004-2017) y la reforma laboral en cuestión.
Igualmente, la reforma laboral propuesta toma como base el Informe Krueger, presentado al gobierno de Puerto Rico en el 2015 por la economista Anne Krueger. En él se detallan enmiendas consideradas necesarias en torno a la regulación del empleo, entre ellas las disposiciones sobre los días de vacaciones y la flexibilización del horario de trabajo, medidas que aparecen en la reforma actual.
“El propósito es emplear con más agilidad”
Como una tercera justificación, también esbozada en el proyecto de ley, la medida responde a un pedido de la Coalición del Sector Privado de Puerto Rico para establecer una política laboral para ese sector que apoye la retención y creación de empleos en la isla y así estimular la economía, según el documento presentado por el Senado.
“Estamos en una crisis económica, estamos en una situación tétrica. Si Puerto Rico no toma las medidas para que se haga más fácil el poder emplear, pues no estamos ayudándonos en forma alguna. Yo creo que de cualquier forma hacía falta ese tipo de medidas”, aseguró a Diálogo el presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, Rodrigo Masses, al explicar por qué consideraba importante la aprobación de la reforma laboral.
Masses negó que la reforma abarate los costos de mano de obra y destacó que esta medida se basaría en el mérito de los empleados.
“En ningún momento estamos hablando de mano de obra barata ni de reducir el salario o los salarios por hora. Al contrario, estamos en contra de eso. Lo que estamos diciendo es que queremos darle lo más posible a nuestros asociados, pero nos gustaría que, en lugar de tener que pagarle un bono de Navidad a todo el mundo, darle a los mejores que trabajan la mayor cantidad de ese dinero. Eso es equitativo”, sostuvo.
Masses insistió en que el efecto de estas medidas será a largo plazo, y solo afectaría al empleado nuevo.
“Es importante entender que el propósito es emplear con más agilidad, emplear más rápido, por tanto que el patrono pueda tomar decisiones de una forma rápida y mejor. Eso solo afecta al sector privado y muchas de estas medidas son prospectivas. La plataforma actual de trabajadores en Puerto Rico y esa nómina, se mantiene como está y con los derechos que tiene. Esto es para el que se va a emplear nuevo”, alegó Masses.
No obstante, el líder de los Industriales no explicó cómo específicamente estas medidas agilizarían la contratación de empleados y si contaba con ejemplos de otros países en donde se han implementado medidas similares.
“Es un escenario bien chiquito. Al industrial que más le conviene este proyecto es al pequeño, pero la multinacional prácticamente no se beneficia con esta reforma”, finalizó.
“El problema de desigualdad que va a crear es enorme”
Cabe destacar que las condiciones propuestas por la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral sí afectarían a empleados ya establecidos para atemperarse a las leyes vigentes, expresó el Secretario del Trabajo, Carlos Saavedra, en la vista pública llevada a cabo ayer por la Comisión de Gobierno del Senado. Esta situación parece colocar a toda la fuerza laboral en una posición inestable.
“La ley establece dos tipos de empleados: el que está antes de la Ley [de Transformación y Flexibilidad Laboral] y el que está después de la Ley. El que viene después de la Ley es un trabajador sin derechos, lo que va a provocar que los patronos van a querer salir de los viejos empleados para contratar nuevos porque abarata sus costos de producción”, alertó a Diálogo Andrés Lloret, presidente de la Federación Central de Trabajadores (FCT).
El proyecto también vislumbra aumentar el cúmulo de la cantidad de horas necesarias para recibir el Bono de Navidad de 700 a 1,350 horas. Igualmente, se reduce el porcentaje de salario a pagarse con motivos del bono de 3% a 2%. Mientras, disminuye las penalidades al patrono por los despidos injustificados en los que se incurra tras la vigencia de esta ley.
El líder sindical advirtió que la mayoría de estos cambios afectarían a empleados que no cuentan con un gremio que los defienda, ya que los empleados del sector privado no están agrupados.
“El 95% de los trabajadores que les afecta esta ley, no pertenecen a sindicatos. Estos trabajadores son los desposeídos, los que no tienen un sindicato ni una organización que pueda defender sus derechos. Nosotros aquí estamos por un deber moral, estableciendo la defensa de esos trabajadores”, aclaró Lloret, quien representa a los empleados del sector público.
Lloret recalcó que estas medidas solo empobrecerán más al grupo trabajador de la isla, lo que resultará en otro éxodo masivo de ciudadanos.
“El efecto que va a tener es el efecto que siempre ha tenido este tipo de medidas: el aeropuerto va a seguir siendo la tabla de salvación de los puertorriqueños y las puertorriqueñas que van a seguir abandonando este país masivamente. Aquí vamos a tener una sociedad empobrecida y sin recursos”, afirmó el líder sindical.
Según Lloret, “el joven que se quede aquí es un bravo con esas condiciones. No hay condiciones para tener un desarrollo adecuado de vida. El problema de la desigualdad social que va a crear es enorme”.
La Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral fue aprobada en la Cámara de Representantes el pasado viernes, 13 de enero, con 31 votos a favor, 13 en contra y siete ausentes. El día antes, se celebró una sola vista pública de forma cuasi sorpresiva para discutir el proyecto en la Comisión de Asuntos Laborales, presidida por Ángel Peña Ramírez.
En ella, participaron exclusivamente aquellos que respaldaban la medida como: el Departamento del Trabajo y su nuevo director, Carlos Saavedra; la Coalición del Sector Privado; el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel A. Laboy; y el Centro Unido de Detallistas. Los representantes de organizaciones laborales de la isla no fueron convocados, aunque sí se presentaron en las afueras del salón listos para dar su versión.
Hoja de votación de la Cámara de Representantes publicada por el legislador Manuel Natal Albelo. (Suministrada)
Por otro lado, en la vista pública del Senado también participó Saavedra, así como Laboy, la Colación del Sector Privado y el sector sindical. El día antes, lunes 16 de enero, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, se reunió con representantes sindicales para discutir la medida y recoger sus preocupaciones.
Desde su anuncio el 9 de enero, hecho por el gobernador, muchos han cuestionado los precedentes de esta medida y, ante la prisa con la que se ha discutido, por qué resulta tan imperante su aprobación.
Lee los textos de esta serie:
Reforma laboral: del neoliberalismo a la desigualdad social
Reforma laboral: trastoque de derechos y leyes datadas desde el 1935
Reforma laboral: la “competitividad” como norte
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Adriana De Jesús Salamán
Posee una Maestría de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Es escritora y fotoperiodista. Ha sido galardonada por la ASPPRO y el Overseas Press Club.
