De manera imprevista y apresurada, el Senado de Puerto Rico aprobó un proyecto de reforma legislativa con miras a reestructurar tanto el Senado como la Cámara de Representantes. El proyecto, que contó con el voto a favor de dos terceras partes del Senado, necesario para aprobar una enmienda a la Constitución, propone reducir la cantidad de legisladores en ambas cámaras legislativas. De aprobarse el proyecto, se llevará a cabo una consulta popular pautada para el 2 de mayo de 2010 en la que se propondría eliminar 22 representantes y 14 senadores. La reducción contemplaría limitar los candidatos por acumulación, eligiendo así cinco senadores y cinco representantes mediante este sistema. Los distritos senatoriales se mantendrán intactos, sin embargo, se redistribuirán los distritos representativos, reduciéndolos a sólo 24. La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) rechazó en pleno la propuesta de la mayoría senatorial, considerando que fue un proceso atropellado y acelerado, al aprobarse este proyecto sin los debidos procesos de consulta ni haber pasado por vistas públicas. La arbitrariedad con que se aprobó el proyecto, según la delegación popular, elimina la posibilidad de analizar la factibilidad de estas reducciones y la eficiencia a largo plazo de la reestructuración legislativa. El gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, dio el visto bueno al proceso y nombró al Secretario de Estado, Kenneth Kenneth McClintock-Hernández, como representante del ejecutivo en la Comisión Especial, que contará con representación de ambas cámaras. Este proyecto legislativo, cuyo origen es parte de las promesas programáticas del Partido Nuevo Progresista (PNP), adviene en contraposición al tristemente célebre referéndum del 10 de julio de 2005, donde en amplia mayoría, los votantes aprobaron la recomposición de la legislatura a favor de la unicameralidad. El 29 de junio de 2007, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, dictaminó que no podía obligar a la legislatura a llevar a cabo lo estipulado en el referéndum de 2005, cuando en enero de 2007, la Cámara de Representantes, liderada por el PNP, derrotó un proyecto para hacer valer la decisión del pueblo. El alegato se sustentaba en la baja participación electoral en el referéndum, que fue de un 22.6 por ciento de los electores inscritos. Esta cifra, según ha trascendido públicamente, ha sido uno de los elementos que han utilizado los detractores para que no se acate la decisión popular por una sola cámara.
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